Desde que el presidente Pedro Sánchez pidió un “pacto de rentas” el pasado miércoles, el Gobierno ha intensificado y multiplicado las advertencias sobre el efecto del incremento de los precios de la energía y de la inflación en general en la recuperación económica. La retórica surge como palanca clave del objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los segundos.
Sánchez no titubeó al admitir que la economía de España se encuentra en “una situación grave”. Palabras gruesas para invitar a la patronal y a los sindicatos a una mesa de negociación que arrancó este lunes sin ninguna concreción sobre en qué medidas se traducirá ese pacto de rentas.
En ese plano se expresó Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tras la reunión en Moncloa: “De la misma manera que el Gobierno actuó con determinación para proteger el empleo y nuestro tejido productivo a través de los ERTE, ahora debemos proteger el poder adquisitivo. Necesitamos una nueva política de rentas que equilibre la balanza”.
Antes, y secundando al presidente, Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, insistió el jueves en las consecuencias de calado para España. “Puede haber una ralentización de la recuperación y un impacto claro en los precios”, señaló en una entrevista televisiva.
Calviño volvió a avisar este mismo lunes, justo antes de la reunión con empresarios y sindicatos, otra vez en la pequeña pantalla: “Es una lástima, porque nuestra economía estaba ya logrando esa velocidad de crucero, teníamos una recuperación fuerte y las perspectivas eran muy positivas (...) y evidentemente este conflicto, sobre todo por su impacto en los precios de la energía, va a tener también un impacto sobre la actividad económica”.
En paralelo, pero en la radio, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, compartía su preocupación sobre la recuperación. Y el viernes, en Twitter, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, iba más allá: “Una mayor inflación puede suponer una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de la competitividad externa de las empresas; y, junto a la incertidumbre económica, este incremento de costes podría llegar a reducir el consumo de hogares y la inversión empresarial”. La inflación se disparó en febrero hasta el 7,4%, su tasa más alta en 33 años.
Reformar el mercado eléctrico para controlar precios
“Es urgente reformar el mercado eléctrico [...] y el Gobierno debe explorar el margen para subsidiar el consumo de las familias, y también de aquellas empresas más expuestas a subidas de precios”, propuso Nacho Álvarez. “Para ello, España debe contemplar en las próximas semanas la posibilidad de hacer uso del segundo tramo de 70.000 millones de euros de préstamos del Next Generation”, concluyó.
Estos argumentos fueron replicados por los representantes de los sindicatos mayoritarios en la rueda de prensa posterior al encuentro celebrado en Moncloa. Apenas prosiguieron un poco más allá y hablaron de “un ciclo de subidas salariales de tres años” para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.
Sobre medidas para controlar precios, y concretamente los de la energía, incluso admitieron que cambiar el sistema marginalista de fijación de precios, bajo el que se acaba pagando el megavatio más caro de todos los generados, “no depende de España”, sino de la Comisión Europea. Este martes, el Ejecutivo comunitario presenta su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía.
En un informe distribuido este lunes, Euler Hermes y Allianz Research calculan que la factura energética aumentará “al menos un 30% en 2022”, y que se irá a cerca de los 2.000 euros de media por hogar al año “y hasta los 3.000 euros en un escenario extremo” de cortes de suministro y apagones.
Este golpe directo, la principal consecuencia de la subida del gas a precios récord y del petróleo a 125 dólares, máximo de la última década y con picos cerca ya de los históricos 140 dólares por barril de Brent de 2008, supondría una pérdida de renta disponible de entre 1 y 1,5 puntos porcentuales, según el mismo informe, que asume una subida del salario mínimo (SMI) del 4% (ver gráfico) en su escenario promedio.
Las dificultades del pacto de rentas
Las medidas de un pacto de rentas “irán más encaminadas a controles de salarios, ya que los controles de márgenes empresariales son complicados”, observa Víctor Gómez Blanco, investigador en la UCM y UC3M, quien considera que “podría plantearse aumentar el tipo marginal del impuesto sobre sociedades o limitar el reparto de dividendos, pero aun así eso no implica necesariamente un control efectivo”.
“Por otro lado, en momentos del pasado las políticas de rentas se han aplicado conjuntamente con políticas de control de precios (por ejemplo, en la hiperinflación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial en EEUU o en países latinoamericanos en los 70)”, continúa Gómez Blanco.
“Esta vía, desde mi punto de vista, podría tener más sentido, ya que considero que una política nacional de control de rentas que intente ligar temporalmente las subidas de salario a aumentos de productividad, junto con alguna medida que también busque limitar los márgenes empresariales y, especialmente, un control de precios sobre productos energéticos (por ejemplo modificando, al menos temporalmente, el método marginalista de fijación de precios de la electricidad) sería una estrategia altamente efectiva para frenar la inflación y, a la vez, no haría recaer toda la carga de contención de la inflación sobre los trabajadores”, concluye el economista.
Impacto en el crecimiento económico
Prácticamente no existen previsiones concretas sobre el golpe a la recuperación al que se refieren Pedro Sánchez y Nadia Calviño por la elevada incertidumbre sobre la dimensión y la duración de la guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia.
En la última cita del ciclo de conferencias Cátedra, que organiza la Fundación La Caixa, Enric Fernández, economista jefe del banco, ofreció algunas claves para calcular el impacto sobre el crecimiento esperado del PIB en 2022. Cada 10 dólares de subida del barril Brent restan entre un 0,2% y un 0,3% a la recuperación. Los futuros que cotizan sobre el crudo de referencia en Europa han subido ya de los 80 a los 125 dólares en lo que va de año. El mismo rango se podría utilizar para cada 30 dólares en el precio del gas, que ha subido desde los 60 a más de 200 dólares, según el experto. A lo que habría que sumar los impactos directos, “aunque son mínimos”.
Por otro lado, Funcas señala que “una inflación más elevada erosionaría la capacidad de compra de los hogares y por tanto restaría fuelle a la recuperación del consumo privado, con una incidencia muy importante en el crecimiento. También afectaría a las exportaciones hacia países como Alemania, aún más expuestos que el nuestro a los recortes de suministro de gas ruso. Todo ello sin contar el previsible deterioro de la confianza, factor clave de la inversión empresarial, o el impacto sobre los tipos de interés y las primas de riesgo. Por tanto, de mantenerse las actuales tensiones, la economía española crecería a una tasa significativamente inferior al 5,6%”, que era la cifra anticipada por el servicio de estudios de CECA.