Esta semana pondrá de manifiesto las paradojas de la arquitectura institucional vasca. El Parlamento vasco, donde se decide un gasto anual de 11.000 millones de euros para Educación, Sanidad, Seguridad o Servicios Sociales, celebrará el miércoles una sesión en torno a la política fiscal cuyos resultados no serán vinculantes. Más decisoria será la reunión a puerta cerrada de este martes del Consejo Vasco de Finanzas, que sienta en una larga mesa de la primera planta de Lakua al Gobierno autonómico, a las tres Diputaciones y a Eudel, la principal asociación municipalista. Este foro se reúne de manera ordinaria dos veces al año. En octubre fija el techo de gasto para el siguiente ejercicio y en febrero cierra las cifras de recaudación fiscal del año anterior. Ahora toca lo segundo y, además, de buena gana: con plusmarca histórica. Los ingresos fueron de 14.473,9 millones, lo que supone 107 millones más de la estimación realizada y un 11,8% más que la recaudación de 2016 (12.950,7 millones).
Dos son los factores determinantes de esta cifra que pone fin a años de zozobras y calamitosos errores de previsión que acabaron por descuadrar los presupuestos de los años de la crisis. El primero y fundamental es la recuperación económica. Décima a décima, como les gusta repetir al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el PIB crece y con él la actividad y los impuestos. El segundo es la inyección que supuso el acuerdo con el Estado en torno a las discrepancias en las liquidaciones del Cupo desde hace una década. El matiz es que no se puede computar como ordinario un ingreso totalmente excepcional.
El desglose en cifras es el siguiente, a falta del visto bueno oficial. En el IRPF se han recaudado 5.132,1 millones, un 6% más. Son 1.111,6 millones en Impuesto de Sociedades, lo que supone un incremento del 10,9%. La recaudación por impuestos indirectos se ha elevado a 7.751,2 millones. El más importante de todos ellos, el IVA, ha tenido un comportamiento excepcional: 6.036,3 millones, un 20,4% más.
El sistema interno de reparto de la recaudación concede el 70% de los ingresos al Gobierno vasco. De esta manera, el Ejecutivo de Urkullu contará con 729 millones adicionales con cargo a 2017. Sostiene el consejero Azpiazu que ese dinero no da para “reformar la casa”, pero sí para tener “holgura” en la “economía doméstica”.
El principal destino de ese 'extra' está destinado a reducir el endeudamiento. Son 434 millones de golpe para contener una partida que se incrementó durante la crisis y cuyos intereses empezaban a condicionar las cuentas, sometidas a un cada vez mayor control del déficit en busca del equilibrio presupuestario de cara a 2020.
El resto sí ha tenido un destino más visible para la ciudadanía. Son gastos ya previstos que se han podido atender en 2017 de modo que quedan liberadas partidas por un valor equivalente en 2018 para otros gastos. Así ha ocurrido con los 44 millones destinados a funcionarios, a los que se adeudaba aún un 25% de la paga extraordinaria retirada en 2012. Y también con 106 millones en inversiones y equipamientos, como la compra de unidades para Euskotren, material para varios hospitales públicos y un adelanto para las obras del nuevo autobús eléctrico de Vitoria. Finalmente, ayuntamientos y diputaciones también han recibido inyecciones extraordinarias. En concreto, el fondo foral de ajuste se ha dotado con 10 millones más y los municipios disponen de 91 millones adicionales.
En las ruedas de prensa posteriores a cada Consejo Vasco de Finanzas la pregunta por las negociaciones de cara a una nueva Ley de Aportaciones son un clásico. Esta norma regula el peso de cada uno de los tres territorios en la caja común vasca. Es el equivalente al Cupo al Estado a nivel interno. La actual se aprobó en 2007 con vigencia hasta 2011. Desde entonces su renovación sigue pendiente, con varios intentos fallidos y promesas de calendario rotas. Según datos de 'El Diario Vasco', desde 2007 Gipuzkoa y Álava han sido las grandes perjudicadas de este sistema, que beneficiaría a Bizkaia. Este territorio habría obtenido 1.232 millones de más, mientras que Gipuzkoa tendría un déficit de 1.073 millones y Álava otro de 159. Para compensar estos desfases, existe un “fondo de ajuste” que beneficia sólo a guipuzcoanos y alaveses. En 2018, se aportarán 53 millones a Álava (fueron 73 en 2017) y 71 a Gipuzkoa (por 27 de 2017). El asunto no está en el orden del día de este Consejo Vasco de Finanzas de febrero, pero las fuentes consultadas no ocultan que puede ser, de nuevo, motivo de comentario. ¿Habrá un compromiso claro para zanjar esta cuestión al fin?