Cómo funciona la maquinaria de ejecuciones en Irán y cómo el Gobierno esconde su alcance

Septiembre de 1988. Había ido con mi familia a Gohardasht, una zona de Karaj donde vivía la mayor parte de la familia de mi padre. Las vacaciones de verano estaban terminando y los niños queríamos aprovechar los últimos días. Una de nuestras diversiones era un pequeño parque de atracciones cerca de la tristemente célebre cárcel de Gohardasht, con una gran noria en el centro. Al atardecer de un día entre semana, el parque estaba casi vacío. Corrimos hacia la noria para subirnos y ver la ciudad desde arriba. Pero la noria no funcionaba: la habían apagado. Mi madre le pidió al encargado que la encendiera, pero el hombre dijo que había una orden de la policía municipal para que la noria no funcionara durante un tiempo. Nos pareció extraño el parque vacío, la atracción apagada y volvimos a casa decepcionados.

Años después entendí el motivo de aquel apagón. Esos mismos días, en la cárcel de Gohardasht, estaban fusilando a los opositores del régimen. Desde la noria se veía la cárcel desde arriba; el régimen no quería que ningún ojo presenciara su crimen. Hoy, en la medida de lo posible, sigue queriendo tapar la verdad.

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel verano. Pero hoy, en el Irán de 2026, aquel recuerdo silencioso ha vuelto a cobrar vida esta vez no con el silencio de un parque de atracciones, sino con una máquina que ha vuelto a ponerse en marcha y que ha arrebatado la paz a miles de familias.

La frontera que no existe

Conozco a Maryam Mirza, periodista que documenta casos políticos y de seguridad, desde hace años, desde la época en que trabajaba en la revista Zanan (Mujeres) en Irán y ya entonces se preocupaba por los problemas sociales. Salió de Irán tras las elecciones de 2009 y desde entonces vive en Europa. El día que habíamos quedado para hablar, leí en las noticias que en Lyon, la ciudad donde ella lleva años viviendo, se había desatado una tormenta muy fuerte. Pensé que esa tormenta era una imagen apropiada del estado de ánimo de quienes, lejos de Irán, siguen cada día las noticias de ejecuciones y represión.

En los informes oficiales y en buena parte de la cobertura mediática, las ejecuciones en Irán se dividen en dos categorías: las “políticas” que atraen la atención mundial y las de “narcotráfico” o “delitos comunes”, que se ejecutan en silencio. Mirza, que a lo largo de la conversación responde con la precisión de una periodista que lleva años siguiendo este asunto, rechaza esa distinción: “Creo que se puede pensar el motivo del aumento de todas estas ejecuciones de manera conjunta, porque en realidad todas aumentan con un mismo objetivo: sembrar terror y pánico”.

Esto va más allá de un simple detalle estadístico. Amiri-Moghaddam, director de Iran Human Rights, describe la proporción de ejecuciones por cargos de seguridad como “una cifra pequeña”. El informe anual de Iran Human Rights de 2024 indica que solo 31 personas, menos del tres por ciento del total de ejecuciones de ese año, fueron ejecutadas por cargos de seguridad: entre ellos, moharebeh (“guerra contra Dios”) y efsad-e fel-arz (“corrupción en la Tierra”), dos categorías de vaga definición que la justicia iraní usa habitualmente contra opositores políticos, frente a 419 personas (43%) ejecutadas por homicidio. Los datos completos y definitivos de este año todavía no se han publicado, pero es precisamente esa pequeñez relativa la que revela el peligro de la clasificación oficial entre “político” y “común”: cuando la atención internacional se concentra únicamente en esa cifra reducida, miles de casos “no políticos” que constituyen la inmensa mayoría de las ejecuciones totales se vuelven prácticamente invisibles. Un preso político resulta costoso para el régimen, porque los medios y los gobiernos extranjeros lo siguen de cerca; un trabajador afgano o baluchi condenado por narcotráfico sale barato. Pero, según Mirza, el efecto de ambos es idéntico.

Una escala que no se puede ocultar

Según los datos de Iran Human Rights, desde comienzos de 2026 al menos 525 personas han sido ejecutadas en Irán; desde 2010, la cifra asciende a 10.968. La Fundación Abdorrahman Boroumand, en un informe independiente publicado en agosto de este año, registró para el mismo periodo de 2026 916 personas. La diferencia entre ambos datos es, en sí misma, una señal de que incluso las organizaciones especializadas apenas logran seguir el ritmo de esta maquinaria.

