Como Google, Coca-Cola, la inmensa mayoría de las empresas del Ibex 35 y más de un millón de compañías de todo el mundo (en especial, estadounidenses), Mercadona, el líder español de los supermercados, también tiene su propia filial en el Estado de Delaware (Estados Unidos). Se trata de Mercadona Inc, constituida el 24 de octubre de 2012 y cuyo máximo responsable es José Manuel Benito Bringue, director de la Asesoría Jurídica y Fiscal de la empresa que preside Juan Roig.
Así consta en la documentación depositada recientemente por esa filial ante el Estado de Massachusetts, en cuya capital, Boston, ha instalado su sede principal, aunque está sujeta a la jurisdicción de Delaware. La filial en ese Estado está domiciliada en un edificio de oficinas en Wilmington (71.000 habitantes). En concreto, en el 2711 de Centreville Road, donde también tienen su sede distintas filiales de Abertis, ACS, Amadeus, BBVA, Gamesa, Grifols, Iberdrola y Santander, según la última edición del informe del Observatorio de RSC, correspondiente a 2013.
Con un capital de 100.000 dólares (el mínimo legal) dividido en 1.000 acciones, Mercadona Inc tiene dos administradores, ambos con domicilio profesional en la sede del grupo en España, en la calle Valencia, 5 de Tavernes Blanques (Valencia). El presidente es José Manuel Benito, que fue el representante de Mercadona que el 1 de junio de 2009 rubricó la adhesión del grupo al Código de Buenas Prácticas Tributarias de las grandes empresas españolas y la participación de la compañía valenciana en el Foro de Grandes Empresas, creado a instancias del Ministerio de Hacienda y las principales sociedades del país por volumen de negocio para establecer un diálogo fluido con la Administración en materia fiscal.
El vicepresidente, tesorero y secretario de Mercadona Inc es Francisco López Rozalén, que en el momento de constituirse la sociedad era el director general de Logística de Mercadona, aunque desde marzo de 2014 es responsable de Compras de Fruta y Verdura de la cadena. El objeto social de la filial estadounidense es “proporcionar logística y otros servicios auxiliares relacionados con el suministro de bienes en Estados Unidos”.
Sin propósito fiscal
Según fuentes de Mercadona, en eso se centra únicamente su actividad. El grupo decidió domiciliar la filial en ese Estado “por la rapidez de crear una sociedad en Delaware” y recuerda que el puerto de Massachusetts es uno de los principales puntos de salida para el transporte del bacalao capturado en los caladeros de la Costa Este estadounidense. La creación de esa sociedad, subrayan esas fuentes, no tiene relación alguna con un propósito de optimización fiscal. Se nombró a su director del área fiscal presidente de la filial “porque es una de las personas autorizadas para ello”.
Con unos activos de 277.000 dólares, la actividad de Mercadona Inc es, a tenor de sus cifras, anecdótica en comparación con la facturación total del grupo valenciano (20.161 millones de euros en 2014). El año pasado, Mercadona Inc tuvo unos ingresos de 105.835 dólares (un 6,2% más que un año antes) y un beneficio neto de 5.271 dólares, según la documentación facilitada por Mercadona, que refleja que el 73% de sus gastos (que ascendieron a 100.563 dólares) fue para pagar salarios (73.330 dólares). La sociedad está exenta de impuesto de sociedades, ya que la legislación de Delaware sólo obliga a tributar por este concepto por las actividades realizadas en ese Estado.
La empresa recalca que cuenta con presencia en aproximadamente 30 países y tiene filiales, sucursales u oficinas de representación en India, Vietnam, Namibia, Panamá, China, Marruecos, Chile e Italia, donde constituyó una sociedad hace cuatro años, cuando planeaba comprar una cadena local para iniciar su internacionalización, un proyecto que quedó aparcado.
