La Xunta privatiza el seguimiento de las autorizaciones ambientales tras el veto judicial a externalizar su tramitación
El pasado 24 de julio, víspera del Día de Galicia, la Xunta contrató por casi 900.000 euros las tareas administrativas de seguimiento, análisis y valoración de las autorizaciones ambientales integradas (AAI) a una unión temporal de empresas formada por SGS Tecnos S.A.U. y Acivro Consultoría de Medioambiente, S.L. Lo hizo después de que en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase, tras una denuncia del sindicato CIG, parte del decreto que regulaba las entidades de colaboración ambiental, al entender que implicaba “una privatización parcial” del proceso de redacción de esas autorizaciones. La Consellería de Medio Ambiente defiende que, en esta ocasión –al contrario de lo que sucedía con el decreto–, las labores estrictamente técnicas que se externalizan no invadirán “potestades públicas”.
El departamento que hasta el martes dirigía Ángeles Vázquez y que ahora encabeza Nicolás Vázquez –exsecretario general de Industria con competencias en Desarrollo Energético– se escuda en su “insuficiencia de medios” para ejecutar ya no las tareas de tramitación sino las de supervisión de las AAI. “Para la evaluación de la documentación relativa a los seguimientos (...) es imprescindible disponer de un equipo especializado en tareas y trabajos de análisis, valoración y/o redacción de informes técnicos referidos a dichos seguimientos, así como para dar respuesta al resto de necesidades” , explican en la justificación del contrato. El personal “mínimo” para el servicio son un coordinador y cuatro técnicos a tiempo completo. El contrato, con un coste de 874.849,08 euros, IVA incluido, se extiende durante 36 meses, prorrogable otros 24 más.
“La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade carece de los medios de personal y técnicos propios para poder llevar a cabo este servicio” ya que “toda la información que los titulares deben presentar ante la Administración supone un volumen de entradas y salidas de documentación que hay que gestionar (revisar, incorporar a un expediente digital y almacenar la información) por lo que es necesaria una labor administrativa inicial y posteriormente una labor técnica de análisis del expediente que no resulta asumible para el departamento con su actual dotación de medios personales”.
“Esta modalidad de colaboración técnica se encuentra expresamente amparada por la legislacion de contratos del sector público y resulta coherente con la doctrina del TSXG que, en dos sentencias recientes, reconoció la posibilidad de recurrir a medios externos para la realizacion de tareas de naturaleza técnica o instrumental que no impliquen el ejercicio de potestades públicas”, explica por correo electrónico un portavoz de Medio Ambiente.
Adjudicación con giro final
Al concurso público, convocado en febrero, se presentaron dos propuestas: la de WSP SPAIN-APIA S.A.U. y la UTE de Tecnos y Acivro. La oferta de WSP fue la mejor valorada. La mesa de contratación le otorgó una valoración total de 90 puntos frente a los 73,38 de su competidora. Parte de la ventaja la obtuvo en la oferta económica: 632.362,20 euros –sin IVA– frente a 723.015,77. Pero, además, su equipo ganaba tambien en experiencia (5 puntos a 0) y formación específica (10 a 5).
Sin embargo, pese a esas puntuaciones, y después de solicitar documentación complementaria, la mesa consideró que “parte del equipo mínimo de trabajo” propuesto por WSP –una multinacional con 75.000 empleados y unos 600 trabajadores en plantilla en España – no acreditaba el tiempo mínimo de experiencia laboral requerido por el contrato. Para la Xunta, ese hecho equivalía a retirar su oferta, por lo que la adjudicación, “como indica la normativa de contratación del sector público” pasó al siguiente licitador.
SGS Tecnos –filial española del grupo suizo– está considerada una de las líderes del sector de inspección y control para fabricantes y promotores de parques eólicos, un trabajo que ahora, junto a la consultora Acivro, realizará para el otro lado: la administración. Acivro, que tiene como administrador único a Miguel Ángel Caruncho Campanario, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, ha realizado más de una decena de proyectos para parques e infraestructuras de la energética Greenalia.
El propietario de Greenalia, Manuel García Pardo, impulsó junto a Altri el proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo), que generó una enorme oposición social y del que el gobierno gallego acabó desistiendo. Culpó de ello al ejecutivo central, por negar la subestación energética que reclamaba la pastera para su puesta en marcha. Sin embargo, esa planificación energética no es todavía definitiva y su redacción final dependerá del gobierno que salga de las urnas tras el 29N.
En respuesta a elDiario.es, Medio Ambienta subraya que los parques eólicos “no están sometidos al régimen de AAI, por lo que los trabajos de asesoramiento ambienal a los promotores de estos proyectos no guardan relación con el objeto del contrato”. Añaden además que los pliegos de licitación establecen expreamente un régimen de incompatibilidad que impide desarrollar, durante la vigencia del contrato, trabajos para empresas o particulares relacionados con el servicio, “incluida la elaboración de documentación relativa a las modificaciones, revisiones, adaptaciones o seguimiento de las AAI”.
La sentencia de la Sección Tercera
En julio de 2023, la Xunta publicaba el decreto que regulaba las llamadas entidades de colaboración ambiental, una norma impulsada por Núñez Feijóo que vio la luz ya bajo la presidencia de su sucesor, Alfonso Rueda. En aquel momento, los socialistas ya alertaron de que lo que estaba haciendo el ejecutivo autonómico era privatizar el control ambiental de los grandes proyectos industriales. Lo mismo pensaba el sindicato nacionalista CIG, el de mayor implantación en Galicia, y por eso lo llevó a los tribunales.
En marzo de 2025, la Sección Tercera de la Sala de la Contencioso-Administrativo del TSXG le daba la razón y anulaba artículos del decreto, como el número 27. En él se hablaba del “carácter privado de las entidades de colaboración ambiental y la completa externalización, que se concibe con carácter estructural”, algo que resultaba contrario al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público.
Los magistrados también echaban en falta “mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto”, por lo que a la Xunta sólo le quedaba la posibilidad de realizar “simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste”. Lo que ahora se ha contratado con Tecnos y Acivro es la privatización de otra parte del proceso, la que afecta al seguimiento de las autorizaciones ya concedidas.
Aquella resolución judicial fue uno de los múltiples choques entre el gobierno de Alfonso Rueda y la Sección Tercera, de la que formaba parte el magistrado Luís Villares, a quien los populares nunca le perdonaron su pasado como líder de la confluencia En Marea entre 2016 y 2020. Señalado tanto desde la Xunta y el PP como desde la patronal, Villares y su compañera Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta en marzo, dejando la Tercera “desmantelada” –según Jueces y Juezas para la Democracia– en una decisión que la oposición tildó de “escándalo” y que ha dividido por la mitad incluso al Consejo General del Poder Judicial.