El Gobierno central ha movido ficha en torno al futuro de la Central Nuclear de Almaraz a dos meses de las elecciones generales. Durante mucho tiempo han sido solo rumores, aunque finalmente el Ejecutivo de Rajoy lleva adelante la autorización para la construcción de un almacén de residuos temporal en Almaraz.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado 24 de octubre un anuncio que saca a información el proyecto "Almacén Temporal Individualizado para Combustible Gastado de C.N Almaraz" y el Estudio de Impacto Ambienta. Se somete a información pública por un periodo de 30 días hábiles. Tras concluir el periodo de alegaciones saldrá una una resolución definitiva del proyecto.
El anuncio se hace sin que haya sobre la mesa un calendario de cierre de los dos reactores que alberga la central cacereña. Y es precisamente éste el motivo por el que los colectivos y partidos antinucleares están convencidos de que el proyecto del ATI es un paso previo para ampliar la vida útil desde los 40 años iniciales hasta los 60.
En los años 2020 y 2022 los residuos radiactivos acumulados en las piscinas de la Central Nuclear de Almaraz se saturarán, según los datos que maneja Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos.
Esta fecha coincide con el final de la vida útil de las instalaciones. Si Almaraz tiene capacidad para albergar residuos gastados hasta el año en que concluye su periodo de vida autorizado, surge la duda de para qué se contruyen un ATI precisamente ahora.
¿Qué es un ATI?
Un Almacén Temporal Individualizado se compone de una losa de hormigón y unos contenedores para depositar los residuos gastados de la central. La postura de los ecologistas es la de oponerse al ATI en caso de que no sirva para desmantelar las instalaciones.
A su juicio el anuncio del PP intenta prolongar el funcionamiento de las centrales, por lo que se oponen a su construcción. Así se lo transmitieron el pasado 25 de septiembre al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en una reunión a la que asistieron representantes del Foro Extremeño Antinuclear, y que se celebró en la sede de la Presidencia.
Las voces en contra
Francisca Blanco, del Foro Extremeño Antinuclear y miembro del área de Energía de Ecologistas en Acción federal, piensa que tras la negativa de Castilla-La Mancha de hacer un ATC, “y la intención de alargar la vida de las centrales nucleares”, eran necesarias nuevas instalaciones en las que albergar los residuos radiactivos.
“Lo que están barajando en sus pasillos es alargar la vida de todas las centrales nucleares hasta los 60 años. No se atreven a decirlo claramente, porque claro, nos pondrían en pie de guerra, y las van aumentando de poco en poco, en almacenes donde ir guardando los residuos”, asegura esta activista.
Una postura que comparte Chema Mazón, de la asociación conservacionista ADENEX. A su juicio se trata de un movimiento más para dejar comprometido el futuro de la central al próximo gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre. “Está claro que las empresas han presionado, y el lobby nuclear también, para prolongar la vida útil para prolongar la central al menos 10 años más”.
Apunta en este sentido que el movimiento ecologista ya trabaja para plantear al nuevo gobierno que salga de las urnas un calendario de cierre pactado, como se ha hecho en países como Alemania, Bélgica o Suecia.
Otra de las cuestiones que plantea es que la propia comarca de Campo Arañuelo necesita saber una fecha de cierre. Calcula que el desmantelamiento de la central dará trabajo durante 25 años, aunque “la comarca necesita tener un plan económico para recoger ese impacto desde el cierre de esta industria”.
Advierte también del “desgaste” de las instalaciones, que iría en aumento con el paso de los años. Una posición parecida tiene Equo Extremadura, que advierte además de otros peligros externos, en este caso el transporte por carretera de los residuos hasta Almaraz.
“Nuestro empeño desde el principio ha sido en el caso de Almaraz, que se cierre la central. Obviamente no se puede cerrar de hoy para mañana, tiene que haber un proceso de cierre, con el tema de empleo y demás”, señala Juan Carlos Vila.
Equo y el Foro Antinuclear piden una respuesta “activa” tras salir a información el proyecto. “Si realmente su voluntad es la de cerrar Almaraz, es el momento de demostrarlo”. “Es así de fácil, y esto es un problema de todos los extremeños, y debería de llegar a la Asamblea de Extremadura. Debería de definirse sobre esto”.
En contra del ATI también se ha mostrado Ramón Alvarado, coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, que adelanta que harán alegaciones al proyecto. Los ecologistas reclaman igualmente un posicionamiento firme a la Junta de Extremadura.
“Nos oponemos completamente a la construcción del ATI, porque en estos momentos implicaría alargar la vida útil. Solicitamos un cierre programado, por cuestiones de seguridad”.
La organización ecologista Greenpeace hacía público meses atrás un nuevo informe sobre la seguridad de las centrales nucleares en Europa, en el que analiza los planes de acción nacionales a través del ejemplo de diez plantas, entre ellas la cacereña de Almaraz, a la que suspende. El resultado de ese informe es muy negativo para la seguridad de la planta extremeña y en esas circunstancias solicita el cierre de la planta por motivos de seguridad.
Según este informe, la central extremeña suspende el test de resistencia nuclear en la evaluación encargada por la organización ecologista a la experta independiente Oda Becker en ocho puntos destacados. El documento se basa en la serie de “pruebas de resistencia nuclear'' que se establecieron a raíz del desastre nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011 y que Greenpeace ha evaluado sistemáticamente. Así, señala que no cuenta con válvulas de seguridad para prevenir una explosión de hidrógeno, como tampoco las tenía Fukushima, y su instalación no está prevista hasta finales de 2016, ni cuenta con medidas eficaces de gestión de accidentes para asegurar la integridad de la contención de la radiactividad durante un accidente grave en ninguna de las dos unidades de la central.
No hay evaluación de riesgos naturales
También echa en falta evaluación de los riesgos naturales y añade que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se toma en serio el riesgo sísmico, ya que ha tardado casi 5 años en comenzar la evaluación sísmica que le exigió la UE, y alerta de la inexistencia de sistemas de ventilación con filtro y de que la implementación de un sumidero final de calor alternativo ni siquiera está previsto Añade que la debilidades de diseño continúan, ya que el edificio del reactor y el de la piscina de combustible gastado no tienen ninguna protección especial y por lo tanto son relativamente vulnerables frente a eventos externos.
Asimismo, señala que se ignora el hecho de que la energía térmica de ambas unidades se ha incrementado y esto acelera los procesos de envejecimiento, un tema cada vez más relevante en una central que en su cuarta década de vida operativa.