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La crisis de la luz: una comercializadora con cientos de clientes públicos declara impagos y rompe contratos

Ayuntamiento de Cáceres / turismoextremadura.com

El descontrol de precios en el mercado mayorista de electricidad amenaza con llevarse por delante a un buen número de comercializadoras en España, el país de Europa con más empresas de este tipo. Una de las que ha empezado a tener problemas es Aura Energía, pyme catalana que en los últimos años se ha adjudicado contratos de suministro de luz y gas por parte de cientos de administraciones públicas.

Aura ha comenzado a notificar ya a algunos de sus clientes la ruptura de sus contratos por no poder hacer frente al "desproporcionado incremento" del denominado pool eléctrico. Estos problemas ya se han trasladado a su operativa en el mercado. El pasado miércoles, el sistema de liquidaciones y garantías del operador del sistema (Red Eléctrica) que gestiona MEFF notificó a los agentes del mercado un "impago inesperado del sujeto Aura Energía SL".

"Vamos a proceder a la minoración a prorrata de la cantidad adeudada por este sujeto en esta liquidación y vamos a pagar mañana. Cuando recibamos el importe de la ejecución de las garantías procederemos a la devolución de la prorrata en la liquidación siguiente a su recepción", indica un documento interno al que ha tenido acceso elDiario.es.

Aura, con la que este medio se puso en contacto el viernes sin obtener respuesta, ha comenzado ya a romper los contratos que tenía con algunos clientes. Un caso que ha trascendido es el del Ayuntamiento de Cáceres. El pasado lunes este consistorio anunció acciones legales contra la empresa tras su decisión "unilateral" de romper el contrato por el que en el verano de 2020 se adjudicó el concurso para suministrarle luz y gas por un periodo de dos años.

Entonces, el pool, donde las comercializadoras se abastecen de la electricidad que luego venden a sus clientes, rondaba los 30 euros el megavatio hora (MWh), frente a los más de 200 euros/MWh en los que se situó de media en octubre, por la subida exponencial del gas.

Aura intentó renegociar las condiciones con el consistorio extremeño el pasado verano, cuando el mercado mayorista eléctrico ya se había empezado a disparar. Ahora, ha traspasado el suministro a un comercializador de último recurso, en este caso Iberdrola. Esta última es la que ha notificado el cambio al ayuntamiento cacereño. Este calcula un incremento de su factura del 20% con su nuevo suministrador.

A otro cliente afectado, Aura le comunicó el pasado martes la suspensión de su contrato y el traspaso a una comercializadora de referencia ante "la incapacidad definitiva de nuestra compañía de continuar el suministro debido al sobrevenido, súbito y desproporcionado incremento" del mercado mayorista de electricidad.

La compañía aduce en esa comunicación que la subida del pool ha generado "un desequilibrio contractual insostenible", persistente en el tiempo y sin "indicio alguno" de que vaya a remitir "a corto y medio plazo". Esto hace "imposible para esta empresa cumplir con sus obligaciones a los precios pactados", señala.

Como alternativa, Aura ha ofrecido a ese cliente el traspaso a otra comercializadora con sede en Barcelona, Trade Universal Energy SA. La otra opción es pasar a un suministrador de último recurso. En el caso de este cliente, que tiene más de 10 kilovatios contratados, acabaría haciendo frente a una importante penalización al superar el umbral de potencia para estar en el mercado regulado del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). La empresa solo le ha dado cinco días para decidir qué opción prefiere, sin posibilidad de prórroga.

Situación financiera "estable"

Domiciliada en Sant Joan Despí (Barcelona), Aura Energía cerró 2020 con 25 empleados, una facturación de unos 87,6 millones y un beneficio de unos 760.000 euros, un 75% menos, según sus cuentas accesibles a través de Insight View.

En esas cuentas, formuladas el 31 de marzo, cuando nadie preveía la crisis energética que ha venido después, la empresa afirmaba tener una situación financiera "estable”, con un fondo de maniobra de 11 millones de euros. Su pequeña cifra de beneficios ilustra los escasos márgenes de la actividad de comercialización cuando las empresas no tienen presencia en la pata de generación, como es su caso.

