En España, hay investigaciones de corrupción abiertas en una decena de los 46 puertos del Estado. Desde la primavera de 2016 uno de ellos es el puerto de Pasaia, en Gipuzkoa, una de las grandes infraestructuras vascas, que mueve 249.732 coches al año y también 84 millones de euros en pescado fresco. La abogada del Estado y consejera del puerto, Macarena Olona, fue la denunciante a título individual de unas presuntas irregularidades en la construcción de la nueva lonja de pescado que se asemejan poderosamente a otros casos conocidos: contrato adjudicado con un aparente gran ahorro económico (-18%), una empresa muy potente (FCC) asociada con una firma local (Lurgoien), brutales sobrecostes (+32%) y retrasos infinitos en las obras. Un año después, este caso apenas ha arrojado novedades –de hecho, ha quedado archivada su parte económica en el Tribunal de Cuentas-, no hay imputados y las dudas sobre si conducirá a buen puerto son más que razonables.
Fue en abril de 2016 cuando Olona, tras varias denuncias internas en el consejo de administración que apenas ha secundado el sindicato abertzale LAB, se plantó en la Fiscalía con varios informes bajo el brazo y una grave acusación, la de que existía en aquel momento un “desvío” de 4,9 millones de euros por unas obras que ni siquiera habían concluido. Se iniciaron en 2011, su final estaba previsto en 26 meses y hoy, más de un lustro después, continúan sin haber sido completadas. La fiscal guipuzcoana Mercedes Bautista no lo dudó y decidió presentar una denuncia ante el juzgado por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, estafa, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y encargó a la UCO de la Guardia Civil, unidad especializada en delitos económicos, una investigación que se tradujo en un registro llevado a cabo en junio del pasado año.
En una primera fase, la investigación se declaró secreta para la preservación de pruebas, ya que se ordenaron también entradas en las sedes de las empresas y en los despachos de los posibles responsables del desvío de fondos. Bautista situó en esa lista al ya destituido director del puerto, Gregorio Irigoyen, al director facultativo de la obra, David Candelario, y a los representantes legales de FCC y Lurgoien. También se cita que la investigación “habrá de analizar” el papel del presidente de la autoridad portuaria, Ricardo Peña.
Peña, exalcalde de Zumaia por el PNV y aficionado a la náutica, es un cargo elegido por el Gobierno vasco. Aunque el puerto es de titularidad estatal, el poder autonómico participa en su dirección. De hecho, la obra de la lonja de pescado está cofinanciada por los Ejecutivos central y vasco, además de por el presupuesto propio de Pasaia. En entrevistas concedidas a los diarios ‘El Mundo’ y ‘El Diario Vasco’, Peña ha reconocido la existencia de “irregularidades” en la construcción de esta ampliación del puerto, si bien lo rebaja a problemas “administrativos” ya que no aprecia indicios de que nadie se haya llevado dinero. Según Peña, el hecho de que durante los últimos años haya solicitado auditorías para hacer un seguimiento de las certificaciones de obra es una prueba de que no ha actuado de manera negligente.
Continuas modificaciones
La denuncia original ya incorporaba algunas consideraciones técnicas de la ingeniería Idom sobre las obras. Ya en 2012 Idom dejó constancia de su “preocupación” por las “continuas modificaciones” en el presupuesto, todas al alza y muchas de ellas “cuestionables”. “Lo que se trata de averiguar es si este incremento desproporcionado se debe a confabulaciones de la empresa adjudicataria y personal del puerto tendentes a enriquecerse”, apostillaba en su denuncia Olona.
Durante los últimos meses ha sido polémica la contratación de nuevas auditorías externas que deberán contrastar la ejecución de las obras y las certificaciones abonadas a FCC y Lurgoien. Olona, como asesora jurídica del consejo de administración de Pasaia, planteó solicitar ofertas a tres ‘grandes’ del sector, Deloitte, Price Waterhouse Coopers y Ernst & Young, pero Peña “decidió invitar a una empresa local de Gipuzkoa, Ingeniería Salaberria” para que llevara a cabo esa tarea. Fue una decisión personal y una adjudicación ‘a dedo’.
Asimismo, Puertos del Estado ha encomendado ese trabajo a Intemac. Se da la circunstancia de que esta asesoría está vinculada a otra investigación por corrupción en el puerto de Barcelona, un fraude en la ampliación del dique este. Estos trabajos fueron adjudicados en su día a una UTE liderada por FCC. La Fiscalía pide penas de prisión para el equipo técnico que supervisaba esas obras, del que formaba parte Intemac, al entender que no realizaron un seguimiento certero de su desarrollo, lo que permitió la desviación económica.
Múltiples investigaciones
Fuentes internas han manifestado a eldiarionorte.es su preocupación por el hecho de que estas auditorías puedan rebajar la importancia de los hechos denunciados en un contexto en el que las investigaciones se multiplican en puertos del Estado. La Audiencia Nacional, por ejemplo, analiza la ampliación del puerto de Gijón (de nuevo con FCC como protagonista). Hay causas abiertas también en Valencia o Las Palmas, según el estudio elaborado por la fundación Hay Derecho, que remarca el patrón común de que siempre aparece la misma empresa adjudicataria.
