El proyecto de ley de presupuestos de Euskadi, entregado este jueves al Parlamento Vasco, no despeja la incógnita sobre el futuro de las ayudas a la vivienda después de que la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2015 fijara requisitos más elevados para acceder a una prestación económica de 250 euros llamada PEV que los actuales de la Ley de Garantía de Ingresos de 2008, que creó la conocida como PCV. La incertidumbre, básicamente, sigue pesando sobre extranjeros sin permiso de residencia, un requisito no exigido actualmente en Lanbide pero sí en Etxebide, aunque también se modifica el criterio de acreditar tres años de empadronamiento para fijarlo en cuatro como demandante de VPO y se cambian los umbrales de renta.
La Ley de Vivienda, primera en España que fija el derecho a una vivienda a quienes cumplan unos requisitos económicos, establecía una prestación sustitutoria de cuantía equivalente a los complementos de vivienda que perciben los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos, personas sin ingresos o con rentas y pensiones bajas. Estaba ideada para ayudar con 250 euros al pago de un alquiler en el mercado libre si no había una vivienda protegida adecuada a la demanda del solicitante.
Ante la duplicidad de ayudas, PNV y PSE-EE acordaron en el marco de la ley de presupuestos del pasado año que la nueva PEV eliminaría la PCV creada en 2008 en cuanto se aprobara el decreto que desarrollara el derecho a la vivienda. No se planteaba retirar la PCV a los actuales beneficiarios (29.179 a finales de enero, unos 3.200 en situación irregular), pero sí que Lanbide no concediera nuevas altas para que todo la política de vivienda se controlara desde Etxebide. El entonces consejero del ramo, Ángel Toña, se encontró con la “laguna legal” de que con la aprobación del reglamento un colectivo importante de potenciales beneficiarios sufriría automáticamente un recorte de derechos. En el final de la pasada legislatura, el borrador de decreto que tenía Toña en cartera fue retirado y el asunto quedó en punto muerto.
El Gobierno de PNV y PSE-EE podía haber ajustado este entuerto legal con una modificación legislativa en los presupuestos. Sin embargo, la redacción de la disposición sobre las ayudas de vivienda es idéntica a la del año pasado y, si se aprueba el decreto regulador de la nueva prestación, la PCV desaparecerá y habrá perjudicados.
Fuentes del Departamento de Vivienda, ahora en manos de Iñaki Arriola, apuntan a que la fórmula legal para salir de este laberinto aún no está decidida. Podría ajustarse la redacción de la ley de presupuestos en el trámite de enmiendas o podría solventarse la situación dentro de la prometida reforma de Lanbide y de la Ley de Garantía de Ingresos de 2008. Lo que jurídicamente no es viable es que el reglamento sobre Vivienda haga coexistir ambas ayudas para evitar recortes, el objetivo manifiesto de Arriola: un decreto no puede contravenir a una ley.
“El régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relación con el establecimiento, con carácter subsidiario, de un sistema de prestaciones económicas, aplicándose transitoriamente dicho régimen y procedimiento de concesión a aquellas personas que pudieran ser beneficiarias de una prestación económica de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias de vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”