La política nacional embarra el debate de la vivienda en Extremadura
El debate sobre el acceso a la vivienda en Extremadura ha arrancado este jueves en la Asamblea con la atención parlamentaria más puesta en el barro de la política nacional que en las soluciones para el mercado regional. A pesar de que el pleno abordaba un problema que tanto el PP como el PSOE coincidieron en calificar de “muy complejo”, la sesión ha degenerado rápidamente en un intercambio de reproches partidistas al hilo de la actualidad nacional y la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La figura de Maricarmen, la anciana de 87 años convertida en símbolo contra los desahucios y fallecida la pasada noche en Madrid, se ha colado de lleno en la Asamblea. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha acusado a la izquierda de “utilizar” su muerte con fines políticos, un dardo al que el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha replicado asegurando no consentir tal afirmación y advirtiendo de que “hay muchas personas en riesgo de ser Mari Carmen en Extremadura”.
El tono más agrio y efectista de la jornada lo ha protagonizado el diputado del PP Miguel Ángel Nieto, quien no ha dudado en reproducir audios con antiguos anuncios de Pedro Sánchez sobre vivienda. Nieto ha arremetido contra el presidente del Gobierno asegurando que en sus ocho años de mandato “solo le han importado dos viviendas: La Moncloa y la casa de Jéssica”, en referencia al piso vinculado al exministro José Luis Ábalos. Ramírez, por su parte, ha tildado a Sánchez de “tramposo” por intentar convalidar en la Diputación Permanente dos decretos previamente rechazados por el Congreso.
Dos modelos enfrentados
Al margen del ruido nacional, el debate ha servido para escenificar la brecha ideológica que separa a los grupos de la Cámara. PP y Vox defendieron una receta centrada en elevar la oferta y dar seguridad jurídica a los propietarios. El consejero ha acusado a la izquierda de “demonizar” a los arrendadores y provocar que retiren inmuebles del alquiler, respaldándose en el plan autonómico de vivienda dotado con 950 millones de euros. En la misma línea, el parlamentario de Vox Javier Bravo ha defendido aplicar el principio de “prioridad nacional” en las ayudas y redujo el balance de la ley estatal a “tiendas de campaña y cajas de cartón”.
Por contra, PSOE y Unidas por Extremadura han exigido intervenir el mercado para frenar la escalada de precios. El socialista Juan Ramón Ferreira ha advertido de que fiarlo todo a construir más pisos replica los errores del estallido de la burbuja de 2008 y ha criticado una política fiscal que pone la “alfombra roja a los especuladores”, denunciando que desde 2023 la oferta de pisos turísticos ha crecido un 33% en la región mientras el alquiler habitual cae un 18%.
Finalmente, la diputada de Unidas Alba Soto ha recordado que la Junta ostenta competencias exclusivas en esta materia, ha alertado sobre la falta de mano de obra en la construcción y ha propuesto un plan para rehabilitar y sacar al mercado el stock de viviendas vacías en Extremadura.