Amiri-Moghaddam, siendo adolescente y en plena guerra entre Irán e Irak, llegó a Noruega como refugiado en 1985, a través de Pakistán. Se graduó en Medicina por la Universidad de Oslo en 1996 y recibió la Medalla de Oro del Rey de Noruega a la mejor tesis doctoral en medicina de aquel año; hoy es catedrático de neurociencia en la misma universidad. Quien de joven se vio obligado a abandonar su país, como médico llegó a la conclusión de que la situación de los derechos humanos en Irán ignorada durante décadas no podía quedar sin respuesta; el mismo sentido de responsabilidad que muchos activistas iraníes en el exilio llevan consigo, cada uno a su manera. En su trayectoria figura también el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Noruega (2007). Desde 2008 dirige y fundó Iran Human Rights, organización que, gracias a su amplia red dentro de Irán, se ha convertido en una de las fuentes independientes más fiables sobre ejecuciones en el país.

Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní

Según él, el punto de inflexión fue el inicio de la guerra: “Desde que empezó la guerra, las cifras de ejecuciones subieron. Después del 11 de marzo, las cifras de ejecuciones se dispararon”. Mirza explica esa misma aceleración desde otro ángulo: “Ahora mismo la República Islámica tiene verdadero miedo de que, dadas las condiciones internas del país y la sombra de la guerra, estallen nuevas protestas”. Según ella, la ejecución en Irán ha dejado de ser un castigo en sentido jurídico: “Se ha convertido en una palanca de presión y de generación de terror en la sociedad”.

Ese temor no es infundado. Siete meses antes del inicio de la guerra, en enero de 2025, Irán vivió una de las mayores oleadas de protestas de su historia reciente. Dichas movilizaciones fueron respondidas a tiros y derivaron en las mismas detenciones masivas que hoy engrosan el corredor de la muerte. En lugar de resolver las causas de aquella protesta, el régimen ha afilado su aparato represivo para la siguiente ronda, antes incluso de que estalle una nueva.

Quién muere

Detrás de estas cifras hay un patrón de clase evidente. Amiri-Moghaddam dice que en sus veinte años de trabajo no recuerda a ninguna persona conocida o con gran influencia financiera que haya sido ejecutada por narcotráfico. Al contrario, las personas de comunidades marginadas baluchis, afganos, pobres representan una proporción altísima. Mirza lleva ese patrón al plano geográfico: en provincias como Sistán y Baluchistán o Kurdistán, las acusaciones político-securitarias suelen redefinirse como “delito común” para llamar menos la atención del centro del país.

El 19 de julio de 2026, en la cárcel central de Isfahán, ese patrón adquirió dos nombres y dos destinos: Erfan Esfandiari, de Isfahán, y Golmohammad Mohammadi, de veinticuatro años, migrante de Herat, Afganistán, y criado en Isfahán desde la infancia, fueron ejecutados. Su juicio, presidido por los jueces Morteza Barati y Mohammad Reza Tavakoli, duró apenas diez minutos.

La noche anterior a la ejecución, las familias de ambos jóvenes esperaron frente a la cárcel desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada. Dos agentes le dijeron explícitamente a la familia de Golmohammad que la ejecución no se llevaría a cabo. Las autoridades de la prisión se negaron a dar cualquier información. Las familias se vieron obligadas a volver a casa y poco después recibieron una llamada informándoles de que la sentencia ya se había ejecutado.

Los mismos jueces y la misma sala habían condenado, en un caso relacionado, a dos primos a sentencias fuera de lo común: Alireza Sepahi, de 25 años, a cuatro condenas de muerte independientes, y Abolfazl Sepahi, de 23, a tres condenas a muerte. Abolfazl fue finalmente ejecutado el 28 de julio en la misma zona. Alireza, sin embargo, sufrió un infarto horas antes de la ejecución y fue trasladado al hospital, según la información disponible en el momento de esta entrevista, su ejecución seguía pendiente. La madre de Alireza y la suegra de Abolfazl son la misma persona: una mujer que en este mismo caso fue condenada a cinco años de prisión.

