Aura Energía, una comercializadora que en los últimos años se ha convertido en suministradora de luz y gas de cientos de administraciones públicas, sigue sumando nombres a la lista de clientes con los que ha roto unilateralmente sus contratos, ante la imposibilidad de repercutirles los precios récord del mercado mayorista de electricidad. Entre sus últimas víctimas están la M-30 de Madrid, el Defensor del Pueblo, la Diputación de Cádiz y varios ayuntamientos.
Aura, que el pasado 17 de noviembre declaraba al sistema de liquidaciones y garantías del operador del sistema (Red Eléctrica) un “impago inesperado” mientras empezaba a romper contratos, acaba de rescindir por su cuenta el que le adjudicó en mayo Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona la explotación, conservación y mantenimiento de esa vía de circunvalación en la capital.
Hace unos días, Aura envió una carta informando de su decisión, confirman a elDiario.es fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. “No afecta al suministro porque el consumo de energía se deriva a dos comercializadoras de último recurso, que mantienen una tarifa más elevada, con un 20% de recargo sobre el precio de mercado”, añaden.
El concurso para prestar el suministro eléctrico en alta y baja tensión a la M-30 estaba valorado en unos 5 millones de euros. La empresa se impuso a gigantes como Iberdrola y EdP. “Calle 30 firmó un contrato de un año en mayo con un precio fijo muy competitivo”, explica el consistorio, que avanza acciones legales contra la empresa: “Se va a hacer un nuevo contrato y exigir, vía demanda, por incumplimiento de contrato a Aura”.
Cuando esta se adjudicó el concurso, el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista rondaba los 70 euros, frente a los más de 200 euros/MWh de las últimas semanas.
Aura también ha cancelado el contrato de suministro para los edificios del Defensor del Pueblo que se adjudicó en mayo por 286.770 euros, imponiéndose a Iberdrola, Naturgy o Galp. La empresa informó de la rescisión unilateral el 19 de noviembre, un día después de la toma posesión de Ángel Gabilondo. “Se ha procedido a convocar un concurso, por vía de urgencia, para poder contratar a otro proveedor. Mientras tanto el servicio lo está ofreciendo la compañía comercializadora de referencia de la zona”, explica el organismo.
La entidad no precisa si se va a reclamar una indemnización, como asegura que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid con la M-30, sumándose a otros en la misma situación como Cáceres, que ya ha anunciado que iniciará acciones legales por este motivo.
Una fuente del sector cree que “una indemnización tiene poco recorrido si quiebran”. Y añade que, si ante esta escalada Aura se había protegido con coberturas en el mercado, “deshacer esa posición es un dineral que reciben”. Preguntada por este asunto, Aura ha declinado hacer comentarios: “De momento, la dirección de la empresa no hará declaraciones”, indicó el jueves un portavoz de la compañía en un correo electrónico.
También en Cádiz
Fuera de Madrid, Aura también ha suspendido unilateralmente el suministro que prestaba a la Diputación de Cádiz. “Transitoriamente” el contrato ha pasado a manos de un comercializador de último recurso, con la correspondiente penalización, confirmó un portavoz el pasado viernes.
También en Cádiz, Aura ha solicitado ya al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera la suspensión del contrato para el alumbrado público en esta población de unos 83.000 habitantes. El pasado jueves, el pleno del consistorio acordó desestimar la propuesta. De materializarse, “tendrían que abonar una indemnización”, asegura un portavoz. La corporación municipal ya ha entablado conversaciones con Endesa por si fuera necesario hacerse cargo del servicio.
También está “en negociaciones” con Aura Mercamadrid, otro cliente público de la empresa, según una portavoz, que declina aportar más detalles. Otros como Mercasa (dueña de los mercados mayoristas españoles), Enaire o el Ayuntamiento de Palencia aseguran que hasta ahora no han tenido incidencias en el suministro que les presta.
Varios organismos no aclaran la situación de sus contratos con esta empresa. Es el caso del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que agrupa a la mayoría de las universidades catalanas y tiene uno de los de mayor importe. “Por el momento no estamos en disposición de poder ofrecer información”, indicaba el jueves una portavoz. Tampoco han respondido a las peticiones de este medio otros organismos como el Consejo Insular de Aguas de Tenerife o la Diputación de Barcelona, entre otros.
En septiembre, según avanzó El Mundo, Aura ya renunció al contrato de suministro que le adjudicó la EMT de Madrid antes de empezar a prestar el servicio. Lo mismo ocurrió unos meses antes con el suministro a las bibliotecas públicas de Castilla y León para el periodo 2021-22 que se había adjudicado el 11 de mayo.
En este caso, la empresa renunció a formalizar el contrato “al no poder asumir la oferta realizada, dada la coyuntura de precios del mercado eléctrico y el incremento desmesurado de los precios de la electricidad sobrevenido de marzo a mayo”, indican fuentes de la Consejería de Consejería y Cultura. En este caso, pudo renunciar sin ser penalizada. El contrato se tuvo que volver a licitar y el adjudicatario fue Iberdrola.
Aura pertenece a una pequeña constructora catalana, Vopi 4. Está domiciliada en Sant Joan Despí (Barcelona) y cerró 2020 con 25 empleados, una facturación de unos 87,6 millones y un beneficio de apenas 760.000 euros, un 75% menos, lo que ilustra los escasos márgenes de la actividad de comercialización cuando las empresas solo tienen presencia en esa pata del negocio.
En esas cuentas, formuladas el 31 de marzo, cuando nadie preveía la crisis energética que ha venido después, la empresa afirmaba tener una situación financiera “estable”, con un fondo de maniobra de 11 millones. Con un expediente abierto desde septiembre de 2020 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible infracción “grave” de la Ley del Sector Eléctrico, Aura cuenta según su web con diez años de experiencia y más de 15.000 clientes activos.
Entre ellos, asegura, “más de 900 organismos públicos”. Estos han sido un nicho importante para Aura desde su creación. Sus directivos siguen apostando por este negocio: uno de los administradores de Aura, Jordi Soler, figura desde agosto como administrador único de otra empresa dedicada a idéntica actividad, Astralcad Energía SL.
El descontrol de precios en el mercado mayorista de electricidad amenaza con llevarse por delante a un buen número de comercializadoras en España, el país de Europa con más empresas de este tipo. El Ministerio para la Transición Ecológica es consciente de la difícil situación de muchas de ellas ante la escalada estratosférica del pool. En Reino Unido, han quebrado más de una veintena de compañías por esta crisis de precios, al no haber podido trasladar las subidas a sus clientes. En España, el Gobierno valora poner a disposición de estas empresas líneas específicas de crédito similares a los créditos ICO aprobados durante la pandemia.
En los últimos años, España ha vivido una burbuja de comercializadoras que apenas ha erosionado el dominio de las grandes eléctricas. En el sector apuntan que las que no hayan suscrito contratos de aprovisionamiento a largo plazo para cubrirse ante esta escalada pueden tener serios problemas de viabilidad en los próximos meses. Los futuros del mercado mayorista apuntan a precios altos para todo el año que viene, por la enorme subida del gas, a lo que se suman los derechos de emisión, que en la última semana han registrado nuevos máximos históricos y han superado los 75 euros por tonelada.