El Gobierno ultima dos decretos para relanzar el autoconsumo e impulsar las comunidades energéticas
El Gobierno ultima dos reales decretos para relanzar el autoconsumo eléctrico e impulsar las comunidades energéticas, según confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El próximo martes llegará al Consejo de Ministros un acuerdo para tramitar por vía urgencia ambos textos. El Ejecutivo tiene intención de aprobarlos antes de que acabe esta legislatura, ya con elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.
Estas normativas no necesitan pasar por el Parlamento. Llevaban meses en un cajón y se recuperan en mitad de nueva crisis energética, con el precio de la luz en máximos desde 2022 por la fuerte subida del gas, a causa del enquistamiento del conflicto iniciado en febrero por Donald Trump en Irán.
En el sector del autoconsumo cundía la inquietud por la demora en la aprobación de estos dos decretos. Las empresas llevan varios ejercicios en un momento complicado, tras desvanecerse (sobre todo en el segmento doméstico) el boom de instalaciones que propiciaron los precios disparatados de la luz tras la invasión de Ucrania en 2022.
Con estos textos, el Gobierno actualizará el marco que estableció el Real Decreto 244/2019, que permitió despegar a esta solución energética, pero no desbloqueó el autoconsumo colectivo, una alternativa para las viviendas plurifamiliares, en las que habita más del 70% de la población española, que hasta ahora ha supuesto un porcentaje residual de las instalaciones ejecutadas en España.
El borrador que actualizaba la normativa de autoconsumo y ahora se lleva al Consejo de Ministros salió a consulta hace ya un año, en octubre de 2025. Prestaba especial atención a las modalidades compartidas y buscaba extender el almacenamiento distribuido. Ampliaba de 2 a 5 kilómetros la distancia admisible entre generación y consumo para instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 megavatios (MW) en cubiertas, estructuras artificiales o suelo industrial. Este radio ya lo introdujo el Real Decreto-Ley 7/2026, el primero por la guerra en Irán.
El borrador también creaba la figura del gestor de autoconsumo colectivo: una persona o empresa autorizada para representar a una comunidad de autoconsumo ante distribuidoras y comercializadoras, tramitar solicitudes y gestionar la instalación, reduciendo cargas administrativas, especialmente en comunidades de propietarios y comunidades energéticas.
Además, daba luz verde a nuevas modalidades para compartir electricidad, al crear el autoconsumo colectivo con excedentes compartidos, para que un consumidor principal (centro comercial, colegio, edificio público...) pueda utilizar primero la electricidad que genera su propia instalación y compartir el sobrante con otros consumidores asociados.
El texto agilizaba el alta de instalaciones colectivas, facilitando la modificación de los coeficientes de reparto y la sustitución de participantes sin recabar la firma de todos cuando no estén afectados. Reducía a un mes la permanencia en una modalidad de autoconsumo antes de poder cambiarla. Y permitía compatibilizar entre dos modalidades de autoconsumo, para que un consumidor pueda combinar su autoconsumo individual sin excedentes con otro de instalaciones próximas conectadas a la red, abriendo nuevas posibilidades para que industrias con generación propia aprovechen energía de instalaciones cercanas.
Con el nuevo modelo, las baterías asociadas al consumidor pasarían a contar con un marco específico equiparable al de las modalidades de autoconsumo. Simplifica el tratamiento de los peajes y cargos de la electricidad que se almacena y posteriormente se vierte a la red, para evitar que esa energía soporte una doble carga. Y abre la puerta a aprovechar las baterías de vehículos eléctricos para prestar servicios al sistema (vehicle-to-grid).
La propuesta recibió objeciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en abril, poco después de su informe de recomendaciones tras el histórico apagón peninsular de 2025, en el que el regulador apuntó la falta de “observabilidad” de muchas instalaciones de autoconsumo de las que el operador del sistema (Red Eléctrica) “no puede anticipar su comportamiento” como uno de los motivos para los problemas de gestión de las tensiones en la red.
Competencia, señalada tras el apagón por tardar años en actualizar una normativa obsoleta sobre control de tensión que según muchos expertos habría evitado ese colapso, criticó en su informe sobre el borrador de decreto de autoconsumo la falta de análisis sobre el impacto de la nueva normativa en las redes eléctricas.
