700.000 euros por una caseta de pescadores de 45 metros cuadrados en Mallorca: la fiebre inmobiliaria ataca al patrimonio
La publicación en un portal inmobiliario de una “antigua caseta de pescadores” –escar, como se conoce en Mallorca o alcova, en la variante de Banyalbufar– de 45 metros cuadrados de superficie y una sola habitación en Port des Canonge, núcleo costero de Banyalbufar, por 700.000 euros, ha acentuado la preocupación en Mallorca por el acuciado problema de la vivienda en el archipiélago balear. Una de las comunidades autónomas con el precio más elevado del suelo en todo el territorio nacional. Se trata de edificaciones al lado de la costa que originalmente están destinadas a guardar embarcaciones tradicionales, que en las islas se conocen como llaüts, así como los aparejos de pesca.
El precio de la caseta, emplazada al lado del mar, supone 15.555 euros por metro cuadrado. A pesar de que en el término municipal de Banyalbufar el precio medio por metro es de 8.072 euros (en la isla, la cifra baja un poco, a 6.000 euros) y en la zona de playa el importe desciende todavía un poco más, pero manteniéndose en el desorbitado precio medio de 5.398 euros.
El anuncio, que ya ha sido despublicado del portal y que fue denunciado públicamente por Diario de Mallorca, presentaba la construcción como una “pieza de coleccionista en la Serra de Tramuntana” de mediados del siglo XX. Así como un “refugio histórico de pescadores en primera línea” y “un capricho único en el mundo, libre de las complejidades del mercado convencional”.
Según los detalles proporcionados por Idealista, la caseta o alcova tiene 35 metros cuadrados interiores, con zona de estar-comedor y cocina integrada en un único espacio, más un baño independiente, y el resto de superficie corresponde a una terraza, con vistas al mar y acceso directo a la costa por unas escaleras “esculpidas en la roca” que bajan hasta el embarcadero.
En el conjunto de casetas en este enclave de la sierra la mayoría están consideradas como suelo industrial, pero hay otras -dos en total- que cuentan con la categoría de residencial, en datos del Catastro consultados por elDiario.es. Aun así, las construcciones están sujetas a las condiciones y concesiones de Costas -al estar ubicadas dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre- y no se pueden comercializar.
Las construcciones están sujetas a las condiciones y concesiones de Costas -al estar ubicadas dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre- y no se pueden comercializar
Un total de 27 alcoves
Port des Canonge alberga en total 27 alcoves que se construyeron todas entre los años treinta y setenta del siglo pasado. Por eso, su conservación ha sido objeto de reivindicación institucional por parte de asociaciones que quieren preservar el patrimonio frente a su posible demolición o degradación. No solo en Mallorca, sino en todas las Illes Balears.
En las Pitiüses estas casetas típicas de pescadores se denominan varaderos y se calcula que, solo en Eivissa, existen entre 1.000 y 1.500, situadas generalmente en zonas rocosas del litoral. Algunas de ellas abandonadas. Las construcciones cuentan con diferentes grados de protección según las administraciones competentes. En Formentera, por ejemplo, todas las casetas de pescadores de la isla están protegidas con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) y no existe ningún riesgo de demolición por parte de Costas.
En Mallorca y Eivissa, en cambio, la gran mayoría de escars o varaderos no cuentan con esta máxima protección patrimonial. La administración local no ha tramitado debidamente hasta ahora la documentación para que se incluya en un catálogo de conservación, determinando permisos, mantenimiento y regulaciones de uso.
La protección depende de la isla: en Formentera toda las casetas de pescadores son BIC y no existe riesgo de demolición, pero en Mallorca y Eivissa no cuentan con esa máxima protección patrimonial
Los ayuntamientos de Banyalbufar –competente de Port des Canonge– y Esporles celebraron en 2025 un acto conjunto para reclamar la conservación de las casetas de pescadores ligadas a una actividad pesquera artesanal y los escars tradicionales de Mallorca. En el manifiesto Salvem el patrimoni costaner, salvem les alcoves se denunció que 24 de las 27 alcoves del Port des Canonge estaban amenazadas por órdenes de derribo emitidas en 2022 por la Demarcación de Costas del Estado.
