PERFIL
Figura sempiterna de la política balear, José María Rodríguez Barberá supo manejar con destreza los hilos del PP isleño, alcanzando las más altas cotas de poder dentro de la formación, y acabó convirtiéndose, para lo bueno y para lo malo, en el 'factótum' de Jaume Matas. Con él terminaría compartiendo banquillo, en medio del maremágnum de casos de corrupción que durante una década asolaron a la formación, para responder del trasiego de dinero negro con el que el PP financió parte de su campaña electoral de 2003, como declaró probado la Audiencia Provincial de Balears y ha confirmado esta misma semana el Tribunal Supremo.
Si hasta el momento había salido incólume de todas las investigaciones que habían puesto el foco sobre él, el histórico exdirigente conservador se enfrenta ahora a una pena de tres años y medio de prisión, una condena que llega diez años después de que el exjuez José Castro comenzase, en 2012, a levantar las alfombras de la contabilidad en B del PP isleño y el amaño de contratos públicos a favor de Over Marketing. El propietario de la empresa de publicidad hizo saltar todo por los aires tras confesar entonces que había costeado en negro parte la campaña previa a los comicios en los que Matas, recién salido de uno de los Ministerios de José María Aznar, se postulaba como candidato a presidir, por segunda vez, el Govern balear.
A pesar de la presión ejercida por sus propios compañeros y de que ingente documentación y varias confesiones situaron a Rodríguez en el epicentro del manejo de fondos opacos al fisco, durante varios años se blindó cual estafermo al frente del partido y desafió inflexible el código ético impulsado por el expresidente balear del PP José Ramón Bauzá. “La política debe ir por la vía política y la Justicia, por la de la Justicia”, proclamaba el barón 'popular'. No fue sino hasta 2016 cuando Génova forzó finalmente su marcha: acababa de ser acusado de ser el “artífice en la sombra” de una red político-policial urdida para proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.
Presidente del PP de Palma, secretario general del partido, conseller de Interior, delegado del Gobierno, senador... Rodríguez (Daia Nova, Alicante, 1947), instalador de cable de telefonía antes de dedicarse a la vida pública y diplomado en Turismo, arribó a Mallorca en los años setenta, donde se estableció tras contraer nupcias con la hija de los fundadores de una conocida joyería isleña. Una vez dentro del partido, medró peldaño a peldaño hasta convertirse, con su gran capacidad para el proselitismo y la captación de votos, en tejedor de campañas electorales y, en la década de los 2000, en uno de los políticos que mayor influencia cosechó dentro del PP en Balears. Muchos lo recuerdan como una persona “muy trabajadora” que enseguida cosechó provechosas relaciones. “Eran otros tiempos, empezó a ir por la sede del partido, donde comenzó haciendo llamadas, y ahí empezó a darse a conocer”, comentan quienes le conocen.
En 1983, el ahora condenado en firme fue nombrado director del extinto Instituto Ferial de Balears (Ifebal), la “perla de la corona” del sector público de las islas, como se le llegó a definir en uno de los plenos del Parlament de aquella década. Al frente del Govern regía Gabriel Cañellas, otrora todopoderoso líder del PP balear que vio cavada su tumba política el día en que se destapó que un financiero mallorquín, Antoni Cuart, le había agasajado con 50 millones de pesetas –con destino a las campañas electorales del PP de 1989 y 1991– a cambio de la adjudicación del túnel de Sóller, la obra más polémica de los últimos treinta años en las islas y núcleo del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears.
Más adelante, Rodríguez se alzaría con la codiciada presidencia del PP de Palma; en 1993 concurriría al Congreso de los Diputados, compartiendo lista con Abel Matutes, exministro conservador y una de las mayores fortunas de Balears, y, años después, aterrizaría en el Ayuntamiento de la capital balear, con Joan Fageda, uno de los más próximos a Cañellas, como alcalde. Durante su etapa en el Consistorio cercó la ciudad de aparcamientos subterráneos, dos de los cuales centraron parte de las minuciosas pesquisas del juez Castro a raíz de su adjudicación a uniones temporales de empresas en las que figuraba Bruesa, propiedad del constructor Antonio Pinal.
En el marco de aquellas investigaciones, Pinal, quien también desfiló como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su rol en los 'papeles de Bárcenas', había sido señalado por el exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos y el extesorero del PP nacional como la persona que había ayudado a financiar la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas y terrenos para el desarrollo de sus macroproyectos urbanísticos. No en vano, un informe de la Agencia Tributaria certificó que, bajo el mandato de Matas, el Govern balear había otorgado contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues S.A.