Advirtió del riesgo para la financiación de los costes del sistema y de las exenciones de peajes y cargos previstas para el almacenamiento. Y de posibles desequilibrios de tensión en zonas con mucha generación fotovoltaica y poca demanda, y mayores pérdidas cuando los excedentes no se consuman cerca. Aseguró que ampliar la distancia de autoconsumo a través de la red, junto con las nuevas facilidades para el almacenamiento, podría aumentar el número de consumidores que reducen los pagos asociados a su consumo eléctrico.
El organismo calculó que, de alcanzarse los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 19 gigavatios (GW) de autoconsumo en 2030, los ingresos por los términos variables de peajes y cargos caerían en unos 390 millones de euros respecto al escenario de 2026. Y recomendó revisar los peajes para mitigarlo.
La elaboración de este decreto se remonta a octubre de 2024, cuando Transición Ecológica cerró una consulta previa para ello tras actualizar el PNIEC, que hasta entonces contemplaba solo 4 GW para 2030, cifra que ya se había superado holgadamente. A cierre de 2025, España tenía entre 9,3 y 9,6 GW de autoconsumo instalados, que cubrieron cerca del 4,1% de la demanda eléctrica.
Más de dos años
De abril de 2023 data la propuesta de Real Decreto para regular las comunidades energéticas que ahora se va a aprobar. El borrador incorporaba al ordenamiento jurídico español dos figuras previstas en las directivas europeas: las comunidades de energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas de energía (CCE). Ambas las reconoció legalmente poco después uno de los decretos de medidas ante la guerra en Ucrania (Real Decreto-ley 5/2023). Pero falta el desarrollo reglamentario.
Las CER son entidades basadas en la participación de personas físicas, pymes y autoridades locales próximas a proyectos renovables. Su finalidad principal debe ser generar beneficios ambientales, económicos o sociales; no maximizar el beneficio financiero. El borrador precisaba que los miembros de las CER debían encontrarse próximos a las instalaciones renovables, a una distancia variable según el municipio, ampliándose en localidades pequeñas o en riesgo de despoblación para facilitar suficientes participantes.
Las CCE son una figura más amplia de participación ciudadana en el mercado eléctrico. Permiten gestionar activos energéticos y participar en actividades como la generación, el suministro o la agregación. El decreto-ley de 2023 reconoció su derecho a producir, consumir, almacenar y vender energía, compartir la producida por instalaciones propiedad de la comunidad y acceder a los mercados energéticos, y la posibilidad de que una comunidad ciudadana gestione el autoconsumo colectivo en nombre de sus participantes.
El borrador de 2023 proponía reservar potencia para las comunidades energéticas en las subastas de renovables que el Gobierno no convoca desde hace cuatro años, adaptando las condiciones para competir con otros promotores, para facilitar que proyectos comunitarios accediesen a una retribución regulada y reducir su desventaja frente a empresas con más pulmón financiero.
El borrador planteaba reservar un 5% de la capacidad de acceso y conexión de los nudos sometidos a concurso para instalaciones de generación pertenecientes a comunidades energéticas, que se adjudicarían por orden de prelación, para facilitar la evacuación de su producción renovable en zonas donde la capacidad de red se asignase mediante concursos. El Decreto-Ley 7/2026 recuperó esa idea, pero no aprobó íntegramente el reglamento que se lleva años esperando.
El autoconsumo y las comunidades energéticas emanan del derecho a compartir energía que recoge la Directiva de Renovables de la UE. Con estos textos, Pedro Sánchez puede acabar esta legislatura como empezó tras llegar a Moncloa en 2018, cuando derogó el famoso “impuesto al sol”: impulsando una solución energética que el PP de Mariano Rajoy bloqueó durante años con esa suerte de gravamen que el gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal, ha amenazado con recuperar si vuelven al Gobierno.
El que fuera secretario de Estado de Energía con Rajoy prometió antes del verano “reajustar el peaje” del autoconsumo para evitar lo que él considera una “subvención” al autoconsumidor. Según Nadal, los bloques de apartamentos “no pueden hacer autoconsumo” en sus azoteas; solo “viviendas unifamiliares en las zonas ricas de las ciudades”, “drenando subvenciones” en “la política más regresiva que se ha inventado”.