Las mismas fuentes subrayan que, en una empresa como Mercadona, que cada año vende 100.000 millones de unidades de producto de las que una cuarta parte son frescos, la logística es fundamental para preservar el margen, que en este sector es muy pequeño (en Mercadona es el 2,5% de las ventas). Y recuerdan que la compañía abonó el año pasado 236 millones en concepto de impuesto de sociedades en España.
Aunque muchos inspectores de Hacienda lo consideran un refugio fiscal en toda regla, Delaware no figura en las listas negras de paraísos fiscales de foros internacionales como el G-20. No ocurre lo mismo con Panamá, al que la Comisión Europea y nueve países europeos (Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal) incluyeron en junio pasado en una lista negra de paraísos fiscales.
Panamá dejó de tener esa consideración para España tras la firma de un convenio para evitar la doble imposición y promover el intercambio de información entre ambos países el 7 de octubre de 2010, en lo que se interpretó como una cesión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para allanar las multimillonarias adjudicaciones en ese país de las constructoras españolas, en especial Sacyr, responsable de la ampliación del Canal.
Unos meses después de la entrada en vigor de ese convenio bilateral, el 18 de octubre de 2011, el consejo de administración de Mercadona acordó la creación de una sucursal de la empresa en Panamá. Lo hizo año y medio después de que el entonces presidente de ese país, Ricardo Martinelli, aprovechara una visita oficial a España para conocer en persona el centro logístico de Mercadona en Ciempozuelos (Madrid).
Con un capital de 10.000 dólares americanos (el mínimo exigido), la sucursal se constituyó en enero de 2012 y está actualmente domiciliada en las oficinas de la auditora PricewaterhouseCoopers en Panamá. A diferencia de una subsidiria, la sucursal depende directamente de la matriz y no tiene personalidad jurídica ni cuentas propias. Según el grupo de supermercados, esa sucursal no realiza “ninguna transacción económica con Mercadona”. “En aquellos países donde Mercadona tiene trabajadores expatriados y donde los requisitos necesarios pasen por tener una persona jurídica con permiso de trabajo o residencia allí, se crean estas oficinas de representación, sucursales o filiales”, explican.
En febrero de 2013, y siempre según la documentación oficial disponible en el Registro Público panameño, Mercadona modificó las actividades de la sociedad, que desde entonces consisten en “evaluar el mercado de proveedores en Latinoamérica buscando nuevos proveedores y visitando a proveedores existentes y potenciales” y “reunir información y preparar informes sobre los procesos de fabricación y elaboración de productos y por parte de los proveedores presentes y futuros”.
También en 2013, Mercadona revocó los poderes de su apoderado en la sucursal hasta entonces, el español Manuel José Calahorro García, que hasta esa fecha “centralizaba las relaciones con los proveedores para todo el tema de la fruta tropical”, según fuentes de la empresa. Fue sustituido por el panameño Francisco Alberto Barrios González. La empresa relaciona la creación de esta sucursal con la decisión de romper con el que era su proveedor de frutas tropicales desde 2003, la alicantina Bonnysa.
Además de realizar informes, la compañía valenciana ha utilizado su sucursal panameña como representante en un litigio judicial contra una empresa local, Bronco Holdings SA, que en abril de 2013 intentó registrar en ese país la marca Mercadona y Diseño. La solicitud fue denegada tras la oposición de Mercadona.
Se da la circunstancia de que el representante de Bronco Holdings era el abogado panameño Josie Ben Rubi, que a su vez figura como representante de una fundación radicada en ese país, Fundación Mercadona, creada en julio de 2008. Esa fundación (cuyos propietarios son desconocidos, dada la opacidad que consagra el Gobierno panameño para estos entes, utilizados habitualmente con fines de planificación fiscal) no tiene ninguna relación con Mercadona ni con sus accionistas, según la empresa española. El grupo asegura que carece de instrumentos legales para oponerse a la existencia de esa fundación, pese a que utiliza su marca comercial como denominación.