Más de 70 legisladores de EEUU, Canadá y América Latina exigen a Trump el fin de los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico
Que acaben los bombardeos contra supuestas narcolanchas y los asesinatos extrajudiciales por parte de Estados Unidos. Es lo que reclaman 72 legisladores de 13 países del continente americano, incluyendo Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico.
Así, el congresista demócrata Jesús 'Chuy' García (Illinois), junto con Andre Carson (Indiana), Greg Casar (Texas), Jonathan Jackson (Illinois), Pramila Jayapal (Washington), Hank Johnson (Georgia), Ro Khanna (California), Summer Lee (Pensilvania), Eleanor Holmes Norton (DC), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Ilhan Omar (Minnesota), Delia Ramirez (Illinois), Jan Schakowsky (Illinois), Rashida Tlaib (Michigan) y Nydia Velázquez (Nueva York), han suscrito una declaración exigiendo el cese inmediato de los ataques del Gobierno de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico Oriental.
Estos ataques han causado ya 234 asesinatos extrajudiciales.
Asimismo, los firmantes reclaman justicia para las víctimas de estos ataques e instan a los demás Gobiernos de la región a abstenerse de facilitar acciones que, según expertos jurídicos, organizaciones de derechos humanos y miembros –actuales y retirados— de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, constituyen violaciones del derecho internacional.
Los legisladores señalan que el propio Gobierno estadounidense ha determinado que estas operaciones no han reducido significativamente el flujo de cocaína hacia el país. Destacan que el derecho a la vida y al debido proceso, así como las garantías frente al uso arbitrario de la fuerza, son principios fundamentales del Estado de derecho democrático. Advierten de que las acusaciones de narcotráfico, por graves que sean, no anulan ni prevalecen sobre estas protecciones.
Ante el anuncio de la Administración Trump de continuar con estas operaciones y extenderlas a objetivos terrestres, los legisladores manifiestan su compromiso de utilizar sus “facultades legislativas y de fiscalización para promover la transparencia y la rendición de cuentas en torno a estas ejecuciones extrajudiciales”.
“Donald Trump está lanzando bombas en el Caribe y el Pacífico en flagrante violación de la ley y de los derechos humanos fundamentales”, afirmó el congresista Jesús 'Chuy' García: “Esto no ha servido para detener el tráfico de drogas ni para aumentar la seguridad de los estadounidenses. Por el contrario, ha dejado cientos de muertos, familias destrozadas y comunidades sumidas en el miedo. Llamemos a estos ataques por su nombre: ejecuciones extrajudiciales ilegales. Me enorgullece unirme a legisladores de todo el hemisferio para oponerme a estos graves crímenes”.
“Ante el silencio institucional y la censura gubernamental en Ecuador, esta coalición de parlamentarios de toda América Latina es fundamental para romper el secretismo que rodea a las operaciones encubiertas en nuestras aguas”, señala Verónica Iñiguez Gallardo, integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador: “Esta declaración transnacional representa un paso decisivo hacia la rendición de cuentas y la transparencia para nuestros pueblos”.
“Estados Unidos debe poner fin a sus ataques en el Caribe y el Pacífico”, declara Iván Cepeda Castro, senador de Colombia: “La lucha contra el narcotráfico no puede justificar el sacrificio de vidas humanas ni la vulneración del derecho internacional. América Latina y el Caribe deben actuar unidos para defender nuestra soberanía y el derecho de nuestra región a la paz, libre de las pretensiones de dominación hemisférica de cualquier potencia”.
“La campaña de bombardeos de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico es a la vez criminal y cruel, y no ha contribuido en nada a hacer nuestra región más segura”, afirma Don Davies, miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá: “Los canadienses sabemos lo que significa ver nuestra soberanía amenazada por nuestro vecino del sur. Por ello, me solidarizo con los pueblos de todo el hemisferio en el rechazo a estas ejecuciones ilegales”.
Alerta de Naciones Unidas
La declaración de los más de 70 legisladores llega poco después de la publicación de un informe del Relator Especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, en el que sostiene que existen “elementos razonables para pensar” que los ataques constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato. Además, argumenta que serían ataques sistemáticos por responder a una política estatal organizada, así como generalizados por el número de víctimas.
El documento concluye que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en violación del derecho a la vida” y sostiene que no están justificados por legítima defensa, derecho internacional humanitario, derecho del mar, tratados antinarcóticos ni derecho internacional antiterrorista.
El informe dice también que hay responsabilidad de quienes los ordenaron, y sostiene que EEUU debe investigar los asesinatos extrajudiciales y procesar a los responsables, incluidos los dirigentes militares y políticos que ordenaron los ataques, por delitos que podrían incluir asesinato y crímenes de lesa humanidad.
Además, no acepta el argumento de que exista un conflicto armado: dice que no existe el nivel de hostilidades necesario para hablar de un conflicto armado no internacional, y describe la violencia como unidireccional: EEUU atacando embarcaciones no militares y personas en tiempo de paz.
Además, defiende que el que un grupo sea designado “terrorista” no cambia jurídicamente este análisis.