Con el mercado mayorista de electricidad encadenando récords (este jueves va a superar por primera vez la barrera de los 300 euros/MWh), el Gobierno ha puesto fin a años de opacidad sobre las fechas de vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, al detallar la situación de más de 1.000 aprovechamientos.
Los datos figuran en varias respuestas parlamentarias remitidas al Congreso y al Senado. El listado revela que hay ya más de 40 instalaciones con un total de 250 megavatios (MW) que explota el Estado.
La mayor parte está en manos de las confederaciones hidrográficas (más de 150 MW), junto a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dedicada a la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas, Canal de Navarra SA, la empresa pública que transporta el agua de la polémica presa de Itoiz, o el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Este último, adscrito a Transición Ecológica, acaba de lanzar la construcción de un pequeño aprovechamiento de 4,5 MW, el primero que promueve en décadas.
Entre las confederaciones, destaca la del Ebro, que el año pasado aprobó la reversión de al menos tres explotaciones más. Esta entidad fue pionera en este tipo de actuaciones durante la presidencia de Xavier de Pedro. Este jurista criticaba en una entrevista el pasado verano la “falta de interés político por controlar las concesiones”. En esos días, el pool empezaba a sumar récords, aunque muy por debajo a los estratosféricos precios actuales, y el Gobierno llegó a poner sobre la mesa que una empresa pública asuma las licencias caducadas, como lleva años pidiendo Unidas Podemos.
Ahora, el Ejecutivo ha publicado un “listado completo de centrales hidroeléctricas en explotación en las Demarcaciones Hidrográficas intercomunitarias”, indicando para cada una de ellas el nombre, Demarcación Hidrográfica, titular, potencia máxima instalada y fecha de finalización del plazo concesional.
Según apuntaba el martes El Confidencial, que avanzó esa relación de instalaciones, de esos datos se desprende que, de media, las grandes eléctricas van a mantener el control de las grandes infraestructuras hidráulicas alrededor de 35 años más.
De esa relación también se confirma que hasta 2030 van a vencer unos 1.000 MW, como reveló recientemente Transición Ecológica, lo que supone una cantidad mayor de la que manejaba hasta entonces. Además, hay otros 94 MW que ya explotan otros organismos públicos, como comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre ellos destaca el Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid y 111 consistorios madrileños.
La bolsa en manos de la Administración podría crecer en el futuro. Hay además otros 52 MW correspondientes a más de 20 aprovechamientos cuyas licencias han caducado pero no han revertido todavía a los organismos de Cuenca. Alguno está en esa situación desde hace más de una década. Es el caso del aprovechamiento Encinarejo, que Endesa explota en Andalucía. Su licencia expiró en 2004, según los datos que maneja el Gobierno.
Transición Ecológica señala que “en la gran mayoría de aprovechamientos” el procedimiento de extinción “está en tramitación o ha concluido”. “Hay casos en que la concesión está caducada pero aún no se ha resuelto el procedimiento de extinción, algo complejo y con un plazo de sólo 18 meses, que en muchos casos resulta insuficiente y se deben reiniciar muchos de los trámites y labores cuando expira”, afirma el ministerio.
De la potencia que vence en la próxima década, destaca por su tamaño y porque es gestionable una de las grandes presas del Duero, Villalcampo (206 MW), gestionada por Iberdrola. Su licencia caduca en 2024 y el plazo para iniciar su reversión se abrió hace unas semanas.
Si esos 1.000 MW pasaran a manos del Estado convertirían a este en el cuarto operador de energía hidráulica en España, tras Iberdrola, Endesa y Naturgy, y muy por delante de Acciona, Repsol y EdP, los otros actores relevantes en este negocio, que utiliza un bien público como el agua.
El ministerio acaba de encargar un informe técnico para decidir el futuro de los aprovechamientos. El estudio deberá prestar especial atención a la detección de posibles ilegalidades en las prórrogas concedidas a los permisos de las presas más antiguas. Al concurso han presentado oferta dos UTES: una de NTT Data, la antigua Everis (presidida por el exministro Eduardo Serra) y otra con Técnicas Reunidas, que tiene como consejeros a varios exministros, entre ellos, el expresidente de Endesa Rodolfo Martín Villa.
Datos incompletos
Los datos que ha facilitado el Gobierno son, una vez más, incompletos, ya que en algunos casos no se detalla la potencia o la fecha de caducidad de la instalación porque, explica Transición Ecológica, todavía “se está estudiando” el expediente correspondiente.
En la relación de centrales tampoco aparecen instalaciones en desuso, ni plantas como La Riera (7,8 MW), en Asturias, que fue “revertida y adscrita” a la Confederación del Cantábrico hace un año, según explicaba el Ejecutivo en otra reciente respuesta parlamentaria. En ella reveló que, por motivos medioambientales o por no ser viables, se había ordenado demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas desde enero de 2020.
Tampoco aparecen en la relación facilitada por el Ejecutivo otros saltos como el de Láncara (León), un pequeño aprovechamiento que lleva años en desuso y salió a concurso público. Los pliegos alargaban los plazos de la concesión respecto a los llevados a cabo en los últimos años, pero el ministerio abortó hace unas semanas la licitación a la espera de que se definan los planes de cuenca para los próximos años.
En el caso de la Confederación del Miño, actualmente no gestiona ninguna explotación, según la relación facilitada por el Gobierno, pese a tener una importante bolsa de instalaciones ya caducadas. En el listado remitido por el Ejecutivo hay adscritas a ella cinco pequeñas centrales cuya licencia expiró entre 2016 y 2018, con 8,5 MW y que siguen explotando empresas privadas. De ellas, tres (El Pelgo, Enviande y Castadón) se van a sacar a concurso público, según explica el organismo en sus últimas cuentas.
En la Confederación del Sil se menciona además otros aprovechamientos cuya situación se desconoce. Así, en 2020 había “iniciado” los expedientes de extinción de otros tres saltos que no identificaba, “para estudiar la posibilidad de su utilización con fines hidroeléctricos”; había “resuelto la extinción” de nueve y había “continuado con la tramitación” de otros tantos expedientes de extinción. Mientras, tramitaba los pliegos para la explotación de otros ocho, incluyendo los tres que decía iba a sacar a concurso.
Registro en 2023
Muchos expertos llevan años criticando la falta de información sobre la situación de estos aprovechamientos y el departamento de Teresa Ribera prometió en 2019 crear en dos años un registro público de aguas para arrojar transparencia en este asunto. Su puesta en marcha se va a llevar a cabo finalmente mucho más tarde de lo previsto, en 2023, a través de una aplicación informática que “tendrá una parte pública y accesible por Internet, respetando la legislación de protección de datos”, indica Transición Ecológica.
El pasado verano, elDiario.es solicitó a través del portal de Transparencia el listado de infraestructuras al ministerio. Este primero pidió una ampliación de plazo para responder y luego no las facilitó amparándose en que esos datos correspondían al derecho de acceso a la información ambiental. Finalmente, ha remitido parte de esa información a las Cortes.