Lo mismo sucedió en Eivissa, a principios de este 2026, cuando la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio de Transición Ecológica y ordenó el derribo de once casetas emblemáticas de la zona de Portinatx, en el norte de la isla. El tribunal cerraba así la puerta a la legalización del conjunto de varaderos construidos -como prácticamente todos, debido a su fin- dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Alto valor etnológico y social
Las asociaciones de escars de Santanyí, Llucmajor y Port de Canonge, junto con la Asociación de Escars de Mallorca, expresaron en febrero su apoyo a la Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral que se aprobó finalmente en junio. El propósito de la norma, según el Govern, es “dotar a Balears de un marco legal propio que refuerce la protección del litoral, ordene sus usos y gestione de forma integrada playas, servidumbres y aguas costeras, con especial atención a la adaptación al cambio climático”.
Las entidades valoran que la ley prevea identificar y preservar las construcciones con valor etnológico, antropológico y social. Sin embargo, advirtieron de que la protección de las casetas no iba a servir de mucho si no se aplicaban las normas con “coherencia” y denunciaron que la Dirección General de Costas estaba denegando numerosas concesiones.
También recordaron, ya en ese momento, que no se tratan de viviendas ni se levantaron con fines urbanísticos o turísticos, sino “construcciones austeras, integradas en el paisaje” y pensadas para guardar las embarcaciones tradicionales y “facilitar” el trabajo de los pescadores.
Las asociaciones de escars consideran que no se tratan de viviendas ni se levantaron con fines urbanísticos o turísticos, sino 'construcciones austeras, integradas en el paisaje' y pensadas para guardar las embarcaciones tradicionales y 'facilitar' el trabajo de los pescadores
En ese sentido, apoyan que la norma contemple inventarios insulares rigurosos, criterios objetivos de reconocimiento y un régimen de conservación específico que impida ampliaciones, transformaciones sustanciales o cambios de uso incompatibles con su naturaleza original. La comercialización ahora de una de ellas supone una traba más a la posible protección de este patrimonio.
La preocupación reside actualmente en el rechazo por parte de Costas de muchos expedientes de escars, a menudo por criterios estrictamente formales o por lecturas literales de la normativa estatal que no tienen en cuenta la singularidad patrimonial de estas construcciones propias de las islas. Las edificaciones, así, están sujetas a una paradoja. En algunos de los casos, se les deniega la concesión porque no se han hecho obras de reforma y de mejora y, en otros, precisamente porque se intervino la estructura antes de obtener el título concesional.
“Nos encontramos ante una situación de clara inseguridad jurídica. Se está exigiendo a los titulares una coherencia administrativa que no siempre existe en los propios criterios aplicados”, afirmó el presidente de la asociación, Mateo Cunill. Las asociaciones consideran imprescindible que haya una coordinación entre la normativa autonómica y la Administración General del Estado, de modo que los criterios de concesión se alineen con la voluntad de protección patrimonial que reconoce la norma.
La necesidad de categorizarlas como BIC
En lo que se refiere a casetas de pescadores existen dos esferas legales que pueden entrar en conflicto, como explicó a elDiario.es Inma Yañez, abogada especialista en derecho de Costas y Patrimonio, para otro reportaje sobre la protección de los varaderos. Los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen competencias para declarar bienes de relevancia local o protección patrimonial, lo que impide que estos bienes sean derribados. Pero, a su vez, Costas tiene jurisdicción sobre el dominio público marítimo-terrestre y puede actuar sobre construcciones sin concesión, incluso si son propiedad privada, mediante procedimientos de recuperación u obligando a su demolición.
“La declaración patrimonial no elimina la condición de dominio público marítimo-terrestre. Si las casetas no tienen concesión, Costas puede iniciar un procedimiento de recuperación y obligar a derribarlas”, pormenoriza la abogada. En este sentido, la titularidad privada o pública no cambia la potestad de Costas cuando se trata de construcciones en suelo de dominio público. Desde el área de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca han confirmado que las casetas no están protegidas por la institución y que en su momento se hizo una recomendación al Ayuntamiento de Banyalbufar para que lo incluyera en el catálogo de conservación. Por su parte, el Consistorio no ha respondido a elDiario.es en el momento en que se publica este reportaje.
Yáñez señala que la única forma de protegerlos realmente es declararlos como bienes de relevancia local o protegidos culturalmente, como los BIC o BRL (Bien de Relevancia Local). Una regulación que solo puede realizar la administración competente, en el caso de las islas, recae sobre los Consells Insulars, pero es el Ayuntamiento responsable quien tiene la potestad de proponer y solicitar esta categoría.