Una herencia en vida para conseguir una vivienda a precio limitado: el lío inmobiliario del alcalde de Ibiza
Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, está bajo el foco mediático después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). La estrategia consistiría en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Govern de Marga Prohens (PP) para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.
Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, explicó Triguero en una comparecencia de urgencia en la que no aceptó preguntas de los periodistas. Tras las preguntas de elDiario.es, el Ajuntament d’Eivissa se remite a las declaraciones del alcalde, así como a las valoraciones de la Conselleria de Vivienda del Govern, que no aprecia irregularidades hasta el momento.
Como adelantó La Voz de Ibiza y ha comprobado elDiario.es, Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura a fecha del 4 de junio de 2025. Se trata de una oficina de casi 100 metros cuadrados que posee una terraza descubierta de casi 45 metros cuadrados y una terraza con jardín de 76 metros cuadrados. Para ello, solicitaron una hipoteca de 208.000 euros, que vence el 4 de junio de 2045. Si la pareja dejara de pagar y el banco tuviera que vender el inmueble en una subasta pública, se fija un valor de 366.814 euros.
El alcalde y su mujer compraron una oficina de casi 100 metros cuadrados, con 45 de terraza y 76 de jardín
El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cede el 50% de su local en favor de sus dos hijos menores, según los documentos a los que ha accedido elDiario.es. Cada uno de ellos recibe el 25% de la propiedad mediante el pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Además, Triguero y sus dos hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda el 19 de marzo de 2026.
Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron. En este sentido, mediante el pacto sucesorio se reservó “la facultad de disponer”, es decir, el control y derecho sobre él, sin que los hijos puedan intervenir en esas decisiones. Además, el alcalde –o su pareja, en caso de que él fallezca– posee el derecho exclusivo de gestionar el inmueble hasta que sus hijos cumplan los 35 años. Los hijos tienen prohibido venderla, hipotecarla, alquilarla, donarla o dejarla en herencia.
Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron
Triguero también es propietario de otra vivienda situada en el mismo municipio. Un piso de 70 metros cuadrados. La escritura se materializó el 30 de noviembre de 2012. En ese momento, el alcalde tenía el 100% de su titularidad. El 22 de diciembre de 2025, el mismo día en que cedió el 50% del local-vivienda a sus dos hijos, hizo la misma operación mediante el pacto sucesorio con su otro piso, cediendo el 25% a cada uno de ellos.
Se utiliza la misma fórmula que en el caso del local convertido en VPL: Triguero mantiene el poder sobre la vivienda con la imposición de las mismas cláusulas. Por otro lado, la mujer del alcalde es propietaria al 100% de una vivienda en el mismo bloque donde el alcalde y ella compraron la oficina que más tarde convirtieron en vivienda mediante un cambio de uso. Es un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12 metros cuadrados.
Qué dice la ley
La ley autonómica 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, indica en el punto cinco del artículo 2, como uno de los requisitos legales, que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.
Cabe recordar que el local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. Por este motivo, el 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde sigue teniendo el control total de ambos pisos. La oposición ha criticado que esta operación se hizo para “dar apariencia de cumplir con la legalidad”.
La ley establece que una persona que disfruta de una VPL no puede ser titular de más de un 50% de otra vivienda. En el momento de adquirirla, el alcalde y su mujer poseeían el 100% de otro piso, por lo que el primer edil recurrió a la herencia en vida para repartir el local y su otra vivienda a sus dos hijos menores
El PSOE asegura que Triguero vivió en la casa
Por otro lado, la oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026 –unas dos semanas antes de solicitar el cambio de uso–, según denunció el PSOE ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas. A juicio del PSOE, se trata de “una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos” y con el objetivo de “obtener un beneficio económico, alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda VPL”.
En segundo lugar, como presunta irregularidad, se describe la falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL, como exige la legislación autonómica en su artículo tercero. La vivienda, sin embargo, no ha sido inscrita en este registro, que se debe producir previo paso a la ocupación efectiva de la vivienda. Entre las obligaciones, la ley indica que se debe registrar la primera inscripción de las viviendas de precio limitado, “una vez obtenida la licencia de primera ocupación, y como requisito previo a sus transmisiones posteriores, arrendamientos u otras modalidades de transmisión de cualquier derecho o cesión de uso admitido en derecho”, como figura en la disposición adicional decimosegunda.
En tercer lugar, tampoco se habría realizado, según los socialistas, la declaración responsable ante la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, que ahora dirige José Luis Mateo tras haber sustituido a Marta Vidal, la ideóloga de las últimas modificaciones en materia de vivienda. En el punto seis del artículo 2 se establece que “el cumplimiento de las condiciones de acceso se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable” tanto en la primera transmisión como en las posteriores, del beneficiario ante la consejería competente en la materia, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación por parte de los servicios de inspección competentes en materia de vivienda.
Asimismo, la declaración responsable deberá adjuntar “la escritura acreditativa de la propiedad o el contrato de alquiler, en la que se hará constar, además del cumplimiento de las condiciones establecidas y el destino como domicilio habitual y permanente de la vivienda, la identidad de las partes intervinientes, la superficie útil, el precio y la modalidad de uso de la vivienda de precio limitado”, describe la normativa.
