Inquilinos contra caseros: la nueva fractura de clase

El próximo 11 de noviembre tendrá lugar una huelga general por la vivienda, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por los sindicatos de clase, CCOO, UGT y CGT. Para que tenga encaje dentro del marco legal español la convocatoria tiene que justificar que existe una relación entre los intereses de la clase trabajadora y la resolución de la crisis de la vivienda, aspecto que la patronal ha puesto en duda para cuestionar la legitimidad —y legalidad— de la huelga. No obstante, este debate jurídico es también una expresión de los importantes cambios que se están produciendo en la estructura de clases de nuestro país, un fenómeno también visible en todos los países occidentales.

Para aproximarnos a la actualidad, debemos partir del obvio hecho de que la sociedad española ha cambiado mucho en los últimos cincuenta años. La desindustrialización, y su contraparte, la terciarización, han ido modificando la composición de la clase trabajadora: el trabajador de mono azul —sindicalizado, asalariado de grandes empresas y protegido por las normas típicas del fordismo— fue desapareciendo y dando paso al trabajador de servicios —aislado, asalariado de pequeñas empresas y altamente desprotegido—. La creciente importancia de este segundo tipo de trabajador dio lugar a una amplia literatura sobre el precariado como clase social, como en el trabajo de Guy Standing. Como es de esperar, este proceso de sustitución se ha manifestado también como cuestión generacional, dado que los nuevos trabajadores se parecían más al segundo tipo que al primero (lo que abunda en la idea de que es un conflicto de clase y no generacional).

Si bien lo anterior es generalmente conocido, menos atención se ha prestado al hecho de que en este tiempo no sólo ha cambiado la estructura productiva —y por ende la estructura de clase— sino también la forma en la que las finanzas se relacionan con la clase trabajadora. Hasta hace relativamente poco, las finanzas eran un asunto reservado para las clases altas. Ya desde el siglo XVII, los grupos sociales más ricos se asociaban para formar empresas basadas en acciones, con el objeto de financiar sus aventuras comerciales y coloniales —la primera empresa de estas características fue la Compañía de las Indias Orientales de las Provincias Unidas, creada en 1602—. En la medida en que la mayoría de la clase trabajadora apenas tenía para cubrir sus gastos elementales, era inimaginable que pudiera formar parte del negocio de la inversión financiera. Pero eso suponía, grosso modo, que había dos clases sociales respecto a la propiedad: los que eran propietarios solo de su trabajo y obtenían sus rentas del trabajo asalariado y los que eran propietarios del capital y obtenían sus rentas de las inversiones financieras.

La inflación fue durante décadas el campo de batalla entre ambos grupos, pues el arreglo institucional que existía en todos los países occidentales bajo el Estado del Bienestar suponía que, si subían los precios, los salarios también tenían que subir. Es decir, los propietarios del trabajo estaban en gran medida protegidos. Pero no pasaba lo mismo con los propietarios del capital, a quienes la inflación les carcomía sus rentas (la inflación perjudica al que presta dinero, igual que beneficia al que está endeudado). En muchos países occidentales, como Estados Unidos, la lucha progresista fue intensa por lograr que las rentas del capital pagaran los mismos impuestos que las rentas del trabajo.

Sin embargo, el neoliberalismo supuso un cambio radical en detrimento de los propietarios del trabajo (trabajadores) y a favor de los propietarios del capital (inversores). El control de la inflación se convirtió en la piedra angular de la economía (consolidado con la independencia de los bancos centrales), y se desreguló el sistema financiero para permitir mucho más margen para el negocio. Hoy, las rentas del capital (incluyendo las rentas inmobiliarias) pagan bastantes menos impuestos que las rentas del trabajo, también en España, lo que significa que ganar 10.000 euros en inversión financiera bastante más rentable que hacerlo a través del trabajo.

