Xavier de Pedro (Zaragoza, 1964) fue pionero en la reversión de centrales hidroeléctricas en favor de la Administración durante su mandato al frente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), desde marzo de 2012 hasta abril de 2015. Abogado especializado en Derecho Administrativo y experto en aguas, es letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, cuerpo de funcionarios al que reingresó tras concurrir en 2015 como candidato a la alcaldía de su ciudad por el Partido Aragonés (PAR), al que pertenece, “aunque ahora no estoy muy activo” en política.
Ex jefe del Departamento de Derechos con el Justicia de Aragón y director general en el Ejecutivo maño, tras el pacto de legislatura que entonces tenían el PP y el PAR para gobernar Aragón, fue nombrado presidente de la CHE con Mariano Rajoy en Moncloa. Primero, bajo dependencia del entonces ministro de Agricultura y a la postre comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y luego con su sucesora, la hoy consejera de Iberdrola en Brasil Isabel García Tejerina.
De Pedro atendió por teléfono a elDiario.es el pasado viernes para hablar sobre un tema de actualidad, la gestión de las presas hidroeléctricas. Una cuestión candente, con varios expedientes abiertos por el vaciado de embalses, la luz en precios récord, la hidroeléctrica aprovechando la coyuntura en el mercado mayorista, el Ejecutivo dispuesto a dar más peso al Estado en la gestión de estas infraestructuras y en mitad de un pulso con las eléctricas por el recorte a sus beneficios extra por el encarecimiento del CO2.
De Pedro cree que la Administración debe recuperar protagonismo en la gestión de las presas, aspecto que en su opinión “ningún Gobierno se ha tomado en serio para poner orden”. La “letra pequeña” de la normativa de aguas está, dice, muy poco explotada en favor del interés público.
Teresa Ribera se muestra ahora abierta a que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen. ¿Qué le parece esa idea?
Personalmente optaría por otro modelo, en lugar de volver a una gran empresa pública que monopolizase un poco la energía hidroeléctrica. Es un modelo admisible, pero yo soy más partidario de una descentralización en la gestión de las centrales: que las más grandes, las declaradas de interés general, los grandes embalses, las gestionaran las confederaciones hidrográficas; las medianas, las comunidades autónomas, que tienen competencias ejecutivas en materia de energía e industria; y las pequeñas, las entidades locales y comunidades de regantes. Para eso no creo necesario crear una nueva estructura. Las confederaciones tienen personal muy cualificado y algunas ya gestionan aprovechamientos hidroeléctricos. Lo hace la del Ebro, pero también la del Duero y la del Guadalquivir.
Independientemente de qué estamento público las gestione, ¿le parece una “ocurrencia” que lo hagan los poderes públicos, como ha dicho el PP respecto a esa empresa pública?
En ese sentido discrepo con el Partido Popular. Venimos de un modelo que ya ha cumplido su misión: una gran inversión privada para hacer los distintos aprovechamientos hidroeléctricos que hay en España mediante un sistema de concesión. Para construir una gran presa y un aprovechamiento, las empresas hacían una inversión que se amortizaba en un plazo de 75 años. Una vez amortizadas, son activos que deben revertir al Estado y la gestión tiene que cambiar. El modelo de concesión ya no es necesario. Hay que ir a un modelo donde la Administración puede contratar el servicio de conservación de estas centrales y poner la energía en el mercado a través de los agentes que puede contratar sin ningún problema. Lo lógico es que la Administración no haga dejación de estos activos que tiene y los gestione. Además, eso no supone ninguna limitación al mercado, porque no son los únicos actores que va a haber. Que haya una presencia pública también es bueno.
Usted redactó una propuesta de iniciativa legislativa popular sobre la reversión de los saltos y luego acusó a Podemos de apropiársela.
Fue curioso, o más que curioso, lamentable. A través de una asociación que creamos en Aragón, que se llamaba Aragón Suma y que tenía el objetivo de sumar también a otras comunidades, planteamos una iniciativa que se consultó con los grupos políticos de Aragón, entre ellos Podemos, y cuando la íbamos a presentar en las Cortes Generales se adelantaron con una iniciativa que copiaba casi literalmente el primer borrador. Fue una apropiación de una idea que realmente ellos no tenían.
