La Audiencia de Bizkaia confirma la imputación por presuntos delitos urbanísticos de la exalcaldesa de EH Bildu en Zaldibar
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido mantener la imputación por presuntos delitos urbanísticos de la exalcaldesa de EH Bildu de la localidad vizcaína de Zaldibar entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri. Después de meses de espera, la sección segunda de lo penal ha resulto los recursos de todos los citados por una juez de Durango en esta causa que analiza posibles irregularidades previas en el vertedero que terminó desplomándose en 2020 y en el que murieron sepultados dos trabajadores. Los jueces Alfonso González-Guija, María José Martínez y Elsa Pisonero del Pozo archivan las actuaciones a cinco de los investigados pero confirman la citación de otros cuatro, incluido la exregidora.
El caso trascendió en enero, adelantado por este periódico, las citaciones tenían que haber sido en mayo, se pospusieron hasta conocer la posición de la instancia superior y supuestamente en septiembre iba a producirse la “deliberación y fallo” de las apelaciones, pero no ha sido hasta ahora, en noviembre, cuando ha trascendido la resolución. El auto está fechado el 10 de noviembre y ha trascendido este viernes, primer día de campaña electoral de cara a las generales.
Este sumario es la tercera de las derivadas judiciales del derrumbe del vertedero. La primera, ya cerrada hace años, fue la pieza por el fallecimiento de los trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Los gestores de la planta, de la compañía Verter Recycling, ya asumieron sus responsabilidades: no entraron en la cárcel pero sí tuvieron que abonar indemnizaciones al admitir los hechos. Los tres fueron hallados responsables de un homicidio imprudente. La segunda, aún sin cerrar, guarda relación con posibles delitos medioambientales asociados a la catástrofe, que implicó un alud de 800.000 toneladas de residuos y consecuencias que todavía se sienten hoy en la ladera de Eitzaga.
Esta tercera causa es, precisamente, una pieza separada de la segunda. La unidad especializada en delitos ambientales de la Ertzaintza elaboró un informe de 3.679 folios y allí se hacía una lista con hasta veinte presuntos ilícitos cometidos en el municipio, aunque la instructora del caso, Laura Yuste, ya acordó que estaba prescrito todo lo anterior a 2015.
La investigación arrancó en 2024 y el secreto de sumario llegó a ser prorrogado en diez ocasiones. Finalmente, a comienzos de 2026 trascendió que la instructora Yuste había acordado la citación como imputada de Baigorri y de los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, así como de la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, estaban citados igualmente los responsables de Verter Recycling, el empresario José Ignacio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, al igual que los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.
Todos ellos recurrieron y han corrido suerte desigual. Se estima que en cinco casos ha habido una “quiebra absoluta” del derecho de defensa por querer interrogarles en calidad de imputados superado el plazo legal para las instrucciones. Para quienes se acuerda la desimputación son precisamente los responsables del vertedero, Barinaga, Bilbao, Etxebarria y los asesores Beraza y Carriazo. Sin embargo, sí accede a que se actúe contra otras cuatro personas, los relacionados con el Ayuntamiento. Y, entre ellas, está la alcaldesa. El tribunal alega que aquí no cabe alegar prescripción porque la 'notitia criminis' es el informe policial, de 2025.