Los que quedan fuera del “capitalismo popular”

Ahí es donde entra el “capitalismo popular” de Margaret Thatcher, quien defendió que la clase trabajadora debía convertirse, también, en propietarios de capital. Se privatizaron todo tipo de activos públicos y se facilitó que las clases populares pudieran complementar sus salarios con rentas provenientes de la inversión financiera. Comenzaron a existir sectores de la clase trabajadora que, además de sus rentas, tenían complementos en forma de dividendos, intereses y otras rentas financieras. La propia noción de “fondos de pensiones privados” —que no son pensiones, sino una forma de ahorro financiero— es un ejemplo de ello. De esta forma, la ideología del éxito empresarial se expandió a través de todos los poros de la estructura de clases. El grado extremo actual es la ideología del “crypto bro”, es decir, jóvenes trabajadores precarios que aspiran a encontrar en la gestión de los activos financieros una vía de escape de todos sus problemas.

Como ya he comentado, una de las dimensiones afectadas por esta transformación fue la de la vivienda. Ésta pasó a considerarse cada vez más como un bien de inversión, es decir, como un activo que permite incrementar tanto la renta como la riqueza sin pasar por el trabajo. La enorme rentabilidad del sector atrae especialmente a ese capital en busca de revalorización. La combinación de todos estos procesos condujo a que gran parte de los sectores populares vieran aquí un complemento de rentas e, incluso, un trampolín para escalar posiciones en la estructura de clases. Sin embargo, esta estrategia nunca fue completa, porque era viable únicamente para los segmentos más acomodados y para aquellos que lograban superar la barrera de entrada, que en el caso de la vivienda es alta —hay que tener dinero suficiente para pagar la entrada, o tener respaldo suficiente para que te concedan la hipoteca—.

Aquí el punto esencial a comprender es que la sociedad queda estratificada ya no sólo a partir del lugar que cada uno ocupa en la estructura productiva, como en los análisis marxistas clásicos, sino del acceso a la propiedad inmobiliaria y las rentas que genera. Es un enfoque que recientemente han desarrollado, por ejemplo, Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings en The Asset Economy. Siguiendo esta estela, y a fin de averiguar qué está pasando con las rentas inmobiliarias, en este análisis he clasificado a la sociedad entre inquilinos, propietarios con hipoteca, propietarios plenos, caseros de una vivienda y caseros de dos o más viviendas*.

La fotografía de la sociedad española

Sabemos que España es una sociedad de propietarios, un resultado buscado políticamente tanto por el franquismo como por los gobiernos democráticos posteriores. Sin embargo, esa sociedad de propietarios se ha ido erosionando, especialmente debido a la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los hogares más pobres, y el porcentaje de familias propietarias de su vivienda principal viene descendiendo progresivamente en las últimas décadas: del 81,9% en 2002 al 70,6% de 2024.

Si diferenciamos entre propietarios plenos (que ya tienen pagada la vivienda) y propietarios con hipoteca, y además analizamos separadamente a aquellos propietarios que son también caseros (que tienen ingresos por alquileres), la evolución en el tiempo revela un hecho notable: el importante crecimiento de los inquilinos y de los caseros. Lo que el siguiente gráfico revela es un país en proceso de polarización entre quienes no pueden acceder a una vivienda propia y viven de alquiler (que han pasado de ser el 12% en 2002 a ser el 19% en 2022) y entre quienes tienen otras viviendas además de la principal y obtienen rentas de alquiler por ello (que eran el 2,4% en 2002 y actualmente el 9,3%).

Los hogares de inquilinos son algo más de tres millones y medio y, frente a la creencia de que se trata fundamentalmente de jóvenes, los datos revelan que muestran un perfil de edad similar al de los hogares propietarios con hipoteca. La edad mediana de los hogares inquilinos es de 46 años, y ese es el resultado de una composición donde solo el 21,5% son menores de 35 años y el 12% mayores de 65 años. En términos de cualificación formal, sólo el 21% de esos hogares tiene estudios universitarios (frente al 34% de los hipotecados y más del 40% entre los caseros) y el 39% tiene, como mucho, estudios obligatorios. En relación con el trabajo, un 20% de los asalariados en estos hogares tiene empleo temporal y otro 20% empleo a tiempo parcial. En definitiva, se trata de hogares que, en promedio, se encuentran en el escalafón más vulnerable de la sociedad.

