Sin noticias de la investigación por delitos urbanísticos en Zaldibar: los recursos se atascan en la Audiencia de Bizkaia
Un cambio de magistrados en la sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Bizkaia mantiene todavía sin resolver los recursos de nulidad presentados hace ya muchos meses por todos los imputados contra la investigación abierta en el Tribunal de Instancia de Durango por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar en los años previos a su desplome, que se produjo en 2020. Entre los investigados se halla la exalcaldesa de EH Bildu en la localidad, Arantza Baigorri, que ocupó el cargo de 2011 a 2018, lo que dio gran realce político a este expediente.
El caso trascendió en enero, adelantado por este periódico, las citaciones tenían que haber sido en mayo, se pospusieron hasta conocer la posición de la instancia superior y supuestamente en septiembre iba a producirse la “deliberación y fallo” de las apelaciones, pero han pasado dos meses y las partes concernidas no tienen noticias. Es uno más de los casos de relevancia en Euskadi que se atascan en los tribunales.
Este sumario es la tercera de las derivadas judiciales del derrumbe del vertedero. La primera, ya cerrada hace años, fue la pieza por el fallecimiento de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Los gestores de la planta, de la compañía Verter Recycling, ya asumieron sus responsabilidades: no entraron en la cárcel pero sí tuvieron que abonar indemnizaciones al admitir los hechos. La segunda, aún sin cerrar, guarda relación con posibles delitos medioambientales asociados a la catástrofe, que implicó un alud de 800.000 toneladas de residuos y consecuencias que todavía se sienten hoy en la ladera de Eitzaga.
Esta tercera causa es, precisamente, una pieza separada de la segunda. La unidad especializada en delitos ambientales de la Ertzaintza elaboró un informe de 3.679 folios y allí se hacía una lista con hasta veinte presuntos ilícitos cometidos en el municipio, aunque la instructora del caso, Laura Yuste, ya acordó que estaba prescrito todo lo anterior a 2015.
La investigación arrancó en 2024 y el secreto de sumario llegó a ser prorrogado en diez ocasiones. Finalmente, a comienzos de 2026 trascendió que la instructora Yuste había acordado la citación como imputada de Baigorri y de los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, así como de la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, al igual que los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.
El argumento principal de las defensas de los acusados es precisamente que la prescripción no debería quedarse en los hechos previos a 2015, sino a todos ellos. No comparten para nada la interpretación jurídica de la magistrada de Durango. Pero hasta que no se pronuncie la Audiencia de Bizkaia no se concretarán los avances.