El Fiscal Superior de Extremadura arremete contra la “relativización” de la violencia machista y denuncia presiones e insultos a la justicia

Cuentan que los datos no son fríos cuando tienen rostro y nombre En la solemne apertura del año judicial, el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha pronunciado en voz alta los nombres de María, Isham, Verónica, María Antonia y Belén. Las cuatro primeras, mujeres asesinadas por la violencia machista en la región en 2025; la última, la educadora trágicamente fallecida en Badajoz. Con este alegato inicial, los datos de la Memoria de la Fiscalía de 2026 (correspondiente al ejercicio 2025), difundidos también este lunes, se han convertido en un contundente toque de atención político, social e institucional.

Montero Juanes ha aprovechado la presencia de las autoridades en el acto para cargar duramente contra los discursos políticos y sectores sociales que pretenden “relativizar” o “enmascarar” la violencia de género encuadrándola en otras tipologías delictivas. “La violencia de género representa una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen, caracterizada por un abuso de poder estructural que busca controlar, dominar y someter a la mujer”, ha aseverado con rotundidad.

El máximo responsable del Ministerio Público en la comunidad ha tildado de “inadmisibles” las cifras que arroja la región, con más de 2.900 casos activos en el sistema VioGén y más de 500 mujeres en situación de riesgo medio o alto. En este sentido, ha dirigido un reproche directo a la administración local al lamentar que “no todas las grandes ciudades de la comunidad autónoma tengan implementado el sistema VioGén”, recordando que cada fallo institucional “es un fracaso colectivo que desprotege a toda la sociedad”.

“Acoso, insultos y presiones a jueces y fiscales”

Junto a la violencia machista, el otro gran eje del discurso del Fiscal Superior ha sido la encendida defensa de la independencia judicial frente al clima de crispación política que vive el país. Montero Juanes ha calificado de “despreciable” la oleada de “presiones desaforadas, descalificaciones, insultos e incluso amenazas” que sufren los integrantes de las carreras judicial y fiscal por el simple ejercicio de sus funciones constitucionales.

“La deslegitimación de las instituciones y la creciente instrumentalización política de las decisiones judiciales constituyen una amenaza real para la confianza ciudadana en el Estado de Derecho”, ha advertido Montero Juanes, quien ha querido desvincular categóricamente la estructura jerárquica de la Fiscalía de cualquier ingerencia gubernamental: “La dependencia jerárquica no es subordinación externa. El Ministerio Fiscal no recibe instrucciones de quienes son ajenos a su organización”.

Radiografía delictiva: las agresiones sexuales se duplican

El discurso del Fiscal Superior se ha sustentado en los abrumadores datos que recoge la Memoria de la Fiscalía de Extremadura de 2026. Pese a que el volumen global de procedimientos penales en la región se mantuvo estable respecto al año anterior (48.446 causas incoadas), el análisis cualitativo muestra una deriva preocupante en varios frentes.

El incremento más alarmante se concentra en los delitos contra la libertad sexual. En solo dos años, las agresiones sexuales registradas en la comunidad prácticamente se han duplicado, pasando de 187 casos en 2023 a 360 en 2025. Un ascenso del 32,8% que tiene en la victimización de menores de 16 años su vertiente más sombría.

La Fiscalía advierte de una “alarmante espiral” en la que el 20% de los procedimientos por delitos sexuales abiertos en Extremadura tuvieron como investigados a menores de edad. Desde el Ministerio Público señalan como causas directas la falta de formación ético-afectiva y el acceso prematuro a la pornografía en la red, cuya edad media de inicio se sitúa ya en los 11 años, habiéndose detectado casos con apenas 8 años.

Récord en ciberestafas y 'corredores' del narcotráfico

La Memoria de la Fiscalía dibuja además la consolidación de nuevas dinámicas delictivas en el territorio extremeño. Por un lado, las ciberestafas se han desbocado tras un breve paréntesis en años anteriores, de modo que las estafas cometidas a través de medios tecnológicos volvieron a romper la tendencia a la baja al subir un 9,65% y alcanzar los 2.387 casos procesados, lo que representa ya el 80% de toda la criminalidad informática en la región.

Asimismo, se constata la consolidación de 'corredores de la droga'; aunque el tráfico de drogas convencional descendió un 12%, las modalidades agravadas y de gran escala se dispararon un 94,5%, y el flujo constante de estupefacientes procedentes del puerto portugués de Sines ha obligado a implementar en 2025 la figura específica del fiscal delegado Antidroga en la provincia de Badajoz.

Por último, Extremadura se sitúa como líder en agresiones a sanitarios al encabezar el ranking nacional con la tasa más alta de agresiones a facultativos, registrando 5,80 incidentes por cada mil médicos, cifra que supera el doble de la media española, situada en 2,71. Ante esta situación y para unificar criterios evitando penas menores de multa ante ataques a médicos y profesores, el Fiscal Superior dictó la Instrucción 1/2025 exigiendo la aplicación rigurosa del delito de atentado.

Mal estado de las carreteras y reforma procesal

En materia de seguridad vial, la Fiscalía cifra en 39 los fallecidos en las carreteras e intramuros extremeños en 2025, lo que supone un repunte del 21,8% respecto al ejercicio anterior. Más allá del alcohol y las distracciones, Montero Juanes puso el foco en un factor raras veces asumido por las administraciones: el deterioro del firme. Según diversos estudios citados en el informe, hasta un tercio de la red viaria regional presenta desperfectos de consideración que elevan exponencialmente el riesgo de siniestro.

Para combatir la siniestralidad, la Fiscalía de Extremadura ha elevado la propuesta formal de reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante a 0,2 gramos por litro en sangre para todos los conductores.

Como cierre de su memoria, Montero Juanes insistió en la necesidad urgente de jubilar la “vetusta” Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 para implantar un modelo moderno donde la investigación penal recaiga en la Fiscalía bajo el control de un juez de garantías. Eso sí, supeditó esta reforma a un reforzamiento previo del estatuto de neutralidad del Fiscal General del Estado, desvinculando su mandato del Gobierno de turno y dotando a las fiscalías territoriales de autonomía presupuestaria y policía judicial propia.