Las pesquisas, sin embargo, cayeron en saco roto: el juez Castro se vio abocado a archivarlas después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo reclamara. En un duro auto, el magistrado arremetía contra el criterio del Ministerio Público por “obstaculizar” unas investigaciones que tenían un “objetivo que no ofrece discusión”: que el PP balear se había financiado de forma ilegal y que la formación había “venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades”. Si las confesiones de Rodrigo de Santos y Bárcenas no se vieron refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas, apostillaba el magistrado, se debía a que los autores del supuesto delito “ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.
Tras su paso por el Ayuntamiento, en 2003, con Matas recién aupado con mayoría absoluta a la presidencia del Govern en el que sería su segundo mandato –en 1996 se convirtió en presidente tras la dimisión de su antecesor en el cargo, Cristòfol Soler, quien a su vez había sustituido, apenas diez meses antes, a Gabriel Cañellas–, Rodríguez se hizo con las riendas de la Conselleria de Interior. Arrancaba así la legislatura más polémica de la historia democrática balear, cuyo legado en forma de infraestructuras tras las cuales se ocultaban contratos de dudosa legalidad, sobrecostes y cohechos dio pie a una vorágine de casos de corrupción en los que acabaron imputados y condenados Matas y gran parte de sus subordinados.
Al frente de la Conselleria y erigido en la persona de máxima confianza del expresidente balear, Rodríguez pisó fuerte y, como afirman a elDiario.es fuentes próximas al férreo exdirigente, se relacionó bien con las empresas que, a su vez, se convirtieron en las grandes mimadas del PP durante aquella legislatura. Over Marketing, sobre la que acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo, fue una de ellas.
La mercantil, que se había ocupado de financiar en negro parte de la campaña electoral del partido en 2003, se vio regada, como compensación, con numerosos contratos 'a dedo' con cargo al erario público, entre ellos varios procedentes del departamento dirigido por Rodríguez: el relativo a la creatividad de la imagen de la Policía Turística de Balears –cuyo objeto resultó inexistente a pesar de que se pagó por él 9.048 euros– o el referido a la simulación del diseño, por 11.832 euros, de una campaña para la difusión de la oferta pública de empleo del Govern.
Con severas sospechas recayendo sobre él, Rodríguez, quien siempre ha negado su implicación en la financiación irregular del partido, acabó imputado en la causa, lo que le obligó a dimitir como delegado del Gobierno en Balears, cargo que ostentaba en el momento en que Castro impulsó las investigaciones y Mariano Rajoy se encontraba al frente del Ejecutivo central.
Durante el juicio por estos hechos, admitió que por encima de él solo estaba Matas, pero aseguró que nunca despachó con el propietario de Over, Daniel Mercado, y que, en lo relativo a la campaña electoral, únicamente participó en los mítines. Su versión chocaba frontalmente con la confesión del publicista, quien apuntó en varias ocasiones que el exsecretario general del PP balear era el dirigente que “realmente” tomaba las decisiones en la formación y que era él quien personalmente supervisaba los presupuestos que la mercantil presentaba en relación con los comicios.
El tribunal que juzgó el caso apuntó, además, a la existencia de una “relevante prueba documental” que confirmaba que el partido realizó pagos irregulares a Over y que Rodríguez “tuvo participación directa en los gastos de campaña y en la deuda derivada”, entre ellos un correo electrónico y un documento en el que figuraba la mención 'Jose Ma Rodríguez 80.000'. “Es evidente que 80.000 euros de deuda de campaña electoral del partido solo tiene sentido que se reclamasen a una persona que tuviese puesto relevante en el partido y tuviese capacidad decisoria en materia de pagos de dinero por campaña electoral. Y esta persona era José María Rodríguez”, subrayaba la sentencia confirmada por el Supremo.
Antes de que aquella legislatura tocara a su fin, Rodríguez se vería salpicado por el caso Andratx, erigido en paradigma de los desmanes urbanísticos en las islas. En la mañana del 27 de noviembre de 2006, cuando en medio de la vorágine inmobiliaria estaba a punto de estallar el que constituiría el primer golpe contra la corrupción bajo el mandato de Matas, Rodríguez telefoneó al entonces alcalde del municipio mallorquín y exguardia civil, Eugenio Hidalgo (PP), para darle un 'chivatazo': iba a ser detenido por irregularidades urbanísticas, como así acabó ocurriendo apenas unas horas después.
