La negociación del convenio del campo ha arrancado esta semana entre la patronal y los sindicatos con un buen ambiente y con la preocupación por parte de los empresarios agrarios de la falta de mano de obra.
La mesa negociadora de este convenio sectorial, el que afecta al mayor número de personas trabajadoras en Extremadura, casi 65.000, se ha constituido compuesta por los mismos representantes que negociaron el convenio anterior, es decir las organizaciones agrarias Apag-Extremadura-Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres, Afruex y COAG, así como los sindicatos CCOO y UGT.
La negociación arranca con el acuerdo anterior aún vigente, lo que puede contribuir a generar certidumbre y seguridad jurídica a todas las partes, cuestión importante para crear un clima de negociación adecuado, según ha señalado UPA-UCE.
En ese sentido, su secretario general, Ignacio Huertas, ha recordado que en el anterior convenio ya se modificaron cuestiones importantes, por lo que ahora “se trata de actualizar” más que de generar grandes reformas sobre el mismo.
Para el responsable de Apag-Extremadura-Asaja, Juan Metidieri, la primera reunión se ha desarrollado con normalidad, en “los cauces previstos”, por lo que todos se han emplazado a elaborar sus propuestas y a celebrar una nueva reunión a finales de febrero en la que empezar a debatirlas, una vez que hayan podido ser analizadas.
Los representantes de la patronal agraria han señalado el problema de la falta mano de obra en el campo como una prioridad a la hora de abordar el nuevo convenio.
En ese sentido, Huertas ha considerado necesario aprovechar la mano de obra disponible de la manera más eficiente posible, lo que “puede suponer flexibilizar las condiciones para la realización de las horas extraordinarias, que permitan responder a las necesidades puntuales, y que al mismo tiempo supongan una mejor remuneración de los trabajadores y no como hasta ahora que están muy penalizadas, impidiendo así la utilización de este recurso”.
Por su parte, Metidieri ha considerado también esencial que se ponga en marcha la tarjeta profesional agraria, como demanda su organización desde hace tiempo, y ha instado “principalmente” a la Administración a que “más pronto que tarde se ponga en funcionamiento”, ya que podría “aliviar mucho” la burocracia tanto al empresario como al trabajador. Esta tarjeta incluiría todos los datos de trabajador, así como su formación, sin que se tenga que actualizar cada vez que hay un cambio de empresa.
El dirigente de APAG-Extremadura-Asaja no cree que vaya a haber problemas con respecto a las condiciones salariares, aunque se acuerde una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 50 euros, como actualmente se negocia, ya que si esto se aprueba en una ley, será de obligado cumplimiento y habrá que incluirlo en el convenio.
Por parte de los sindicatos, Ricardo Salaya, de UGT, ha destacado el ambiente relajado en el que se ha desarrollado esta reunión, en la que se ha acordado la composición de la mesa negociadora, la representación que tiene cada organización y la ponderación del voto, un acuerdo que en la negociación del anterior convenio costó cuatro reuniones y ahora se ha alcanzado en poco más de una hora.
Salaya ha recordado que las prioridades de las centrales sindicales son siempre las mismas, “mejorar las condiciones de vida” de los trabajadores y trabajadoras y ha considerado que aún es prioritario para señalar cuestiones concretas.
Con respecto a la preocupación de la patronal por la falta de mano de obra en el campo, ha dicho que esto es común a muchos sectores por la baja natalidad de España y “el problema es que los sectores donde los salarios son bajos es muy difícil conseguir que la gente quiera trabajar y buena parte de la gente joven ahora elige donde trabaja”.