Principios de 2003. Las elecciones de mayo están cerca y los pasillos de la sede del PP balear, vacíos a esa hora de la tarde. Ajeno al trasiego habitual, en el hall del edificio aparece un viejo conocido, Daniel Horacio Mercado, a quien un botín aguarda en uno de los despachos del inmueble. Esperan su presencia el tesorero del partido, Fernando Areal, y el secretario general de la formación, José María Rodríguez. El empresario argentino, antiguo compañero de pádel de Jaume Matas y futuro delator de los desmanes de los 'populares' en Balears y en otras Comunidades Autónomas, ha colaborado activamente con la campaña electoral de la formación, en buena parte sin coste alguno, y ahora quiere su recompensa.
“El PP balear es un partido nacido para ser corrupto”. Con estas palabras, el exlíder de Podemos en el archipiélago Alberto Jarabo definía hace varios años a la formación cuya financiación ilegal acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo. En paralelo, los magistrados han confirmado la intervención en la trama de José María Rodríguez -histórico dirigente del partido y 'factótum' del expresidente del Govern Jaume Matas-, quien deberá ingresar en prisión después de que el alto tribunal haya corroborado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de Palma le impuso en primera instancia. Hasta ese momento, el que fuese delegado del Gobierno en Balears con Mariano Rajoy en la presidencia del Ejecutivo central había salido incólume de todas las investigaciones que habían puesto el foco sobre él.
Después de que el exjuez José Castro comenzara a levantar las alfombras de la financiación ilegal del PP y a pesar de que ingente documentación y varias confesiones situaron a Rodríguez en el epicentro del manejo de fondos opacos al fisco, durante varios años el dirigente se aferró a su cargo al frente del partido y desafió inflexible el código ético impulsado por el expresidente balear y exlíder de los 'populares' en las islas José Ramón Bauzá. “La política debe ir por la vía política y la Justicia, por la de la Justicia”, proclamaba ufano Rodríguez. No fue sino hasta 2016 cuando Génova forzó finalmente su marcha: acababa de ser acusado de ser el “artífice en la sombra” de una red político-policial urdida para proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.
Bajo la batuta del que había sido reciente ministro de José María Aznar, Jaume Matas -más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación a sus espaldas-, quien aspiraba a presidir por segunda vez el Ejecutivo autonómico, los conservadores orquestaron en 2003 una mecánica delictiva dirigida a gratificar con fondos públicos a la empresa Over Marketing, que, con Mercado a la cabeza, había sufragado en negro parte de su campaña electoral de ese año y había hecho lo propio en Madrid y la Comunitat Valenciana. Los investigadores convinieron en denominarla la ramificación balear de la trama Gürtel.
Matas, el primero de la larga nómina de cargos del gabinete Aznar que acabaron empantanados en los fangos de la corrupción -quienes años antes habían llegado al poder clamando contra “el paro, el despilfarro y la corrupción” de la última era de Felipe González- estrenó su segunda legislatura en Balears tras una campaña electoral de grandes faustos -aunque no tanto como la que protagonizaría en 2007, cuando haría gala de sus megalómanos proyectos-. El PP se había erigido en símbolo del “milagro económico” y, con estos mimbres, llegaron al archipiélago las promesas de pleno empleo, la construcción de más carreteras y autopistas y la conversión de las islas en abanderadas del crecimiento económico y turístico.
Para cuando en 2007 concluyó aquel mandato precedido de grandes ofrecimientos, Matas había dejado un legado de ambiciosas infraestructuras bajo cuyas alfombras se ocultaban contratos de dudosa legalidad y numerosos tratos de favor. Sobrecostes, cohechos y enriquecimientos ilícitos bajo sospecha que, con el exlíder del PP ya desterrado de Balears tras el batacazo electoral que en 2007 lo abocó al abandono de la política, constituyeron el epicentro de una vorágine de casos de corrupción en los que acabaron imputados y condenados gran parte de sus subordinados y el propio expresidente balear. Un exconseller, Josep Juan Cardona, fue incluso sentenciado a una de las mayores penas de cárcel -16 años- impuestas a un político en España.