Un pueblo que ha pagado el precio de una generación

En un informe que Iran Human Rights publicó a finales de 2025, el ejemplo más documentado de este patrón de clase tiene nombre propio: un pequeño pueblo de la provincia de Lorestán llamado Sartarahan-e Chah-Khereh. Esta aldea, con una población de menos de 400 habitantes, ha visto cómo entre 2010 y 2025 las autoridades han ejecutado a unas 70 personas, todas por delitos relacionados con drogas; y ahora otras 100, entre ellas tres mujeres, esperan en el corredor de la muerte. Iran Human Rights, mediante geolocalización y verificación independiente, ha confirmado que en varias lápidas del cementerio local se repiten los mismos apellidos, señal de familias que han perdido a más de un miembro, con apenas unos años de diferencia.

Amiri-Moghaddam, al hablar de esta aldea, la considera un ejemplo de un patrón nacional, no una excepción: “Estas personas solo tienen su foto en el cementerio local; son personas verdaderamente marginadas”. Según él, el objetivo principal de estas ejecuciones son los sectores más débiles de la sociedad, precisamente porque el coste de ejecutarlos es el más bajo para el régimen: “Nadie da la voz de alarma, no tienen redes que puedan, por ejemplo, lanzar una campaña para salvar a alguien. Ni siquiera tienen abogado tras la detención”.

Los datos del mismo informe muestran la dimensión real de este patrón. Entre enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2025, al menos 5.356 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos relacionados con drogas. Es más de la mitad del total de ejecuciones de este periodo de 15 años. Entre ellas hay 121 mujeres y al menos siete personas que tenían menos de dieciocho años en el momento del presunto delito.

La minoría baluchi representa solo entre el 2% y el 5% de la población iraní. Pero ha concentrado, desde 2021, el 26% de estas ejecuciones. Solo en 2025, la cifra llegó a 795 personas, un 58% más que el año anterior. Y de todos estos casos, únicamente el 2,4% fue anunciado oficialmente por las autoridades, frente a una tasa del 23,44% para el resto de tipos de ejecución. Si la ejecución política se lleva a cabo en la sombra, la relacionada con drogas permanece casi por completo en la oscuridad.

Amiri-Moghaddam, con motivo de la publicación de este mismo informe, dijo una frase que coincide directamente con la tesis central de este reportaje: “Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní”.

Destaca, a partir de estos mismos casos, otro patrón: el papel de algunos abogados de oficio en acelerar la ejecución de la sentencia. Estos abogados, en lugar de defender a su cliente, presentan a veces la apelación apenas un día después de dictada la condena en un gesto que aparenta ayudar, pero que priva al cliente del plazo legal de veinte días para una apelación real. Un grupo de abogados de derechos humanos dentro de Irán, en una carta abierta, calificó a estas personas de “cómplices”. “En la mayoría de los casos no existe un proceso ni una defensa efectivos”, dice Amiri-Moghaddam. “La mayoría de los casos se basan en confesiones obtenidas bajo presión”. Habla de sus conversaciones con personas que confesaron bajo tortura; personas para quienes esa experiencia se había vuelto tan habitual que ni siquiera se sorprendían al describirla.

Ehsan Afrashteh, ejecutado en agosto de 2026, tenía inicialmente una condena de dos años; después se cambió a pena de muerte. Su familia había reunido dinero para pagar un préstamo que había pedido su padre; los agentes llamaron a ese dinero “dinero del Mosad” dándolo a entender como parte de un supuesto pago del servicio de inteligencia israelí a Afrashteh y exigieron a la familia devolver esa misma cantidad al poder judicial. Mirza resume el patrón: “O son de clases desfavorecidas, o en los casos de espionaje caen con un poder aplastante sobre las familias”. Dos caminos distintos hacia el mismo destino.

La capa más peligrosa de este sistema es, quizá, aquella en la que hasta la protesta contra la ejecución se reprime. En dos módulos de la cárcel central de Isfahán, los presos hicieron huelga de hambre en protesta por la ejecución programada de varias sentencias; pero, según un informe de Iran Human Rights, “tras las presiones y amenazas graves de las autoridades penitenciarias, los presos se vieron obligados a romper la huelga”.

