Hace ya veinte años, se destapó en la patronal gallega un enorme fraude millonario de subvenciones. El paso del tiempo y las varas de medir ajustables templaron la atención y el conocimiento de un desfalco que provocó un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación Empresarios de Galicia (CEG). Según la Fiscalía, entre 1996 y 1999, el secretario de la CEG y siete empresas se concertaron para, a través de subvenciones públicas a cursos de formación, “conseguir un beneficio patrimonial”. Cobraban las ayudas para cursos no realizados y manuales didácticos innecesarios, emitiendo facturas “dobladas” o imputando costos excesivos por profesorado o utilización de aulas.
“Se apropiaron de los fondos incorporándolos a su propio patrimonio e impidieron la finalidad de la subvención que gestionaban”, explica el fiscal sobre una trama fraudulenta de subvenciones procedentes de fondos europeos destinados a planes de formación gestionados por el INEM (a través de la Fundación para la Formación Continua, Forcem) o la Xunta. Tan sólo entre 1996 y 2000, la CEG recibió 20 millones de euros para cursos de este tipo.
Dos décadas después, el juicio sigue sin celebrarse. La pasada semana, se suspendió en la primera jornada tras alegar los abogados de los procesados indefensión por no poder acceder a miles de folios, entre 6.000 y 9.000, que las otras partes sí consideraron accesibles. La ingente información de facturas, cursos o profesorado hace complejo el proceso, pero no tanto como para justificar un retraso por lo que el juez ya ha pedido “disculpas” tras anunciar que, como mínimo, hasta febrero de 2020 no podrá volver a iniciarse la vista por la apretada agenda de la sala.
Por el caso pasaron ya 15 jueces en 19 años; el que era presidente de la CEG en la etapa investigada, Antonio Ramilo, falleció en 2006; y el que era principal testigo, el tesorero Juan Casas, sufrió un deterioro físico que imposibilita su declaración. El principal acusado es Rafael Sánchez Sostre, abogado y exsecretario de la patronal. La Fiscalía le pide cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.
Los otros seis acusados son gestores, representantes o socios de las empresas que organizaban los cursos (Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97) y se habrían apropiado, presuntamente, de fondos públicos destinados a la esa formación entre 1996 y 1999. El ministerio público reclama para todos ellos dos años de prisión y multas que van desde los 50.000 hasta los 500.000 euros.
El caso es el paradigma de una época donde el dinero público corría sin control desde las administraciones hacia diferentes organizaciones como la patronal gallega y donde la fiscalización sobre la actuación de esta y otras organizaciones era casi nula. Tampoco dentro se vigilaba.
El entonces presidente, el exalcalde franquista de Vigo, Antonio Ramilo, disfrutaba de la protección y amistad de Manuel Fraga, antiguo compañero en Alianza Popular y presidente de una Xunta que durante años aportó ingentes cantidades de dinero público a la CEG. Sin control. Todo empezó a oler mal cuando una auditoría en 1999 reveló un agujero de más de 1 millón de euros y la desaparición de alguna cantidad importante más.
Sánchez Sostre, ahora principal acusado, fue cesado y Ramilo dimitió poco después Antonio Fontenla, nuevo presidente, encargó otra auditoría que desveló el agujero de más de 6 millones de euros mientras la UE reclamaba al Estado que abriera una investigación por el uso indebido de sus fondos de formación.
En marzo de 2001, la CEG puso en conocimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una serie de “irregularidades detectadas en su gestión de los fondos de formación que desembocaron en una grave crisis financiera y social para la entidad” y advirtió de que Sostre disfrutaba de “plena independencia” para organizar los cursos y elegir las empresas. El agujero contable de la patronal se elevaba entonces a los 10 millones de euros.
La Fiscalía actuó de oficio en 2011 y, casi veinte años después, el juicio sigue a la espera de fecha mientras la CEG continúa en una precaria situación, no sólo económica. El derroche cometido durante años, también en duros tiempos de crisis, provocó que un plan de ajuste en 2016 redujera su personal a la mitad y que el sueldo les fuera rebajado al resto de trabajadores.
Derroche en plena crisis
La deuda de la entidad llegó a superar los 800.000 euros mientras su secretario general mantenía un sueldo de más de 100.000 al año. Un expediente abierto por la Consellería de Economía advertía como la CEG incumplía un plan de oficinas en el exterior para colaborar en la internacionalización de las empresas gallegas. A este se le habían imputado gastos para fines no estipulados, entre los que se incluyó un viaje al Brasil para 24 personas por más de 80.000 euros.
En 2018, la patronal fue condenada a devolver a la Xunta medio millón de euros de gastos injustificados de sus embajadas. Solo entre 2010 y 2013, la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía.
En los últimos años, tras acusaciones de irregularidades en los gastos de Fernández Alvariño, que sustituyó a Antonio Fontenla en 2013, varios fueron los presidentes que pasaron por la CEG. Entre ellos el constructor Antón Arias, a quien la defensa de un referéndum pactado en Catalunya en pleno auge del procés le costó furibundas críticas de sus predecesores y de otros empresarios. Dimitió tras intentar, y no conseguir, modificar los estatutos, y desde enero de 2018 la entidad continúa sin presidente.
Hace tan sólo unos días, y después de finalizar el plazo, ninguna persona se presentó como candidata para optar a la presidencia de una patronal descabezada y siempre en polémica. En un comunicado, la CEG aseguraba que “las cuatro confederaciones empresariales provinciales seguirán trabajando de forma conjunta para buscar un candidato de consenso”. Pero el enfrentamiento entre la rama coruñesa y la pontevedresa continúa siendo una de las claves de tanta inestabilidad.
En verano pasado, la Confederación de Empresarios de Pontevedra decidió “separarse” y “alejarse de cualquier participación en órganos colegiados en temas relacionados con asuntos económicos internos” de la CEG, de la que advertían que no presentaba cuentas ni tenía informe de auditoría de 2018.