El PSOE denuncia que la Junta deja en el aire las ayudas al alquiler tras desactivar las oficinas de vivienda
El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Junta de Extremadura que retome de inmediato el diálogo con las Diputaciones provinciales con el objetivo de recuperar el convenio que hacía posibles las Oficinas Comarcales de Vivienda, un servicio que, según ha denunciado la formación, el Ejecutivo regional “dejó extinguir en 2025”. En una rueda de prensa ofrecida este martes, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que estas oficinas constituyen un instrumento fundamental y de gran utilidad para la ciudadanía, al proporcionar un valioso apoyo técnico en cuestiones urbanísticas, de acceso a la vivienda y de tramitación de ayudas.
Para ilustrar su relevancia práctica, Rosiña ha detallado que solo en el último año las oficinas de la provincia de Badajoz permitieron resolver 61 expedientes de accesibilidad por un importe de dos millones de euros, además de prestar asistencia administrativa a más de 2.700 solicitudes de ayudas al alquiler. En este sentido, ha señalado que se trata de un “compromiso efectivo con las políticas de vivienda” que da respuesta a necesidades reales frente a unos trámites burocráticos calificados de “tediosos y difíciles”, especialmente para quienes carecen de conocimientos especializados en la materia.
La portavoz socialista ha lamentado que, a pesar de los intentos constantes de las diputaciones provinciales durante todo el año por reabrir la comunicación y proponer un nuevo marco de colaboración para mantener el servicio, la respuesta del Gobierno extremeño haya sido “la callada por respuesta”. Asimismo, ha elogiado el papel de las diputaciones al haber reubicado en otros servicios a los trabajadores a los que la Junta “decidió dejar en el limbo”.
Críticas a la gestión y al decreto de vivienda
Por otro lado, Gil Rosiña ha criticado con dureza la gestión general del Ejecutivo liderado por María Guardiola, a quien ha pedido que “empiece por aplicarse el cuento” en materia de diálogo institucional. En esta línea, ha afeado al Gobierno regional que llevase a la Asamblea la convalidación de un decreto ley de vivienda sin consensuarlo previamente ni con las fuerzas políticas de la oposición ni con los ayuntamientos, que tienen un papel clave en estas políticas. Los socialistas votaron en contra de la norma al advertir que muchos de sus preceptos tienen “visos de inconstitucionalidad”, lo que podría derivar en la apertura de una comisión bilateral por parte del Gobierno central para resolver discrepancias.
Finalmente, la portavoz ha censurado “la incoherencia, inacción y falta de responsabilidad” que representa el hecho de que la Junta vaya a aprobar en Consejo de Gobierno su propio Plan de Vivienda regional mientras mantiene recurrido el Plan Estatal de Vivienda, recordando que la práctica totalidad de los recursos económicos que nutren el plan autonómico provienen del marco estatal.