Pobreza de transporte: cuando desplazarse se convierte en un privilegio
A menudo, la movilidad se aborda desde la perspectiva de las infraestructuras, la tecnología o la reducción de emisiones. Pero existe otra dimensión igualmente importante: la de las personas que necesitan desplazarse para trabajar, estudiar, acudir al médico o mantener sus relaciones sociales, pero encuentran dificultades para hacerlo. Es lo que se conoce como pobreza de transporte, un fenómeno que plantea importantes desafíos para las políticas de movilidad sostenible.
Sobre esta cuestión giró la ponencia “Pobreza de transporte: una perspectiva social y territorial”, impartida por Elena López, investigadora del Centro de
Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid, durante la VI Jornada de Movilidad Sostenible de elDiario.es.
“Hay una capa de infraestructura, una capa digital, de tecnología, una capa de gobernanza también, pero luego hay una capa que es la capa humana”, explicó
López, que propuso situar a las personas en el centro del debate. Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora: “El sistema de transporte es una llave”. Si esa llave no funciona, de poco sirve que al otro lado exista un hospital, un centro educativo o cualquier otro servicio.
Cuatro dimensiones, la misma desigualdad
López explicó que esta problemática puede analizarse a través de cuatro dimensiones: asequibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y disponibilidad. La primera está relacionada con el coste económico de desplazarse. “Hay personas que, por el lugar donde viven o por el lugar donde trabajan, tienen que tener coche sí o sí”, señaló, poniendo como ejemplo a quienes trabajan por turnos en polígonos industriales sin conexiones adecuadas de transporte público.
La aceptabilidad tiene que ver con la adaptación del transporte a sus usuarios. Una persona mayor que no sabe comprar un billete por internet o alguien con movilidad reducida que encuentra barreras arquitectónicas pueden enfrentarse a obstáculos que no siempre aparecen en las estadísticas. López se refirió a las dificultades tecnológicas como “barreras invisibles que no vemos a veces”.
La accesibilidad incorpora factores como el tiempo necesario para desplazarse, mientras que la disponibilidad se refiere a la existencia de servicios adecuados.Estas dificultades pueden acumularse: una persona mayor que vive en un entorno rural y tiene limitaciones físicas puede experimentar varias formas de vulnerabilidad simultáneamente.
En España, las diferencias territoriales son especialmente significativas. “España es un territorio en el que conviven muchísima concentración y muchísima dispersión territorial”, recordó López. Según los datos expuestos, los hogares rurales destinan alrededor del 14% de su presupuesto al transporte, frente al 10% de los urbanos. La distancia media a los servicios esenciales también cambia: 2,5 kilómetros en las ciudades y nueve en las zonas rurales.
La dependencia del automóvil refleja esta desigualdad. Mientras que en las áreas urbanas existen unos 470 vehículos por cada mil habitantes, en los territorios rurales la cifra se aproxima a los 700.
Envejecer sin perder autonomía
Una parte importante de la intervención estuvo dedicada a las personas mayores. López presentó los resultados de una investigación desarrollada desde TRANSyT, en colaboración con la Cátedra ALSA, que analiza las experiencias de mayores de 65 años en Madrid capital y un pequeño municipio de la Sierra Norte madrileña.
En la capital se produce una paradoja: pese a contar con una amplia oferta de transporte público, algunas personas mayores renuncian a desplazamientos por las dificultades digitales, las barreras físicas o la resistencia a depender de familiares. “No quieren ser una carga para los demás. No le quieren pedir al sobrino o al nieto que les saque el billete”, relató López. Algunas personas incluso planifican sus trayectos comprobando qué estaciones disponen de ascensor, por miedo a encontrarse con una escalera mecánica averiada que les impida continuar.
En el entorno rural, las dificultades son distintas. En el municipio estudiado, de apenas 69 habitantes, el automóvil constituye prácticamente la única garantía de autonomía. “El coche es el único soporte vital”, resumió López. Algunas personas pueden llegar en cinco minutos en coche a una actividad en un pueblo cercano, pero encuentran horarios de transporte público incompatibles con sus necesidades.
La posibilidad de perder el permiso de conducir se convierte así en una preocupación fundamental. A ello se suma la presión familiar para trasladarse a localidades mejor comunicadas, aunque muchas personas desean continuar viviendo donde han pasado toda su vida. “Ellos quieren quedarse allí y que les demos soluciones para poder envejecer en su hogar de toda la vida”, explicó la investigadora.
Frente a estas situaciones, López defendió soluciones adaptadas a cada territorio. En las ciudades, planteó mejorar la accesibilidad universal, adaptar el transporte al envejecimiento y mantener canales de atención humana: “Que haya canales de atención a los que las personas mayores puedan llamar y no sea una inteligencia artificial”.
En las zonas rurales, destacó las posibilidades del transporte a demanda, las rutas flexibles, los taxis rurales subvencionados y la movilidad compartida. Medidas que deben combinarse con otras políticas públicas para garantizar que todas las personas puedan mantener su independencia y seguir viviendo donde desean.