En paralelo a la investigación penal, el caso de Pasaia llegó también al Tribunal de Cuentas del Estado. Fue fruto de un informe del interventor del Estado en Gipuzkoa, que también hizo constar irregularidades. Este órgano no sólo tiene competencias fiscalizadoras, sino que dispone de una sección de enjuiciamiento que permite el reintegro de los fondos públicos mal empleados. En Euskadi su labor está siendo más conocida ahora al haber asumido casos como el del polémico alquiler que Alfonso Alonso (PP) firmó siendo alcalde de Vitoria con el empresario, restaurador y expresidente del Deportivo Alavés Gonzalo Antón (‘caso San Antonio’), el del coste de la paralización de la incineradora de Gipuzkoa por parte de los gestores de EH Bildu, el del rescate con fondos de la Diputación de Bizkaia del Bilbao Basket o el del desfalco de las cuentas del pequeño concejo vitoriano de Aretxabaleta por obra de su ‘alcalde’, Miguel Acedo.
Pero el expediente sobre Pasaia apenas superó el umbral de la institución. Como era previsible, Peña reclamó el archivo de la causa al no ver una responsabilidad contable en ninguno de los gestores del puerto, pero lo llamativo es que los delegados en el Tribunal de Cuentas tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado también reclamaron que no se prosiguiera con el procedimiento de reintegro mientras sus compañeros en el País Vasco han impulsado una causa penal por indicios de corrupción.
“No hay indicios”
Olona denunció las irregularidades a título individual después de una tensa reunión del consejo de Pasaia en la que una mayoría rechazó sus argumentos. Eldiarionorte.es revela el acta de la sesión.
La decisión de la abogada del Estado en Euskadi y asesora jurídica del puerto de Pasaia, Macarena Olona, de denunciar las irregularidades en las obras de la lonja de pescado a título individual llegó después de una tensa reunión del consejo de administración del puerto votó la propuesta de Olona de acudir a los tribunales como institución, propuesta que fue rechazada de manera clara por 11 votos a 3. Éstos son algunos fragmentos de esa sesión, celebrada el 5 de abril en 2016:
Antonio Aiz (viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco): “En mi opinión, la expresión ‘levantar alfombras’ no debe emplearse porque, aun reconociendo el sobrecosto de las obras de la lonja, ni la autoridad portuaria ni su consejo están de brazos cruzados. Ya están actuando en aras de la clarificación de la situación”
Marisol Garmendia (diputada de Movilidad de Gipuzkoa): “Se adoptó el acuerdo de aceptar el ofrecimiento de Puertos del Estado de realizar una auditoría. Lo único que cabe es atenerse a este acuerdo”.
Macarena Olona: “Siendo consciente de la gravedad de los hechos, en la medida en la que se constataba que se había ejecutado obra pública al margen del contracto, estamos obligados a tomar todas las medidas administrativas y disciplinarias pertinentes para poder regularizar la situación que se ha detectado. Lo cierto es que el señor Peña, como órgano de contratación, ha dejado bien claro al consejo que ni siquiera los propios intervinientes sobre el terreno han sido capaces de dar una explicación cabal de lo que ha ocurrido en relación con las obras de la lonja pesquera. Estamos hablando de una pérdida absoluta de control sobre la lonja”:
Ricardo Peña (presidente de la autoridad portuaria): “En primer lugar, hay que agotar la vía administrativa y, sin rechazar la propuesta de la señora Olona, entiendo que éste no es el momento de llevarla a cabo sino después de analizar en profundidad la auditoría. Quiero dejar claro que por parte de la presidencia no ha habido ningún afán obstruccionista ni ningún ánimo de empañar la debida transparencia”.
Macarena Olona: “Se puede calificar como se quiera pero lo cierto es que no se ha facilitado la información necesaria”.
Ricardo Peña: “Es importante que quede claro que tanto el consejo como la presidencia y la dirección están volcados en el esclarecimiento de los hechos. Hemos ido actuando y tomando decisiones tanto si han sido del gusto de la abogada del Estado como si no lo han sido. Pido a la señora Olona que, ya que tanto respeta a este consejo, acate lo que se decida”.
José Ramón Zapirain (representante del sindicato LAB en el puerto): “Estoy de acuerdo con la señora Olona al 100% y me parece algo inaudito y que no he conocido en los años en los que vengo desempeñando mi cargo de consejero que el consejo rechace una recomendación de su asesor jurídico”.
Jacobo Caparrós (subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa): “Siempre se ha seguido el criterio de la abogacía del Estado y nunca ha fallado. Aunque con esto no quiero decir que sea infalible, siempre ha sido correcto”.
Macarena Olona: “No hay mejor auditor que el ministerio fiscal. Ya existen elementos que nos obligan a dar entrada al ministerio público”.
Ricardo Peña: “Exhorto a la señora Olona a retirar su propuesta”.
Macarena Olona: “En el uso de sus facultades, puede si así lo desea suspender el consejo y que no se celebre la votación”.
Ricardo Peña: “A mi juicio, para acudir a la Fiscalía hay que tener algún indicio de tipo penal y a fecha de hoy no lo hay. Si los hubiera, acudiría sin demora a la Fiscalía”.