El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos humanos de la población, que constituyen crímenes de lesa humanidad, según han concluido este jueves expertos en derechos humanos de la ONU.
El grupo de expertos fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y ha presentado este jueves a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua cubren un espectro muy amplio de abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
Los abusos, según el informe, “no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
“Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población”, ha declarado el presidente del grupo, Jan Simon, que señala que estas violaciones y abusos “se perpetran de manera generalizada y sistemática”.
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, ha dicho. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Quitar la nacionalidad
A todos esos crímenes se ha sumado últimamente la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país. El Gobierno ha retirado recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De estas, 222 fueron expulsadas del país.
“Técnicamente se ha creado una figura que creíamos desaparecida y que es el destierro. Pero además las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que les quita la posibilidad de subsistir”, explica a EFE la experta del grupo Angela Buitrago. La pareja presidencial ha ordenado la “muerte civil” de esas personas, ya que además de privarlas de una nacionalidad, las ha eliminado de los registros de nacimientos y ha confiscado abusivamente sus propiedades y otras pertenencias.
“Una variedad de actores”
El grupo de expertos confirmó que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población “una variedad de actores e instituciones” siguieron las órdenes emanadas de la presidencia y de la vicepresidencia contra todo aquel con una postura diferente a la del Gobierno o que podía ser sospechoso de criticarlo.
Entre los hechos que el grupo ha podido determinar está que la Policía y grupos armados pro-Gobierno ejecutaron a oponentes o personas percibidas como tales, y esto siguiendo instrucciones de autoridades nacionales, locales o de líderes territoriales del partido de Ortega.
Sobre la participación del Ejército de Nicaragua en la represión de la protesta social, el informe reconoce que se requieren investigaciones adicionales, pero Simon ha reconocido que no puede caber duda de que la institución armada actúa –como todo el resto del aparato público– con el fin de mantener a la pareja presidencial en el poder.
Por otra parte, el informe indica que hay 38 personas que se han identificado a ellas mismas como presas políticas y siguen detenidas.
El grupo de expertos también menciona la cancelación de las actividades de 3.144 personalidades jurídicas de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales desde diciembre de 2018 hasta ahora, a través de decretos de la Asamblea Nacional o por orden del Ejecutivo.
El objetivo, según el informe, “es reconfigurar el espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social”, con el fin de aumentar la dependencia de la ciudadanía y debilitar su capacidad de organización.
El informe también insta a la comunidad internacional a “iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional”.