En el caso de la CHE, ¿qué potencial ve para asumir concesiones caducadas o a punto de hacerlo?
El tema es más complejo que una mera caducidad de los plazos. En las concesiones hay mucha letra pequeña, con energía reservada para el Estado, limitaciones de caudales, medioambientales… También se han hecho modificaciones de centrales hidroeléctricas que no han estado autorizadas. Yo creo que hay que hacer un control de todo esto mucho más exhaustivo que hasta ahora. Ha habido una falta de interés político por controlar las concesiones hidroeléctricas. Nos podemos encontrar muchas sorpresas una vez que analicemos cada uno de los títulos concesionales, que son documentos que a veces tienen 50, 60 años… Ahí se puede avanzar mucho, porque hay concesiones cuyo plazo ya se ha cumplido. Y está el tema de la energía reservada, que también se reclamó a las hidroeléctricas y son millones de euros en rendimientos que se pueden obtener. Eso pasa por toda España y en todas las confederaciones. En la del Ebro ha finalizado ya el plazo de algunas de ellas y la propia CHE gestiona varias. Es un camino a seguir, pero habrá que darle una dirección política y una coordinación.
Usted ordenó la reversión de El Pueyo de Jaca (Huesca), el primer salto revertido a una confederación. ¿Cómo fue ese proceso?
En aquel momento no había un interés político por estos temas, en poner en marcha las reversiones que en toda España debían estar produciéndose. Esta fue la primera que se hizo, y con diez años de retraso, lo que demuestra esa falta de interés político que creo sigue vigente. Ningún gobierno se ha tomado todavía en serio este tema para poder poner orden. En aquel caso, había que cumplir la ley y lo que se hizo fue un expediente administrativo que era novedoso pero que ya regulaban la ley y el reglamento. Se cumplieron las tramitaciones administrativas, que son complejas, y al final se consiguió la reversión. No podía ser de otra manera. Era cumplir la ley.
¿Luego llegaron bajo su mandato más reversiones?
Se pusieron en marcha en otros tres o cuatro saltos y algunos se han culminado después de irme yo. Como el proceso de reversión es complejo en su tramitación, la ley permite que con tres años de antelación puedas iniciar el procedimiento para que cuando llegue el plazo de caducidad se pueda dictar ya la resolución de reversión efectiva.
¿Dónde encontró más resistencias: en las empresas o en la Administración?
Las empresas siempre tratan de poner todo tipo de trabas administrativas para impedir que la reversión avance. Hasta cierto punto no hay muy buena fe, diríamos: una vez cumplido su plazo de 75 años, debería de haber mayor colaboración y buena fe y asumir que esas concesiones han finalizado. Y siempre se busca cualquier defecto procedimental o argucia para tratar de retrasarla. Eso es habitual. También es muy importante el impulso político. Las confederaciones en general tienen personal muy cualificado, pero con mucho trabajo, y o das prioridad a estos temas o quedan muchas veces abandonados o retrasados en exceso. Y una de las funciones políticas cuando los medios personales son limitados es establecer prioridades. Esta lo era, porque suponía unos recursos muy importantes para la Administración.
Mencionaba la reserva de energía para el Estado. ¿Puede explicar en qué consiste?
En muchas concesiones había un porcentaje de reserva de energía al Estado a precio de coste, con un margen de beneficio para la empresa del 5% o el 10%, según los casos. El precio de coste de la energía en una infraestructura prácticamente amortizada es muy bajo, algo que sorprende cuando luego los ciudadanos pagamos unos precios tan altos por una energía que se produce tan barata. Pero centrándonos en la energía reservada, es eso: una energía que puede obtener el Estado a bajo precio y para unas determinadas finalidades que en algunos casos establecían las concesiones pero que también puede determinar el Gobierno. Son activos públicos y la Administración debe hacer valer esos intereses económicos, que son de todos los ciudadanos. Esos beneficios iban para el interés público, que es a quien correspondía.
