La rescatada Vicinay plantea despedir a 60 personas, casi la mitad de la plantilla, y un ERTE hasta julio para el resto
La dirección de Vicinay plantea despedir a 60 personas, casi la mitad de la plantilla de su planta de Sestao, y un ERTE hasta el mes de julio para el resto. La decisión se ha comunicado este jueves al comité de empresa “tras unas semanas de análisis de la situación de mercado”, ha señalado la compañía. El periodo de consultas arrancará el 9 de noviembre, en el que la empresa ha mostrado su disposición de negociar para “minimizar todo lo que sea posible el impacto en las personas que las dificultades del mercado están planteando y que exigen rebajar temporal y definitivamente la capacidad de la planta de Sestao”, han señalado desde la compañía.
La empresa ya había adelantado la posibilidad de medidas de recorte el pasado 22 de septiembre tras perder un contrato importante con el que contaban para completar la carga de trabajo. En concreto, era un pedido para la empresa British Petroleum (BP), que se ha adjudicado a un competidor chino. Finalmente, la propuesta planteada este jueves por la dirección es más dura de lo que esperaban los trabajadores, al incluir 60 despidos para una plantilla de 128 personas.
Con la pérdida de este contrato, la empresa sólo tiene carga hasta finales de octubre y sería en diciembre cuando podrían optar a tres pedidos, aunque, de conseguir alguno de ellos, como muy pronto, no volverían a retomar la actividad hasta junio de 2027. Vicinay consiguió librarse de la quiebra gracias a la entrada del empresario Dámaso Quintana -presidente de Haizea Wind- al que se sumó después el Gobierno vasco. En concreto, el Gobierno vasco participó en la compra de la empresa con una inversión de 7,5 millones para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, sociedad holding de Dámaso Quintana que es la que posee el 100% de Vicinay. También entró en la operación Ekarpen, en el que además del Gobierno vasco participa Kutxabak, Mondragon Inversiones y las tres diputaciones forales.
Quintana realizó una oferta vinculante por la empresa, fabricante de cadenas de amarre de alta resistencia para el sector naval o petrolífero, fundamentalmente, por 60 millones de euros, cuando la empresa se encontraba casi al borde de la liquidación tras entrar en preconcurso de acreedores en julio de 2025. La oferta estaba condicionada a conseguir una solución con los acreedores para la deuda de la empresa, que ascendía a más de 150 millones, paso que se consiguió en el mes de febrero tras firmar una quita del 93% de la deuda. Entre los acreedores sigue estando la SEPI, que accedió a aplazar los pagos. Con la entrada del Gobierno vasco y Ekarpen en el mes de julio parecía iniciarse una nueva etapa para la empresa, que retomó la actividad en el mes de mayo, y que ahora puede truncarse por la falta de carga de trabajo.