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La vivienda más allá de una casa: la falta de padrón como la falta de derechos

La hija de N. Muñoz, paciente psiquiátrica sobre la que recaen diversos intentos autolíticos, no se puede tratar en la sanidad pública. Amadau no ha cobrado más de 2.000 euros que le pertenecen por su baja de paternidad. Las hijas de Ana estuvieron tres meses sin escolarizar. Souleymane vive con miedo a que le pare la Policía y no pueda probar dónde vive. La falta de empadronamiento, un mero trámite administrativo orientado a censar a la población de un lugar, se ha convertido en la tortura cotidiana que golpea a aquellos migrantes que ven reducidos sus derechos y los de sus familiares día tras día. Tal y como sostienen todos los entrevistados en este reportaje, no solo se trata de vivienda, también de una vida que merezca ser vivida.

Muñoz llegó a España en 2018 y vive junto a su marido y su hija desde hace más de un año en una habitación por la que pagan 650 euros al mes, situada en Puente de Vallecas (Madrid). “Me prometió la dueña que me empadronaría ahí, pero no lo ha hecho”, se queja esta salvadoreña de 40 años. No culminar este proceso burocrático ha hecho que su hija no reciba la asistencia sanitaria que necesita como paciente psiquiátrica que es debido al retraso cognitivo y alteración de conducta que sufre, lo que le ha llevado a realizar cinco intentos autolíticos.

Las personas que se ven obligadas a vivir sin padrón sufren un “racismo institucional absoluto”, tal y como determina Maite Zabalza, activista de Red Interlavapiés y trabajadora social en el Ayuntamiento madrileño. Muñoz también lo ve así: “Yo pago todos los meses mi alquiler, trabajo cuidando personas mayores y consumo en mi barrio. ¿Por qué no me puedo empadronar? Es una forma de arrebatarnos muchos derechos”. Ni su sueldo junto al de su marido, que trabaja en la construcción, les da para poder acceder al alquiler de una vivienda para su familia. “Hasta en Cáritas, que al final me han atendido, me han pedido el padrón para ver cómo ofrecer terapia psicológica a mi hija. Para eso me tiene que ver una trabajadora social de la Seguridad Social, y para que me vea una trabajadora social necesito estar empadronada”, relata la afectada.

Como tantas otras personas golpeadas por esta situación de falta de padrón, Muñoz reivindica que este trámite orientado únicamente a censar a la población no sea el gran filtro que superar para poder acceder a prestaciones de las que gozan la inmensa mayoría de ciudadanos españoles por el hecho de serlo. “Si quiero pedir una ayuda a la dependencia para mi hija, debo tener cinco años de empadronamiento, y para solicitar una vivienda pública me piden diez. Yo llevo ya ocho años viviendo en España y no me han contado como empadronada”, denuncia.

La falta de padrón va mucho más allá del acceso a recursos como la sanidad. Amadau Diamanka tiene 36 años, llegó a España desde Senegal en 2018 y actualmente trabaja como pizzero en una cadena de restaurantes en la capital. En el último mes y medio ha perdido 2.100 euros que le corresponden por su baja de paternidad debido a la falta de padrón. Paga 530 euros por los gastos del piso y la habitación en la que vive, en el barrio de Quintana. “Yo he venido aquí a trabajar y no entiendo qué tiene que ver que no esté empadronado para que me den el dinero que me corresponde por haber sido padre”, expresa algo enfadado y con los ojos enrojecidos.

Vivir en un taller, andar con miedo

La realidad que rodea a Ana no es mucho mejor. Esta peruana tiene cuatro hijas y un marido con los que vive en un taller sin cédula de habitabilidad en el barrio de Lucero, también en Madrid. Llegó a España en junio de 2025 debido a la inseguridad creciente en su país natal. Ella fue la primera en llegar a la capital. Primero se empadronó en la casa de un familiar, con el que vivió unos meses. Cuando llegó el resto de la familia, su padrón se terminó. “Eso nos obligó a buscar cualquier casa. Según está ahora el alquiler, nos fue casi imposible, pero vi un papelito en una parada de bus y llamé”, relata.

Acabaron en un garaje en el que ya vivía otra familia en una zona separada. Estuvieron tres meses pagando 600 euros por vivir en un espacio en el que les prometieron que les empadronarían. “Este junio vimos que era una estafa, que quien nos cobraba el alquiler era otra alquilada de la dueña legítima del local”, recuerda Ana con frustración. Actualmente, a sus 42 años se dedica a limpiar por horas. Está contenta porque ha conseguido un contrato, aunque no recoge el tiempo real de trabajo.