Por otro lado, el Ajuntament d'Eivissa aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, cuando Triguero ya era alcalde, los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda limitando a ocho barrios del municipio la posibilidad de convertir locales de negocio en viviendas, y entre esos ocho barrios se encuentra el de Can Misses, donde se sitúan los inmuebles afectados.
La polémica llega al Parlament
Este martes, en el pleno del Parlament, la diputada socialista Irantzu Fernández interpeló al conseller de Vivienda, José Luis Mateo. En su intervención, criticó la política de vivienda del Govern, que resumió en tres aspectos: el “fracaso absoluto” que está siendo, a su juicio, el programa de ‘Alquiler seguro’; la negativa del Govern a declarar el archipiélago balear como “zona tensionada”, lo que permitiría poner topes en los precios del alquiler y la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incluyó la figura de las viviendas a precio limitado.
“Ya denunciamos que esta ley permitía la especulación urbanística. ¿Y sabe quién se dio cuenta también? El alcalde de Eivissa, el señor Triguero. (...) Un chollazo en su misma finca. Un local que llevaba 20 años vacío y al que solo le hacía falta que el Ajuntament aprobara, en esa misma zona –donde no había ningún otro local más–, que se pudiera hacer la reconversión”, criticó Fernández. “¿Se puede tener más cara que hacer maniobras ficticias con las propiedades?”, se preguntó. “Señor conseller, ¿piensa que había alguien en Vila –ciudad, en catalán– que no supiera que el alcalde llevaba mes y medio viviendo en la VPL?”, le interrogó.
En su respuesta, Mateo aseguró que la denuncia había sido recibida en el IBAVI y que iba a ser “tramitada y respondida” desde la Dirección General de Vivienda y Arquitectura “como todas las demás”. El conseller de Vivienda afirmó que el Ejecutivo autonómico había creado la figura de la VPL “para generar más vivienda asequible para los residentes en nuestras islas”. “Está permitiendo que ciudadanos con un mínimo de cinco años de residencia puedan acceder a una vivienda”, insistió.
Del mismo modo, Mateo destacó que la reconversión de locales es “una de las figuras de mayor acogida entre los municipios”. Veintiún ayuntamientos han aprobado acuerdos en el pleno “para regular esta medida”, según el conseller, quien añadió que estas delimitaciones se pueden aplicar en zonas residenciales, pero no en zonas comerciales: “Es de cajón”. “Lo aplican así todos los municipios que lo han regulado, entre ellos algunos de izquierdas, como Inca, Pollença, Maó y Manacor”, argumentó el conseller.
Tras el turno de Mateo intervino Pilar Costa, también diputada socialista en el hemiciclo. “Ustedes quedan absolutamente inhabilitados para cualquier debate sobre vivienda mientras tengan implicado a la máxima autoridad municipal de la isla por presunta corruptela en la obtención de una VPL de forma fraudulenta”, insistió.
La parlamentaria describió la siguiente línea cronológica: el Govern aprueba un decreto ley de vivienda en 2023, que un año después se aprueba definitivamente. Durante este intervalo, el Ajuntament d’Eivissa aprueba una zonificación. “Fue uno de los primeros en hacerlo: en unos pocos días hizo una delimitación en los lugares en los que se podía realizar la reconversión y uno de los barrios era el del propio alcalde. Supongo que también es casualidad que el alcalde se compre un local, se autoconceda la licencia de primera ocupación, lo convierta en VPL, se vaya a vivir allí y alquile su casa anterior a precio de mercado”, criticó Costa. “Son maquinaciones para perpetrar un fraude de ley”, insistió, y preguntó al conseller si podía aclarar en qué situación se encuentra el expediente.
“Para ustedes todo vale en su desesperada y, desde luego, muy poco edificante labor de oposición”, respondió Mateo, quien volvió a repetir la versión que está dando estos días tanto el Ajuntament como la Conselleria de Vivienda. “Vierten acusaciones en un procedimiento que como ya explicó el propio alcalde de Eivissa y como también ha manifestado el Govern desde el primer momento se encuentra abierto en tramitación, por tanto, en plazo, y sobre el que se revisarán todos los requisitos como en todos los casos”, repitió.
En este caso, el conseller insistió en que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, hasta la fecha, no había recibido la documentación para la inscripción de la vivienda en el registro autonómico de VPL, ni tampoco para el posterior registro de sus futuros beneficiarios. A partir de ahí, explicó, se revisará toda la documentación y el cumplimiento de los requisitos “cuando la documentación sea aportada”, como en cualquier otro caso. Por ello, “no se puede considerar incumplimiento en un procedimiento que aún se encuentra en tramitación”, argumentó.
En este sentido, Mateo afirmó que cuando un local se convierte en VPL se debe inscribir en el Registro Autonómico “a partir del momento en que se haya obtenido la licencia municipal de primera ocupación”. Según la información de la que el Govern dijo que disponía, “este caso está en plazo”. “Está en el periodo en que puede realizarse esa inscripción”, insistió. En cuanto a los beneficiarios, posteriormente, “se deberá hacer la inscripción de beneficiarios de VPL mediante la oportuna declaración responsable”. “En este caso, el alcalde ya ha manifestado públicamente su intención de que una vez finalice la tramitación pondrá esa VPL en el mercado del alquiler”, detalló Mateo, por lo que serán “los futuros inquilinos, mal que a usted le pese, quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a la VPL como beneficiarios”.