ADEGA denuncia que la Xunta adjudicó 300 peritajes en litigios eólicos a una empresa vinculada a la patronal del sector
La asociación ecologista ADEGA ha denunciado una “adjudicación masiva a dedo” de 321 contratos menores –sin concurso público– por parte de la Xunta a la consultora Atefor S.L. para redactar informes periciales en litigios relacionados con la implantación de parques eólicos. Según los ecologistas, Atefor trabaja habitualmente para empresas del sector e, incluso, llegó a peritar para la administración proyectos en los que había tomado parte previamente, redactando los documentos ambientales iniciales.
Dos de los vocales de ADEGA, Fins Eirexas y Belén Rodríguez, ofrecieron este lunes una rueda de prensa en Santiago en la que desplegaron un rollo de papel con el conjunto de los contratos adjudicados a Atefor, que suman un importe global de 265.534,50 euros.
Los ecologistas explicaron cómo, en los procesos judiciales relativos a las autorizacines eólicas, la Xunta aporta en su defensa informes firmados por funcionariado que ocupa puestos de libre designación, “haciendo valer que goza de presunción de imparcialidad”. En su condición como demandante “en más de 30 procesos de impugnación” de esas autorizacines, ADEGA pudo comprobar cómo el gobierno gallego “acostumbra” a añadir a estos procedimientos otros informes periciais redactados por Atefor y “destinados a rebatir los informes técnicos aportados por las entidades demandantes”.
Según ADEGA, Atefor S.L. es una empresa domiciliada en Madrid cuyo socio único es otra firma, Cubas de Don Luis, S.L., una sociedad que tiene por objeto el alquiler de bienes inmobiliarios. Fue la encargada de redactar el documento de inicio ambiental del parque eólico Afrende, de tramitación estatal, proyectado en los ayuntamientos pontevedreses de A Estrada, Silleda y Forcarei, y promovido por Volantis Renovables, propiedade de Tasga Eólica, S.L. cuyo consejero delegado es Juan Jesús Berzosa, vocal de la Asociación Eólica de Galicia. Afrende comparte infraestructuras de evacuación y punto de conexión con Outeiro Grande y Monte Festeiros parques recurridos judicialmente por ADEGA y para los que la Xunta contrató peritajes a Atefor. “O sea”, explicó Eirexas, “esta consultora trabajó para la Asociación Eólica en vía administrativa y trabaja siendo la voz de la Xunta en los procedimientos judiciales. Es una cosa alucinante”.
Para los ecologistas, “queda nuevamente acreditada la total identificación entre los intereses de las eólicas y de la Xunta, que asume como propios los argumentos de la patronal, con desprecio absoluto por la imparcialidad administrativa y sustentando su defensa en informes suscritos por funcionariado de libre designación y en informes redactados por una empresa que también trabaja para las eólicas”.
Una “Xunta en B”
ADEGA enlaza esta denuncia con informaciones como las de elDiario.es que desvelaron que la Xunta adjudicó el seguimiento y valoración de las autorizaciones ambientales integradas (AAI) a la unión temporal de empresas formada por otras dos consultoras, SGS Tecnos y Acivro, “que también trabajan para el sector energético y la patronal eólica”. Este comportamiento, que se desarrolla “de forma deliberada, opaca y de dudosa legalidad” está “usurpando directamente funciones que tienen que ser ejecutadas por funcionariado público que actúe con objetividad e imparcialidad”. “Este modus operandi del gobierno Rueda es escandaloso porque supone, en la práctica, la existencia de una administración privatizada y paralela, oculta para la ciudadanía gallega y volcada en la defensa de los intereses privados y no del interes general en la defensa del medio ambiente”.
Los ecologistas recuperan las palabras de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente hasta la pasada semana, cuando fue ascendida a titular de Política Social, quien –tanto en el Parlamento como ante los medios– insistió en distintas ocasiones en que “son los técnicos de la Xunta los que determinan si los proyectos industriales como el de Greenfiber [la macrocelulos de Altri] o los parques eólicos son viables o no ambientalmente”. Para ellos, resula “paradójico” que reclamase evitar “ingerencias externas” mientras emprendía una “intensa acción privatizadora” de las funciones administrativas: “una muestra de cinismo” que “intenta confundir a la ciudadanía, influir en los procesos judiciales abiertos” y que acreditan “el compromiso férreo del actual gobierno autonómico con los intereses privados” y la “inexistencia del más mínimo atisbo de imparcialidad en las decisiones administrativas que afectan al medio ambiente”.