Los despidos en Tubos Reunidos destapan más de 40 trabajadores eventuales contratados irregularmente
El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.
Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.
Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.
Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.