La casetas de pescadores de Ibiza, de la promoción turística a la amenaza del derribo: “No son chabolas”

La costa ibicenca ofrece un paisaje particular: en torno a las calas y playas turísticas de la isla, se levantan unas construcciones ligadas a la tradición pesquera que forman parte del patrimonio local. Es una estampa muy balear, pero se calcula que, solo en Eivissa, existen entre 1.000 y 1.500 casetas, situadas generalmente en zonas rocosas del litoral donde históricamente se varaban pequeñas embarcaciones, los llaüts. Los mismos que en los años cincuenta hicieron servir los migrantes pitiusos para embarcarse en busca de una vida mejor en Argelia cuando la rutina en las Pitisas era pura supervivencia.

Ahora, una reciente orden de demolición de las casetas varadero de Portinatx, una de las postales más emblemáticas de Eivissa -convertida incluso en imagen promocional de la Feria Turística de Madrid (Fitur)- ha puesto sobre la mesa la situación general de estas construcciones. Casi todas continúan en manos de familias ibicencas. 

“Nos sentimos delincuentes y no son chabolas, son patrimonio de la isla”, declaraba uno de los propietarios de las casetas varadero de Portinatx (Eivissa) después de que la Audiencia Nacional diera la razón al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) -contra el que el Ayuntamiento de Sant Joan había presentado un recurso contencioso-administrativo- y obligara a demoler el conjunto de construcciones, tal y como había solicitado el órgano ministerial.

Nos sentimos delincuentes y no son chabolas, son patrimonio de la isla

El tribunal cerraba así las puertas a la legalización de las once casetas de pescadores y de una terraza del hostal Cas Mallorquí construidas en dominio público marítimo-terrestre y decidió aplicar, de forma estricta, la Ley de Costas. Antes, el Ayuntamiento había defendido la continuidad de las construcciones alegando en el proceso judicial falta de motivación en la negativa del Ministerio de mantenerlas. También reivindicaba el carácter tradicional y etnológico de las casetas varadero, que aseguraba tener intención de incorporar al catálogo municipal de patrimonio y sostenía que su ubicación, entre los hitos 690 y 691 y en suelo industrial -según datos del Catastro- no interrumpe la servidumbre de tránsito. 

La Sala, sin embargo, concluyó que mantener las instalaciones provocaría “la saturación de la cala” y la obstaculización del tránsito público, en contra de la normativa vigente, y, además, advirtió de que otorgar la concesión que solicitaba el equipo de gobierno municipal implicaría priorizar usos privativos frente al uso común general. Andreu Roig, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Sant Joan, ya explicó a elDiario.es que el equipo de gobierno municipal recurrirá ahora la decisión de la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento de Sant Joan de Labitja defendió la continuidad de las casetas varadero de Portinatx y reivindicó su carácter tradicional y etnológico. La Audiencia Nacional, sin embargo, concluyó que mantener las instalaciones provocaría “la saturación de la cala” y la obstaculización del tránsito público

Una protección que llega tarde

En Eivissa, las únicas edificaciones de este tipo que se encuentran ahora mismo protegidas son un conjunto de trece casetas ubicadas en sa Punta des Molí, en Sant Antoni, después de que el paraje natural se declarara en el año 2009 como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de lugar de interés etnológico. Sucede lo mismo en sa Caleta, en el término municipal de Sant Josep, donde, un año más tarde, en 2010, se protegió el paraje: aunque las construcciones no se protegieron individualmente, sí quedaron dentro del ámbito de protección. En el caso de sa Punta des Molí, la institución había solicitado por primera vez que se protegieran las casetas como BIC una década antes, en 1999, pero el procedimiento quedó archivado en 2004 porque Costas consideraba que las casetas habían sido construidas de manera muy reciente y, en algunos casos, con materiales no considerados tradicionales.

Fueron las mismas alegaciones que presentó en dos documentos distintos, en 2008 y 2009, cuando añadió que ninguna de las edificaciones contaba con título administrativo para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. El Consell, a través de informes técnicos y jurídicos rechazó todas las alegaciones y concretó: “El objeto del expediente [...] no son las casetas varadero [...] sino un espacio físico de alcance más ancho con gran valor etnológico”, señala una de las resoluciones, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo documento reconoce que las casetas han sufrido transformaciones a lo largo de los años, pero considera que son reversibles y que el conjunto sigue teniendo valor etnológico. Además, su deterioro -señalaba la institución- hacía urgente su protección por su peligro de desaparición. El que determine, posteriormente, qué casetas se conservan, qué intervenciones son posibles y qué usos se permiten será el Plan Especial de Protección.

