La OCDE calcula que la invasión de Ucrania restará un 1,4% al crecimiento del PIB de la eurozona en este 2022, aunque reduce este impacto “por el shock energético y de inflación” en medio punto porcentual, al 0,9%, si se añade la respuesta fiscal que están preparando los gobiernos de la región, y cuyo marco saldrá del Consejo Europeo que se celebrará los próximos 24 y 25 de marzo. La previsión para este año se quedaría entonces cerca del 3%, desde el 4% que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece España, proyectó en diciembre.
Las políticas expansivas, que implican aumento del gasto público, y las rebajas de impuestos “que mitigarán” el golpe de la guerra en la actividad económica, apenas acelerarán la inflación más de lo que se prevé que ya lo haga el propio conflicto. La OCDE considera que el ritmo de crecimiento de los precios se incrementará en alrededor de 2 puntos porcentuales, y que la respuesta fiscal apenas sumará 2 décimas, hasta superar el 5% de media en el presente ejercicio.
Un poco más optimista en su escenario central se mostró la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) en la actualización del cuadro macroeconómico, en el que admitió un frenazo de la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB del 3,7% en el conjunto de la eurozona, medio punto menos respecto a la previsión de la institución en diciembre, con una inflación del 5,1%, casi dos puntos por encima de la estimación anterior, y con los costes laborales unitarios (los salarios) apenas avanzando un 1,3%, frente al 0,9% previo. El escenario más severo dejó el avance de la actividad en el 2,3% y dispara el IPC un 7,1%.
“Los costes de financiación [los intereses de la deuda] siguen siendo moderados, a pesar de los considerables déficits y los mayores niveles de endeudamiento, lo que brinda espacio para apoyo fiscal adicional temporal y bien focalizado donde sea necesario, particularmente mientras las tipos de interés se mantengan bajos”, explica el equipo de economistas de la OCDE en el informe sobre el impacto de la guerra en Ucrania en la economía mundial.
“Las prioridades de gasto inmediato incluyen los costes de apoyar a los refugiados en Europa y amortiguar los efectos inmediatos de las crisis de los precios en los productos básicos y los alimentos para los hogares y las empresas, a través de políticas temporales y bien dirigidas”, inciden los expertos de la OCDE.
“A medio plazo, es probable que una mayor inversión en energía limpia y un mayor gasto en defensa ocupen un lugar destacado en la agenda”, continúan desde la organización, en la que admiten que “el alcance del apoyo fiscal adicional varía considerablemente entre las [distintas] economías, y muchas enfrentan la difícil disyuntiva con respaldar los ingresos y garantizar la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los inversores”.
Margen fiscal
Sobre este debate, intenso en España, que soporta un endeudamiento del 120% (deuda pública respecto al PIB) tras el golpe profundo de la pandemia de coronavirus, se pronunció la presidenta de la la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), dependiente del Ministerio de Hacienda, Cristina Herrero, quien indicó esta semana que “la inflación en los productos y servicios en los que menos varía la demanda [con la luz, el combustible o el pan] subirá la recaudación del IVA en hasta 3.500 millones, dejando margen fiscal para responder al golpe económico de la guerra sin empeorar la ratio deuda/PIB”.
Por otra parte, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables gracias la extraordinario actuación del Banco Central Europeo (BCE) y al fondo de recuperación Next Generation EU. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulación, que está en el mínimo histórico del 1,55% y que por lo tanto se seguirá reduciendo.
La carga de intereses –la factura que se paga cada año por la deuda– está cerca de un pago anual del 2% respecto al PIB, frente al 3,5% de la crisis del euro. “Estos niveles permiten un mayor margen de maniobra para el gasto público”, coinciden en la ONG Finance Watch. Por ejemplo, para poder abordar iniciativas como el margen de rebaja de impuestos en la luz y los carburantes para hacer frente a la subida de precios que estudia el Gobierno.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, viene recordando que las “medidas decididas” del Ejecutivo para frenar el alza de precios energéticos, entre las que se incluyen rebajas de impuestos, tendrán “un impacto de entre 10.000 y 12.000 millones de euros”.
Las estimaciones no definen todavía la temida estanflación [subida de los precios sin crecimiento económico], y menos una recesión, pero sí dejan ver que el golpe más duro recae en los trabajadores. Un daño al que el Gobierno de España ha intentado reaccionar promoviendo “un pacto de rentas”, con el objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los segundos.
Este mismo jueves, el panel de previsiones de Funcas ha rebajado 8 décimas, hasta el 4,8%, su estimación de crecimiento de la economía española para este año como consecuencia de la “elevada incertidumbre” respecto a la evolución del conflicto en Ucrania, las nuevas sanciones que pueden adoptarse y la trayectoria que sigan los precios de los productos energéticos.
En este complicado contexto, cuatro de los 19 panelistas aún no han modificado sus previsiones para incorporar el impacto de la guerra. Si solo se tienen en cuenta las respuestas de los que sí han incorporado dicho impacto, la previsión media se situaría en el 4,6%, un punto porcentual menos que en el consenso de enero.
La política monetaria, clave
El equilibrio de la política monetaria que pilota el BCE para contener el pico de inflación sin ahogar el crecimiento económico con una subida de los costes de financiación es clave en estos momentos. “Los pasos hacia la normalización de la política monetaria deben continuar en las economías avanzadas, aunque a un ritmo inferior [respecto al previsto antes de la guerra] y con frecuentes reevaluaciones a medida que evoluciona el conflicto”, observa el equipo de economistas de la OCDE.
También este jueves, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, advirtió que el BCE cuenta con la capacidad y disposición para diseñar y desplegar “nuevos instrumentos” con el fin de asegurar la transmisión de la política monetaria a medida que se avanza hacia la normalización, tras las extraordinarios medidas expansivas adoptadas como respuesta a la pandemia de coronavirus.
En su análisis, Lagarde reconoció que la política monetaria se enfrenta actualmente a un nuevo desafío a causa de la guerra en Ucrania y admitió que, “cada vez es más seguro” que la dinámica de la inflación a medio plazo no volverá al patrón anterior a la pandemia. La presidenta del BCE considera que la guerra golpea a la economía en un momento en que la inflación ya es alta, por lo que el riesgo de afectar a las expectativas es mayor, además de asumir que “podría poner en marcha nuevas tendencias inflacionarias que tardarán un tiempo en manifestarse”.
Al mismo tiempo, el conflicto bélico plantea riesgos significativos para el crecimiento, en particular a corto plazo, lo que podría deprimir la inflación a mediano plazo si implica que la economía vuelve a su plena capacidad más lentamente. “Somos conscientes de los riesgos que se avecinan y estamos listos para revisar nuestro plan si los datos entrantes así lo requieren”, apostilló.