Donde eso se visualiza con más claridad es en la renta, ya que la mediana de un hogar inquilino se sitúa en los 21.286€, muy por debajo del resto de grupos sociales. Como se puede observar en el siguiente gráfico, son el grupo social más pobre y con bastante diferencia. Los hogares caseros con varias viviendas en alquiler, que son el grupo social que más renta captura (78.257€ de mediana), ganan casi cuatro veces lo que anualmente ganan que los hogares inquilinos. Los hogares propietarios con hipoteca ganan más que los propietarios plenos, aspecto que se explica por la sobrerepresentación de jubilados con pensiones bajas en estos últimos y la composición de hogar (en los hipotecados suele haber dos ocupados, frente a una figura típica de un único pensionista en los hogares propietarios plenos). 

Si bien los hogares caseros capturan más renta que el resto, eso es debido a los complementos no laborales y no tanto a las rentas del salario. Los hogares hipotecados ganan casi toda su renta gracias al trabajo, con una pequeña aportación de pensiones y transferencias. Los hogares propietarios plenos, con la ya mencionada sobrerrepresentación de jubilados, tienen unos ingresos anuales que se reparten casi al 50% entre rentas laborales y pensiones y transferencias. Los hogares caseros de una vivienda tienen unos ingresos laborales similares a los hogares con hipoteca, pero complementan con pensiones y transferencias más elevadas y con una entrada de unos 6.500 euros anuales por alquileres. Y los hogares caseros con varias viviendas en alquiler tienen altos ingresos por trabajo que complementan con importantes ingresos de pensiones y transferencias y más de 19.000 euros de ingresos por alquileres. Esta es una escalera muy gráfica de cómo se incrementa la desigualdad anualmente, con la punción generada desde los caseros hacia los hogares de inquilinos.

Si pasamos a analizar la desigualdad en riqueza neta la situación empeora, como muestra el siguiente gráfico. Aquí ya no contamos los ingresos, sino el patrimonio neto. Y los hogares inquilinos tienen una riqueza neta prácticamente nula, de apenas 2.192€. Por otro lado, los propietarios con hipoteca tienen una mediana de riqueza neta de 130.644€ y los propietarios plenos de 227.578€. Y, naturalmente, los hogares caseros son los que tienen más capacidad de acumular riqueza, lo que explica que sus cifras se eleven a casi 400.000€ para los caseros con una vivienda y hasta casi el millón de euros para los caseros con varias viviendas en alquiler. El mecanismo es fácil de comprender: más renta supone más capacidad de acumular activos, que a su vez generan nuevos flujos y mayor capacidad adicional para acumular. A la inversa, los hogares inquilinos no pueden escapar de una suerte de trampa de la pobreza.

Esta desigualdad, además, se reproduce en el tiempo y no es sólo estática. Es significativo, de hecho, que los hogares más ricos son también los que más heredan, lo que alimenta aún más el mecanismo de generación de desigualdad. Heredaron el 16 % de los inquilinos, el 33 % de los hipotecados, el 58 % de los propietarios plenos y el 59 % y 71 % de los caseros. En términos de cantidades medianas, se puede observar en el siguiente gráfico que, de nuevo, es una escalera que sitúa a los hogares inquilinos en franca desventaja. Se trata de la mediana estadística, pero expresa bien la dificultad de estos hogares para ascender por la escalera: están atrapados por la baja generación de rentas, la escasa riqueza heredada, la dificultad de acceso a los activos inmobiliarios y la punción que sobre ellos ejerce el alquiler de los caseros.

Quizás no es necesario insistir en que la condición del hogar inquilino no es, en general, una situación deseada. Según la encuesta financiera de las familias, la mitad de estos hogares afirma no reunir condiciones financieras para obtener una hipoteca, el 44% reconoce que no podría pagar la entrada de la vivienda y el 25% que no podría pagar las cuotas. Se trata, además, de datos para 2022, y es muy probable que, con el encarecimiento de las viviendas durante los últimos años, estas cifras sean mucho peores en la actualidad. Los hogares inquilinos, de hecho, han visto en estos últimos años empeorar mucho su situación; algo que no es del todo perceptible en los datos que estamos trabajando, pero sí imaginable.