Un patrimonio extendido por toda Balears

Las casetas varadero no son únicas en las Pitiüsas: existen en toda Balears y cuentan con diferentes grados de protección según las administraciones competentes. De hecho, en Formentera, todas las casetas de pescadores de la isla están protegidas con esta categoría, por lo que no existe, en ningún momento, riesgo de demolición por parte de la Demarcación de Costas. 

Las casetas varadero no son únicas en las Pitiüsas: existen en toda Balears y cuentan con diferentes grados de protección según las administraciones competentes. De hecho, en Formentera, todas las casetas de pescadores de la isla están protegidas con esta categoría, por lo que no existe, en ningún momento, riesgo de demolición por parte de la Demarcación de Costas

Según explica a elDiario.es Inma Yañez, abogada especialista en derecho de Costas y Patrimonio, existen, en el caso de las casetas varadero -escars, en el dialecto mallorquín-, dos esferas legales que pueden entrar en conflicto. Los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen competencias para declarar bienes de relevancia local o protección patrimonial, lo que impide que estos bienes sean derribados. Pero, a su vez, Costas tiene jurisdicción sobre el dominio público marítimo-terrestre y puede actuar sobre construcciones sin concesión, incluso si son propiedad privada, mediante procedimientos de recuperación u obligando a su demolición.

“La declaración patrimonial no elimina la condición de dominio público marítimo-terrestre. Si las casetas no tienen concesión, Costas puede iniciar un procedimiento de recuperación y obligar a derribarlas”, explica la abogada. En este sentido, la titularidad privada o pública no cambia la potestad de Costas cuando se trata de construcciones en suelo de dominio público. Yañez se remite al caso de la playa de Babilonia, en el municipio alicantino de Guardamar del Segura, donde los vecinos entraron en un periplo judicial con el Ministerio -que todavía continúa- porque había dado la orden de derribo de sus viviendas, construidas en la década de los 30 con la autorización del Estado. 

La declaración patrimonial no elimina la condición de dominio público marítimo-terrestre. Si las casetas no tienen concesión, Costas puede iniciar un procedimiento de recuperación y obligar a derribarlas

Décadas después, en 1988, se creó la actual Ley de Costas que prohibía edificar tan cerca del mar y el MITECO consideró que las casas perjudicaban la dinámica natural de las mareas y la arena, que facilitaba su pérdida y que agravaba la erosión del entorno natural. Finalmente, los vecinos, con un arsenal de documentación técnica y ayuda de la Generalitat, que pidió una suspensión cautelar de las demoliciones, consiguieron en septiembre de 2025 una prórroga.

Años de inacción administrativa

Yañez señala que los bienes declarados de relevancia local o protegidos culturalmente, como los BIC o BRL (Bien de Relevancia Local), solo pueden ser regulados y protegidos por la administración competente -es el Ayuntamiento quien tiene la potestad de proponer y solicitar esta categoría-, y cualquier conflicto con Costas debería resolverse luego en tribunales. La especialista señala que, en muchos casos, los ayuntamientos pueden solicitar medidas cautelares para paralizar un derribo mientras se tramita la protección patrimonial, como ha sucedido en el caso de Alicante.

En Eivissa, en el caso de las casetas que no cuentan con la máxima protección patrimonial (BIC), y que son la inmensa mayoría, la administración local debe tramitar de forma específica qué construcciones se incluyen en el catálogo, determinando permisos, mantenimiento y regulaciones de uso. “Si no se ha iniciado el procedimiento a tiempo, Costas puede actuar antes que el ayuntamiento”, concluye Yáñez.

Desde l’Associació de Defensa de les Casetes Varador de Eivissa, encargada de defender la conservación de este patrimonio, señalan a este periódico que la situación actual es consecuencia de años de “inacción administrativa”. A diferencia de lo que ocurre en Formentera, donde estas construcciones cuentan con la figura de protección BIC, en la pitusa mayor solo existen ejemplos contados de enclaves protegidos, recuerdan. El resto de casetas del litoral carecen -lamentan- de una protección patrimonial específica que reconozca su valor etnográfico y paisajístico. Javi Ripoll, técnico de la asociación, añade además que el impacto ambiental de estas construcciones es limitado y que la mayoría siguen cumpliendo su función tradicional: guardar pequeñas embarcaciones, como llaüts o botes utilizados para la pesca o el ocio. Por ello, piden una protección que permita su conservación real, al tiempo que se adapta o corrige cualquier intervención posterior que haya desvirtuado su carácter.