La magistrada de Vitoria que dirige la investigación por las denuncias de filtraciones e irregularidades en las oposiciones médicas que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) convocó en la primavera de 2018, Ana Jesús Zulueta, sugirió en una providencia dictada en febrero de 2021 que la falta de colaboración del Departamento de Salud, ahora dirigido por Gotzone Sagardui pero a cuyo frente estaba el consejero Jon Darpón, dimitido precisamente por estos hechos, obligaría a estudiar una posible “intervención” de los correos electrónicos de tres categorías de esa OPE, Urología, Cirugía Plástica y Neurocirugía, esto es, a enviar a la Policía judicial a por los equipos. En aplicación de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), Zulueta ha pedido un informe a la Fiscalía sobre una medida que “podría afectar al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones”.
La resolución judicial está fechada el 22 de febrero y en ella se remarca que la Subdirección de Informática y Sistemas de Información de Osakidetza no ha aportado “contestación alguna” a los requerimientos judiciales en los que se buscaba conocer qué “consultas” y a quiénes realizaron los tribunales de esos exámenes a la luz de que en medio del proceso se cambiaron las reglas y, en algunos casos, se realizaron exposiciones orales de ejercicios que, en principio, eran escritos y anónimos. En el fondo del caso late la sospecha de que en variadas categorías -hasta veinte se hallan bajo investigación- un reducido grupo de opositores pudo haber sido privilegiado de antemano para lograr las plazas. Estadísticamente, en varias de ellas se repite el patrón de que las mejores notas coinciden con los que eran colegas de hospital de los autores de las preguntas. También hay pruebas de respuestas escritas de desarrollo con textos calcados, como adelantó este periódico.
Zulueta afea también a Osakidetza que no haya aportado en formato digital (“Access, Excel o Word”) información relevante sobre los exámenes como, entre otros aspectos, el identificador anónimo de cada opositor, sus notas por ejercicios y las respuestas en los test (se sospecha que no solamente acertaban las mismas preguntas quienes presuntamente habían recibido una filtración, sino que tenían también una plantilla que les hizo cometer los mismos fallos). Las especialidades investigadas son concretamente Digestivo, Anestesiología, Angiología, Cardiología, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Neumología, Radiodiagnóstico, Urología, Traumatología, Medicina del Trabajo, Neurocirugía, Anatomía Patológica, Otorrinolaringología, Urgencias, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Plástica, Oftalmología y Microbiología.
En un comunicado, uno de los dos sindicatos que está personado como acusación en la causa, ESK (al que estaba afiliados los tres primeros denunciantes, anestesistas del hospital de Arrasate-Mondragón), denuncia que “reiteradamente” salen del juzgado requerimientos a Osakidetza y que la Administración no aporta material que “es fundamental para poder aclarar los hechos encausados”. “Esta actitud de Osakidetza es -para ESK- una clara intención de obstaculizar el proceso investigador, intención que también manifestó de manera reiterada formar parte del proceso como parte perjudicada y que el juzgado rechazó en varias ocasiones”, afirma la central, que señala a Sagardui y a la nueva responsable de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo, por su “nula voluntad” de enmendar un “sistema clientelar instaurado de forma estructural” para primar a determinados profesionales durante años. Su predecesora en el momento de los hechos, María Jesús Múgica, fue objeto de polémica cuando compareció como testigo ya que, para eludir a la prensa, recibió ayuda de ertzainas del Palacio de Justicia y no accedió por la puerta principal.
El sindicato LAB también está personado y se pronuncia en términos similares: “Seguimos constatando la resistencia de Osakidetza a materializar cuantas diligencias solicitadas por la jueza a petición de LAB. Está coqueteando con la obstrucción a la justicia. Para nosotros, esta actitud de probablemente la institución pública más importante del país en la actualidad es humillante para toda la ciudadanía”. 
"Esta actitud de Osakidetza es -para ESK- una clara intención de obstaculizar el proceso investigador, intención que también manifestó de manera reiterada formar parte del proceso como parte perjudicada y que el juzgado rechazó en varias ocasiones"
Se da la circunstancia de que en una fase muy inicial de la investigación la Fiscalía ya dio un toque a Osakidetza por no entregar toda la información disponible. De hecho, envío unos informes con la investigación interna en los que se concluía que no había “elementos objetivos” para probar la existencia de filtraciones aunque en las entrevistas que llevaron a esos dictámenes algunos testigos sí hablaban con rotundidad de irregularidades. Se pueden escuchar aquí los audios de esas declaraciones.
La causa de la OPE de Osakidetza avanza con lentitud en el juzgado. Ha vivido un cambio de instructora -la primera fue Yolanda Varona- y las suspensiones motivadas por la pandemia durante el primer estado de alarma. Ahora, dos declaraciones previstas para esta próxima semana -la de un investigado y la de un testigo- han quedado suspendidas por la convalecencia de uno de los letrados personados, que ha tenido COVID-19.
elDiario.es/Euskadi
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