Pero antes de que todo ello aconteciese, el PP de Matas ya había hecho de las suyas en 2003. En los prolegómenos de los comicios autonómicos de mayo y con unos gastos de campaña desorbitados que rebasaban con creces las cantidades a las que legalmente el partido podía hacer frente, la formación se encomendó a las contabilidades en B y a los pagos opacos al fisco. Dinero negro en mano, a tocateja y en la sede del partido. Al frente del diseño y la creatividad de los actos electorales, Over Marketing, cuyo propietario, Daniel Mercado, confesaría casi una década después haber financiado la campaña de forma ilegal, como también reconocería haber abonado con facturas falsas la de Esperanza Aguirre en 2007 y haberse entregado en 2003 a argucias similares en la Comunitat Valenciana, con Francisco Camps como aspirante a la presidencia de la Generalitat.
Tal como admitió tanto ante el juez que investigaba los hechos, José Castro, como en dependencias de la Guardia Civil, el empresario había mantenido varias reuniones en las que solían estar presentes Matas, su mano derecha, José María Rodríguez, y el extesorero del PP Fernando Areal, a la sazón cuñado del exministro, con el objetivo de buscar una fórmula que resarciese lo abonado por Over antes de los comicios. En tales encuentros se pactó que el PP pagaría en B parte de los servicios de publicidad que la empresa había prestado y, en virtud de tal acuerdo, Mercado se trasladó en varias ocasiones a la sede del partido, donde recibió dinero en metálico de manos de Areal en la mayoría de ocasiones y en una ellas de Rodríguez: más de 24.000 euros repartidos en varias tandas que no quedarían reflejados en las cuentas del PP.
Parte de los pagos también se efectuó a través de mercantiles satélites de Over con las que previamente se habían concertado los representantes de la formación. Unos abonos que se materializaban mediante facturas con conceptos simulados que ocultaban servicios de creatividad y promoción de mensajes electorales. Por medio de este sistema, la empresa de Mercado cobró un total de 86.772 euros. Sin embargo, finalizada la campaña electoral y con Matas ya aupado a la presidencia de Balears, el PP aún debía 80.000 euros a Over Marketing. Matas y Mercado hallaron otra fórmula de recompensa: Over abriría una delegación en Palma para desarrollar marketing institucional y el Govern, a través de sus distintas Consellerias, gratificaría al grupo empresarial con contrataciones públicas -tramitadas mediante expedientes ficticios, sin publicidad y sin justificación alguna- para cubrir los gastos en que Over había incurrido.
Entre tales contrataciones sobresalía una sobre las demás: el plan de comunicación relativo a la construcción de Son Espases, erigido a la postre en el hospital de referencia de Balears. El importe de la adjudicación, 580.860 euros. Los entresijos que se tejieron tras las cortinas de la adjudicación de la mayor obra pública del archipiélago son otros de los grandes conocidos de la Justicia: minuciosas maniobras fraudulentas y subordinados manejados cuales “títeres complacientes”, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción. La construcción no estuvo exenta de lo que durante décadas se convirtió en las islas en el cimiento de grandes acuerdos y licitaciones. Los tentáculos de estas pesquisas llegaron, incluso, a la sede nacional del PP y entre los miles de folios de su sumario asomaron nombres como los de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir y Luis Bárcenas.
Durante el juicio del caso Over, Matas reconoció el pacto alcanzado con Mercado -el de compensar con encargos públicos los gastos electorales de la empresa-, pero justificó que si ordenó a todo su equipo de gobierno que “diera trabajo” al empresario fue porque se sentía en “deuda moral” con él por el “buen trabajo” que había llevado a cabo durante la campaña. Sus justificaciones no convencieron al tribunal: “Lo que está fuera de toda duda es que esa deuda del partido iba a ser abonada, al menos parcialmente, por quien no era deudor: la Administración Pública”, manifestaron las magistradas en su sentencia.
