La UCO eleva a 250.000 euros la presunta comisión del expresidente de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correcto electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.