La empresa, según su web, cuenta con diez años de experiencia y más de 15.000 clientes activos entre los que están "más de 900 organismos públicos". Estos han sido un nicho importante para Aura desde su creación. Ya en sus dos primeros años de actividad, y gracias a una competitiva política de precios en un momento de fuertes tensiones de tesorería en muchos organismos públicos por la crisis de entonces, logró adjudicarse más de 18 millones en contratos de organismos como la Seguridad Social o la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ministerios como los de Hacienda y Agricultura.

La empresa, que en 2017 figuraba entre las cinco comercializadoras con ofertas más bajas para suministrar electricidad con la etiqueta de 100% renovable, se ha convertido en el último año en proveedor energético de, entre otras, Enaire, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la empresa estatal Isdefe, la televisión pública extremeña, la Funeraria Municipal de Palma, Mercamadrid, la empresa semipública Madrid Calle 30, las diputaciones de Cádiz y Valladolid, el área Metropolitana de Barcelona, el Defensor del Pueblo o los ayuntamientos de Madrid, Alcobendas, Badajoz o Barakaldo, por citar algunos de los más recientes.

El contrato más relevante por su importe de los logrados este año es el que le adjudicó en junio Enaire para suministrarle electricidad durante dos años, valorado en 8,5 millones. Fuentes de la entidad pública que gestiona la navegación aérea en España indicaron el viernes que hasta ahora "no ha habido ninguna incidencia en el suministro".

Medidas de liquidez

El Ministerio para la Transición Ecológica es consciente de la difícil situación de muchas comercializadoras ante la escalada del pool. En Reino Unido, esta crisis de precios se ha llevado por delante desde agosto a una veintena de compañías que no han podido trasladar las subidas a sus clientes. En España, el Gobierno está valorando poner a disposición de estas empresas líneas específicas de crédito similares a los créditos ICO aprobados durante la pandemia.

En los últimos años, España ha vivido una burbuja de comercializadoras que apenas ha erosionado el dominio de las grandes eléctricas. En el sector apuntan que las comercializadoras que no hayan suscrito contratos de aprovisionamiento a largo plazo para cubrirse ante esta escalada pueden tener serios problemas de viabilidad en los próximos meses. Los futuros apuntan a precios altos para todo el año que viene, por la subida del gas y de los derechos de emisión, que en la última semana han registrado nuevos máximos históricos y ya están cerca de los 70 euros por tonelada.

En este contexto, el viernes el BOE publicaba la inhabilitación de dos comercializadoras, Another Energy Option SL y Secom Central de Compras SL, por parte de Transición Ecológica, por no hacer frente a sus obligaciones en materia de compra para sus consumidores a mercado, pago de peajes o garantías exigibles para adquirir energía.

Para tratar de aliviar la situación de estas empresas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a suavizar el sistema de garantías que se les exige para dotarlas de mayor liquidez, mediante un único pago anticipado parcial o total que deberá efectuarse antes de la emisión de la nota de cargo semanal. El objetivo es liberarles de las garantías que debían mantener y que en algunos casos asfixiaban su situación económica.

Las quejas de las pequeñas comercializadoras han sido determinantes para aparcar la idea de sacar del mercado mayorista la producción de las plantas de renovables, cogeneración y residuos que tienen una retribución especifica (conocida como Recore o régimen especial), con el objetivo de suministrar a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa PVPC a la industria y protegerles de las subidas del pool.

Uno de los motivos para que el ministerio haya dado marcha atrás es que muchos comercializadores no solo venden energía comprada en el pool al cliente final; también funcionan como agentes del mercado del régimen especial, para llevar la producción de esas plantas al mercado, obtener liquidez y mejorar su tesorería. Haberles privado de esa vía les podría haber llevado directamente a la quiebra.

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Publicado el
21 de noviembre de 2021 - 22:26 h

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