Por su parte, Rodríguez, quien se vio abocado a dimitir como delegado del Gobierno en Balears tras su imputación en el caso Over y, cuatro años más tarde, como presidente del PP de Palma tras ser vinculado en las investigaciones del caso Cursach, siempre ha negado su implicación en la financiación irregular del partido. Admitió que por encima de él solo estaba Matas, pero aseguró que nunca despachó con Mercado y que, en lo relativo a la campaña electoral, únicamente participó en los mítines. Su versión chocaba frontalmente con la confesión del propietario de Over, quien apuntó en varias ocasiones que el exsecretario general del PP balear era el dirigente que “realmente” tomaba las decisiones en la formación y que era él quien personalmente supervisaba los presupuestos que la mercantil presentaba en relación con los comicios.
El tribunal apuntó, además, a la existencia de una “relevante prueba documental” que confirmaba que el partido realizó pagos irregulares a Over y que Rodríguez “tuvo participación directa en los gastos de campaña y en la deuda derivada”, entre ellos un correo electrónico y un documento en el que figuraba la mención 'Jose Ma Rodríguez 80.000'.
“Es evidente que 80.000 euros de deuda de campaña electoral del partido solo tiene sentido que se reclamasen a una persona que tuviese puesto relevante en el partido y tuviese capacidad decisoria en materia de pagos de dinero por campaña electoral. Y esta persona era José María Rodríguez”, subrayaba la sentencia.
En los registros que se practicaron en la sede de Over fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos y que, en el caso de otros trabajos, estos se realizasen a coste cero y el resto, en negro.
No solo eso. En el marco de otra de las numerosas causas abiertas contra el PP balear, los investigadores hallaron documentación relativa a los contratos suscritos por el extinto Instituto Balear de Turismo (Ibatur) con la mercantil Match Golf, investigada en su día por los pagos que cobró del Govern de Matas y por los que, a su vez, Match había efectuado a favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel, Easy Concept Comunicación.
Las pesquisas se centraban en los convenios y contratos rubricados entre el Ibatur, Match Golf y Reial Pula Golf, empresas durante el último mandato de Matas habían promovido el conocido torneo de golf Mallorca Classic. Los investigadores apuntaban al presunto desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Ejecutivo balear.
Un informe de la Policía Nacional incorporado a la causa reveló incluso cómo desde Pula Golf se habría beneficiado, como compensación por el supuesto trato de favor en forma de patrocinio a Matas, al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, y a otra decena de exaltos cargos 'populares' con invitaciones en uno de sus hoteles cuyo valor total ascendía, según el atestado, a al menos 35.676 euros. Las pesquisas, sin embargo, finalmente fueron archivadas a petición de las acusaciones, que no apreciaron evidencias suficientes de delito.
Cabe recordar que la de 2003 no fue la única campaña electoral del PP sobre la que puso el foco la Justicia. En octubre de 2015, Fernando Areal, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, aceptó una pena de año y medio de cárcel y una multa de 15.000 euros tras declararse culpable de un delito electoral al haber pagado hasta 71.958 euros en negro a la agencia de publicidad Nimbus, una de las empresas fetiche del Govern de Matas, por organizar parte de la campaña electoral del partido en 2007.
El papel de Nimbus durante aquella legislatura acabó engrosando varias de las múltiples piezas del caso Palma Arena, que centró buena parte de sus pesquisas en desentrañar sobrecostes, sobornos y contrataciones irregulares. Bajo investigación acabaron, entre otros pagos, los 350.000 euros que la mercantil recibió del Ejecutivo balear del PP por el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007 que iba a albergar el recinto del Palma Arena, hoy velódromo Illes Balears. Otro de los asuntos que salpicó a la empresa de publicidad fue la adjudicación de la que resultó beneficiaria para llevar a cabo el asesoramiento externo del expresidente.
El fallecimiento en 2017 de Miguel Romero, propietario de Nimbus y uno de los primeros investigados del caso en colaborar con las investigaciones en torno a la gestión del Govern Matas, dejó tras de sí un cúmulo de interrogantes sobre cómo su empresa había contribuido a financiar de forma ilegal a la formación conservadora.
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