"Hay mucha letra pequeña en la cual se pueden obtener muchos e importantes beneficios para los intereses públicos y para controlar que estas concesiones se desarrollen de forma correcta"
Cuando estuve yo, se reclamó la energía reservada en centrales muy importantes y la CHE recaudó millones de euros, no hablamos de pequeñas cantidades. Ese tema también se ha ido abandonando. Hubo un debate jurídico muy importante y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dio la razón a la CHE en la reclamación de esta energía reservada, que no solo está en la confederación del Ebro, también en otras. Es lo que hablábamos antes: hace falta que se exija un mayor control sobre todas estas concesiones porque hay mucha letra pequeña en la cual se pueden obtener muchos e importantes beneficios para los intereses públicos y para controlar que estas concesiones se desarrollen de forma correcta y conforme a la legalidad y al título concesional.
El Gobierno ha anunciado la apertura de expedientes informativos a Iberdrola y Naturgy por el vaciado de presas del Duero, el Tajo y el Miño-Sil con la luz disparada. ¿Es legal esta práctica?
Las confederaciones tienen unos controles en los caudales y hay unos criterios que establecen las juntas de explotación en las cuales la decisión final es de la confederación. Si esos criterios de gestión de embalses no se han cumplido por los usuarios o por los gestores de las infraestructuras, evidentemente se pueden tomar medidas y me imagino que por ahí irá la actuación del Gobierno. Vuelvo a insistir en la necesidad de controlar el ejercicio de estas concesiones, sobre las que las confederaciones tienen mucho que decir, evidentemente.
¿Si el expediente se convirtiera en sancionador, qué sanciones se podrían imponer, en su caso?
Habría que ver qué tipo de infracción se ha cometido. Evidentemente se pueden imponer sanciones muy graves y de mucha cuantía, pero en el derecho administrativo ocurre mucho que sale más rentable incumplir la ley aunque te sancionen. No sé si será el caso, pero puede darse fácilmente cuando hay intereses económicos tan altos. Y hay otra cosa también muy importante, que es quizás donde se puede realmente exigir un cumplimiento estricto. Si hay un incumplimiento grave de la concesión, se puede instar un procedimiento de caducidad, que creo que es lo que las empresas eléctricas más temen porque ahí se les acabaría el negocio. Muchas veces incumplir los caudales ecológicos, una cuestión esencial de las concesiones, si hay un incumplimiento importante puede dar lugar a la caducidad de la concesión, que es una forma de ejercer el control mucho más efectiva que el propio sancionador.
¿Usted se encontró concesiones que habían sido prorrogadas antes de su llegada pasados esos 75 años?
Hubo un caso muy particular, Lafortunada-Cinqueta, que se había prorrogado en unas condiciones poco claras y en el que finalmente resolvimos la reversión. En una resolución del Ministerio anulando la realización de un salto hidroeléctrico, el embalse de Jánovas, por cuestiones medioambientales, se había planteado algo interpretable de una forma muy compleja: la posible prórroga para compensar los posibles perjuicios. Eso dio lugar a un expediente complejo pero al final se acordó la reversión y se establecieron unas compensaciones razonables, no las que pretendía la empresa.
En estos temas también hay una casuística muy importante de supuestas compensaciones, de pérdidas de beneficios de las hidroeléctricas como consecuencia de limitaciones de caudales, etc. Hay un debate siempre económico que a veces da lugar a este tipo de compensaciones que actualmente no son posibles. Cuando finaliza una reversión tiene que revertir. La prórroga solo está prevista si se hacen unas obras muy importantes; sin algo a cambio, no tiene sentido.
En el sector siempre se ha hablado de que en la etapa de Benigno Blanco, directivo de Iberdrola que luego estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente con José María Aznar, se prorrogaron concesiones a veces con condiciones poco claras. ¿Le consta esto?
No tengo constancia. Esa concesión que comentaba sí tuvo esta especie de prórroga que jurídicamente era muy endeble y no se llegó a consumar. Puede haber casos parecidos en otras confederaciones, no lo sé. Estas concesiones se han hecho sobre embalses que han creado graves afecciones medioambientales y económicas en territorios como el Pirineo que no se han visto compensados. De ahí la importancia de que ahora que esas infraestructuras ya están amortizadas, haya algún tipo de compensación o participación en los beneficios por parte de estos territorios, que han sufrido unas limitaciones muy importantes.