La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha acordado la apertura del periodo de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley del Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, que deberá continuar dando los pasos correspondientes establecidos en la normativa vigente hasta su entrada en la Asamblea de Extremadura.
Durante los próximos 15 días hábiles cualquier persona física o jurídica podrá examinar dicho proyecto normativo y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través del correo electrónico “dgpih.tex@juntaex.es”.
El proyecto normativo también estará a disposición de la ciudadanía en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, Sección de Participación Ciudadana, Proyectos Normativos, en la dirección “http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-transicion-ecologica-y-sostenibilidad” y presencialmente en las dependencias de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas.
El objetivo de este anteproyecto es desarrollar una ley pionera en la región que regule el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma y de las entidades locales extremeñas en materia de agua y su ciclo urbano, ha informado este miércoles el Ejecutivo regional en un comunicado.
Con esta nueva norma se pretende garantizar un nivel de protección elevado del dominio público hídrico y un uso sostenible del agua, además de la aplicación de los derechos humanos de acceso a un servicio de agua y saneamiento y la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para todos los extremeños.
El anteproyecto recoge también diferentes medidas para asegurar un rendimiento óptimo en las redes de abastecimiento y la calidad de los servicios, impulsar la planificación de infraestructuras para poder elaborar un plan regional cada seis años o asegurar la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la administración autonómica.