Ese mismo día, Hidalgo se autoproclamaba “preso político” y apuntaba a un “montaje” urdido contra él para deponerlo de su cargo. Matas, por su parte, se confesaba el “primer sorprendido” y se alzaba en defensor de la honorabilidad de su gobierno y de las instituciones baleares. Y Rodríguez negaba tajante haber avisado al alcalde de su arresto, jurando “con la Biblia en la mano” que no conocía de antemano lo que iba a suceder, como apuntó durante su intervención por estos hechos en la Cámara autonómica. Una cita para la que, según una conversación con sus colaboradores recogida entonces por Europa Press, se preparó a conciencia: “No voy al Parlament como un cordero degollado, voy a comérmelos con sopa”.
El entonces secretario general del PP persistió en su desconocimiento y, preguntado públicamente acerca de los pormenores que rodearon a la llamada, manifestó que durante la conversación con el primer edil 'andritxol' se había limitado a manifestar: “Hoy es lunes y estoy en mi despacho”, una frase que lo perseguiría el resto de su trayectoria política. Sin embargo, las investigaciones –y los pinchazos telefónicos– arrojaron que un sábado, tan sólo dos días antes del 'soplo', Matas, Rodríguez e Hidalgo se habían reunido en el Consolat de la Mar, sede de la presidencia del Govern. Durante el encuentro, el entonces presidente del Ejecutivo balear insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su ayuntamiento y le impelía a que, en ese caso, debía dimitir.
Al día siguiente, domingo, Hidalgo, sabedor de que la Guardia Civil pisaba sus talones, se desplazó hasta el consistorio para destruir los documentos que podían implicarle, lo que propició que su despacho apareciera “inusualmente ordenado” el día de su arresto, como puso de manifiesto en un auto el juez encargado de las pesquisas. Los papeles desgarrados serían hallados por el Instituto Armado poco después en la basura.
El caso Andratx, que por sus descomunales proporciones acabó desgajándose en hasta 79 piezas separadas, comisiones rogatorias a paraísos fiscales incluidas, quince peritos judiciales volcados en las investigaciones y con más de 140 imputados entre exaltos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios desfilando ante los tribunales –entre ellos, un exdirector general de Matas, Jaume Massot, o el extécnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro de UCD Santiago Rodríguez Miranda, quien a la postre se erigiría en el abogado de José María Rodríguez–, daría paso al estallido de más de una treintena de casos de corrupción en Balears, la mayoría vinculados a la gestión del PP de Matas y a la extinta Unió Mallorquina (UM) de Maria Antònia Munar, y marcaría un importante punto de inflexión en la gestión del urbanismo balear.
Ya en la recta final de su trayectoria política, un último coletazo judicial implicaría a Rodríguez y, junto a él, a uno de sus delfines políticos, el entonces concejal y diputado Álvaro Gijón. Una testigo –en la actualidad investigada por un presunto delito de falso testimonio–, quien aseguraba ser la madame de un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario del ocio Bartolomé Cursach, situó a ambos entre bacanales y bandejas de cocaína.
Según los antiguos investigadores del caso Cursach, Rodríguez se había erigido en el “artífice en la sombra” de un “organigrama corrupto” urdido para salvaguardar los intereses del magnate, sexo, mordidas y droga a cambio, mientras, durante el día, el histórico dirigente se postraba de hinojos al paso de la procesión del Corpus Christi. Las acusaciones coparon durante meses la actualidad balear y nacional y fueron, finalmente, echadas por tierra por la macrocausa impulsada a posteriori contra el juez y el fiscal que comandaron las pesquisas contra el empresario mallorquín, acusados de desplegar toda una serie de prácticas irregulares para construir a la carta sus pesquisas y allanar futuras condenas. La causa, por tanto, quedó definitivamente archivada tanto para Rodríguez como para Gijón ante la inexistencia de indicios de que los hechos se hubieran producido.
Pese a negar cualquier tipo de vinculación con los hechos, el todopoderoso Rodríguez se vio forzado a dimitir de su cargo como presidente de la junta territorial del PP de Palma, su atalaya, asediado tanto por las presiones de sus propios compañeros como por las de la dirección nacional del partido. “Siento una total y absoluta indefensión al no haberme podido defender de lo que se me acusa”, ungía el exalto cargo durante el anuncio de su marcha, ya prácticamente sin apoyos. Tras una dilatada y controvertida trayectoria a sus espaldas, claudicaba –de forma “voluntaria”, como se afanó en recalcar– el hombre lo sabía todo de todos –llegó a ser apodado “el post-it” por su afán por apuntar cada detalle y cada cifra– y, con su partida, terminaba por agravarse –todavía más– la crisis interna que ese año atravesaba el partido tras su debacle electoral.
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