El PP pide “prudencia” y el PSOE lamenta el “escándalo” tras la dimisión de la edil cuyo marido fue detenido por blanqueo
El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.
Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.
Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.
El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.
Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.
“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.
La dimisión
Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.
La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.
Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.
El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.
El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.
Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.
“Me sorprende que hablen sobre vivienda”
Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.
“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.
Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.
La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.
Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.
La trama tenía 16 villas de lujo
La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.
Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.
La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.
En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.