La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cosse, dijo hoy que la nueva papelera de la empresa UPM, que posiblemente se instale en el país, “no tiene nada que ver” con Argentina, ante el reclamo de habitantes del interior argentino quienes consideran que podría afectar su salud.
“Esto no tiene nada que ver con Argentina, esta es una planta en Uruguay, no dejo de sorprenderme, la verdad es que no tiene nada que ver con esto”, aseguró.
Asimismo, indicó que su país va a llevar adelante “todos los controles y protocolos” que son del caso del medio ambiente, por lo que señaló que al hacer esto también se protege el medio ambiente del mundo.
Por su parte, la ciudad argentina de Gualeguaychú, fronteriza con Uruguay, manifestó hoy su rechazo ante la posibilidad de que se instale en ese país una nueva planta de pasta de celulosa como la que desde 2007 funciona frente a la localidad, al considerar que puede afectar de manera directa la salud de los vecinos.
En ese sentido, Cosse reiteró que la instalación de esta planta será en territorio uruguayo, y añadió que este es “un país serio” con “basta experiencia” en los temas medioambientales que son avalados y reconocidos a nivel mundial.
Así, detalló que los pasos que el Gobierno uruguayo dará a continuación será estudiar los planteamientos de la empresa UPM, que han sido generales y de alto nivel.
De igual forma, la jerarca señaló que se evaluarán cada una de las áreas para proceder a tomar las respectivas acciones en temas como la infraestructura y protección del medio ambiente.
La finlandesa UPM, uno de los mayores grupos forestales del mundo, mantiene conversaciones con el Gobierno uruguayo para la construcción de la nueva planta, que se sumaría a la que ya tiene operando en Fray Bentos y que en este caso se prevé se instale en las cercanías de la cuenca del Río Negro, en el centro del país.
No obstante, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció el pasado viernes que, en caso de que se concrete, esta instalación podría suponer una inversión de unos 5.000 millones de dólares, algo que “no tiene antecedentes en la historia económica del país”.