Las consecuencias políticas

El último informe del CIS sobre vivienda, publicado hace unos días [ver el apartado de nota metodológica], nos aporta alguna información útil sobre las orientaciones de voto de cada uno de estos grupos sociales. Como se puede ver en el siguiente gráfico, lo más llamativo es el hecho de que entre los inquilinos la opción política preferida es la abstención. Son, de hecho, el grupo que más se abstiene, y con bastante diferencia. Por el contrario, los caseros optan mayoritariamente por votar tanto al PP como al PSOE, aunque no es menor el apoyo a Vox de los caseros con varias viviendas en alquiler.

Lo que los datos anteriores reflejan es que los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen una base electoral muy heterogénea en términos de tenencia de vivienda. En el caso de Sumar, este espacio político encuentra más apoyo entre los inquilinos, seguido de los propietarios con hipoteca, propietarios plenos y caseros; es, de hecho, lo que cabría esperar: un voto casi inversamente proporcional a la riqueza neta.

Antes he mencionado que en los últimos años el incremento del precio de la vivienda y del alquiler nos invita a pensar que los datos analizados hasta ahora probablemente han empeorado para los hogares inquilinos. La encuesta del CIS nos proporciona una aproximación, porque son datos recientes. Y los resultados son preocupantes. Entre las personas que se han visto obligados a mudarse por no poder pagar su vivienda, la extrema derecha alcanza la tercera posición con hasta un 20% (el doble del conjunto del electorado), detrás de la abstención (24,6%) y el voto al PSOE (23,6%). Estos datos no permiten establecer una relación causal, pero sí apuntan a que el malestar generado por la crisis de la vivienda puede encontrar una traducción electoral en la extrema derecha. La acampada de Sol no es la única respuesta política de los inquilinos.

Conclusiones

El análisis aquí realizado impone una serie de conclusiones preliminares. En primer lugar, el sistema no es sostenible cuando un porcentaje creciente de hogares (los inquilinos) queda atrapado dentro de una trampa de pobreza en la que sufre la punción financiera de otra parte de la sociedad (los caseros, particularmente los multiarrendadores). Se trata de una bomba de relojería que se ha ido gestando durante años y que explica el protagonismo de la autoorganización de este grupo social.

En segundo lugar, los hogares de inquilinos representan en particular los segmentos más vulnerables de la clase trabajadora, con rentas más bajas, trabajos más precarios y niveles de cualificación más reducidos. No obstante, como han demostrado las encuestas recientes, las reivindicaciones de la huelga no sólo son apoyadas por los hogares inquilinos sino por un conjunto mucho más amplio de la sociedad. Según el CIS, el 91,4% pide más vivienda pública y el 76% pide intervención del Estado. De particular importancia estructural es la posición del 32,2% de los hogares que son propietarios de una sola vivienda, ya que también son hogares donde puede haber jóvenes que, precisamente por lo elevado de esos precios, no pueden emanciparse. En este caso, aunque los padres se beneficien de la revalorización de los precios de su única vivienda, también sufren las dificultades de emancipación de los jóvenes de su familia. En este sentido, la cuestión generacional es la forma que toma la clase social en este conflicto dentro de una economía de activos.

En tercer lugar, los partidos tienen bases electorales heterogéneas desde el punto de vista de la propiedad. Sin embargo, parece claro que existe una importante desmovilización de los inquilinos, que se abstienen mucho más que el resto de grupos y, por cierto, de lo que corresponde a su edad. Además, cuando votan reparten su voto más que el resto hacia las formaciones que no son los dos grandes partidos, tanto a la izquierda como a la derecha. En este sentido, para una política de vivienda dirigida a los inquilinos, el problema no es solo convencer a un electorado propietario escéptico o directamente hostil, sino también movilizar a un electorado inquilino que hoy no vota o que encuentra en Vox una traducción de su malestar.