Extremadura inicia el camino a los tribunales contra el Plan Estatal de Vivienda porque “beneficia” a Catalunya y Euskadi
La Junta de Extremadura ha acordado este martes iniciar los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda por entender que este invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma y por imponer unas condiciones económicas y de gestión que no comparte. Se trata de un acuerdo adoptado por el consejo de gobierno en su reunió semanal, aunque no se encontraba en el orden del día.
La portavoz del Ejecutivo extremeño y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha precisado que se ha determinado iniciar dos requerimientos previos a la interposición de dos recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso administrativa al entender que la comunidad “tiene competencia exclusiva en materia de vivienda”, por lo que no van a aceptar que les impongan decisiones que le corresponde tomar a la región.
Además, la portavoz ha denunciado que el reparto económico que establece el citado plan estatal “es claramente desequilibrado”, ya que el Gobierno de España exige a las comunidades autónomas un esfuerzo financiero muy superior al que él asume. En ese sentido, ha precisado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementa su financiación 2,9 veces más de lo actual y obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación, algo que consideran que “no es justo”.
Manzano ha precisado que de los 210 millones de euros que se establecen para Extremadura, esta tiene que poner 84 millones, “un esfuerzo económico con recursos propios que es absolutamente desproporcionado”.
Tras dejar clara que van a utilizar “todos los instrumentos legales previstos en el ordenamiento jurídico para combatir esta injusticia”, la portavoz de la Junta ha precisado que todo esto se hace “por lealtad, por la defensa incondicional de los intereses de nuestra comunidad autónoma y por responsabilidad institucional”.
A su juicio, la obligación recogida en el Plan Estatal de Vivienda de cofinanciar el 40% de todas y cada una de las actuaciones supone una imposición que invade las competencias autonómicas, mientras que la atención a zonas tensionadas hará que la aportación estatal a comunidades como Cataluña o el País Vasco “sea mucho mayor”.
Además, en el ámbito de la gestión, Manzano ha criticado que para cualquier actuación, las comunidades autónomas tendrán que contar con una autorización del Ministerio para su financiación, lo que supone, asimismo, una limitación a la autonomía financiera y política de Extremadura.