Deshumanización, incluso después de la muerte

Hace unos 17 años, en plena campaña electoral de 2009 y las protestas que la siguieron y fueron reprimidas, yo trabajaba en el diario Shargh. Uno de los directivos del periódico, que había sido responsable de logística durante la guerra entre Irán e Irak y mantenía amplias relaciones dentro del régimen, nos contó que tenía un amigo que había hablado con uno de los responsables de esa misma cárcel de Gohardasht sobre los fusilamientos de opositores y el traslado de los cuerpos al cementerio de Khavaran. Amontonaban a los ejecutados en un camión sin cubierta, sin ninguna lona. Aquel amigo había protestado, pidiendo al menos que pusieran una lona sobre los cadáveres al amanecer, cuando el camión cruzaba la ciudad y la gente podría ver aquella cantidad de cuerpos. El responsable de la cárcel había respondido: que la vean; ¿acaso alguien va a creer que tantos cadáveres acribillados van amontonados en un solo camión? Pensarán que han tenido una pesadilla.

Lo que en aquellos años se hacía con un camión sin cubierta tiene hoy otra forma, pero persigue el mismo fin: no solo matar, sino borrar. La República Islámica, al no dar información precisa sobre los ejecutados de hoy y al ocultar o dañar el lugar de su entierro, priva de facto a los manifestantes incluso después de la muerte del derecho más básico al duelo. La República Islámica, con este ocultamiento, envía un mensaje doble a los familiares, dice Mirza: no solo os hemos arrebatado a vuestro ser querido, sino que también os negamos el derecho a llorarlo.

El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen. Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad. El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal

En medio de esta gran oleada de ejecuciones, ¿cómo se sienten Amiri-Moghaddam y sus colegas en la organización? Dice que la mayoría de los activistas de derechos humanos que han seguido estos meses han sufrido traumas. Sus compañeros, cada día, a las seis de la mañana hora de Irán, cuando la República Islámica ejecuta las sentencias de muerte, sientes cómo la angustia les recorre el cuerpo.

Ese agotamiento plantea, por sí solo, una pregunta seria: ¿de verdad es eficaz este nivel de represión? Mirza, al preguntarle lo mismo, bass su argumento en una experiencia ya vivida: la masacre de los manifestantes del movimiento Mujer, Vida, Libertad tampoco sirvió como elemento disuasorio. Si lo hubiera sido, enero de 2025 no se habría repetido. Incluso hoy, cuando el régimen ejecutó en público las sentencias del caso de la Plaza Alikhani, la propia Isfahán fue escenario de una concentración de protesta. Según ella, esto demuestra que el sistema de terror puede retrasar la protesta, pero no puede eliminarla; sitúa la raíz de este fracaso en un patrón histórico más amplio: “El poder judicial ha demostrado durante todos estos años, sobre todo cuando se enfrenta a activistas políticos serios, que dicta condenas de muerte con total facilidad. Creo que nos enfrentamos a una tradición política, en realidad criminal, por parte del poder judicial”.

Una presión que antes daba resultado

La historia de la presión internacional sobre Irán demuestra que esta situación no siempre ha quedado sin respuesta. Amiri-Moghaddam se remonta a 1998 como el año en que, tras el atentado de Mikonos en Berlín, la Unión Europea rompió por completo relaciones con Irán. Con la llegada de Jatamí a la presidencia, comenzó un intento de reconstruir las relaciones, pero cuando se difundió un vídeo de una lapidación, Europa impuso nuevas condiciones. El caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, años después, atrajo tal atención mundial y, a partir de entonces, las sentencias de lapidación dejaron de anunciarse oficialmente.

Pero hoy esa presión se ha reducido al silencio. Amiri-Moghaddam dice que desde el inicio de la guerra, la reacción de los gobiernos occidentales ha sido casi inexistente: “El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen”. Insiste especialmente en un punto: la crisis actual es, al mismo tiempo, una oportunidad. “Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad”. Según él, si los países europeos convirtieran la suspensión o la reforma del proceso de ejecuciones en condición de cualquier negociación, podría tener efecto: “El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal”.

Amiri-Moghaddam, al final de la conversación, menciona algo que, más que cualquier estadística o expediente, revela la lógica oculta de esta maquinaria: “Creo que uno de los objetivos de esta represión y de estas ejecuciones es que la gente sienta que está desamparada, que no puede hacer nada”. Y añade de inmediato: “Pero en la práctica hemos visto que no es así; no estamos desamparados y precisamente por eso redoblamos nuestros esfuerzos”.

En esa misma cárcel de Isfahán donde ejecutaron a Erfan y Golmohammad, otras setenta personas siguen en el corredor de la muerte. Por cada una de ellas hay una familia que, algún día, desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada, esperará detrás de esa misma puerta.