“El padrón es para escolarizar, para la salud pública, para el abono de transporte, para todo. Lo necesitamos tanto que nos empadronó una amiga en su casa a los seis, la familia al completo, aunque no vivamos con ella”, añade. Una de las peores consecuencias que pesan sobre Ana es que sus hijas estuvieron sin poder asistir al colegio durante tres meses. “Acá sin el padrón no eres nada, no haces nada”, subraya. Por el momento, la familia asegura que continuará viviendo en el taller que nunca les debieron alquilar hasta que se resuelva la situación. “Aunque seamos migrantes tenemos derechos”, reivindica.

La última directriz del Gobierno de Ayuso sobre la necesidad de estar empadronado para acceder al abono transporte de la Comunidad de Madrid ha golpeado a personas como Souleymane Seck, senegalés. Tiene 35 años y llegó a España en enero de 2025 desde Marruecos, donde trabajó durante cinco años. Él es una de las decenas de miles de personas que se han acogido a la regulación extraordinaria aprobada por el Gobierno español: “Voy a la comisaría con todos mis papeles y aun así me piden el padrón. Tengo que presentar el dictamen del Gobierno de que no es necesario para continuar con la expedición de mi NIE”.

Seck se expresa con un castellano rudimentario pero repleto de honestidad. “Me da miedo que la Policía me pueda parar un día y no poder probar dónde vivo por la falta de padrón”, admite. En realidad, vive en el barrio madrileño de Lucero, en una habitación de un piso que también ocupa otra familia. Este trabajador de la construcción paga 400 euros al mes por ese dormitorio. “Ahora tengo miedo de perder la tarjeta del abono. Trabajo en Valdemoro y sería mucho dinero ir y venir todos los días en transporte público”, reconoce.

Las personas al margen

Por suerte, personas como Zabalza y Marta Molina acompañan a los migrantes que se ven obligados a superar este tipo de realidades. No siempre la Administración les ha puesto fáciles las cosas. “Hasta 2024 hemos podido empadronar aquí, en la sede de Sendas de Cuidados, con todas las obligaciones que ello implica, gracias a un convenio firmado con Manuela Carmena. Cuando terminó el convenio, Almeida era el alcalde. No lo renovó”, rememora con enfado esta educadora social que trabaja para el Ayuntamiento capitolino e integrante de Red Interlavapiés. Recurrieron la decisión y ganaron en los tribunales, pero el Consistorio volvió a recurrir. Ahora mismo se encuentran a la espera del dictamen final.

Las dos activistas recalcan que el empadronamiento es una obligación de los Ayuntamientos y un derecho de todo ciudadano sobre la misma mesa en la que los afectados han compartido sus testimonios en la sede de Senda de Cuidados, una asociación enfocada en el trabajo y cuidados dignos, cerca de Tirso de Molina. Ambas activistas critican duramente que el padrón se haya tomado como filtro inexpugnable a nivel administrativo para determinar quién puede o no acceder a determinados derechos y servicios. “Estamos ante un racismo institucional que ejercita la Administración siempre que puede. Hay racismo en la sanidad, a la hora de acceder a una vivienda y para encontrar un trabajo”, ilustra Zabalza.

Molina trabaja en un espacio de igualdad municipal y forma parte del centro social La Villana de Vallekas, donde imparte clases de castellano para extranjeros y se empapa de las historias de sus alumnos. “Esto es así porque hay un sistema más allá al que le interesa que haya personas sin acceso a la educación y la sanidad, a contratos laborales, al transporte público. Hay muchos intereses para que sigan existiendo personas al margen”, defiende.

Su postura se basa en que “el padrón debería ser un derecho que la Administración garantizara y no tomara como requisito a la hora de prestar determinados servicios”. Por otro lado, ninguna de ellas es ajena al futuro que le espera a este tipo de procedimientos burocráticos si el 29 de noviembre de las urnas sale un Gobierno que apuesta por recortar derechos, sobre todo a los migrantes. En este sentido, Molina destaca que “hemos tenido un gobierno progresista y las redadas racistas y el acoso a los migrantes ha continuado”. Ella misma concluye: “La sociedad tiene capacidad para exigir medidas a sus gobernantes cuando las tiene muy interiorizadas, y el antirracismo todavía no lo está. Tenemos que tenerlo mucho más presente en nuestras conversaciones y en nuestros entornos”.