La comisión especial de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha terminado su trabajo solicitando al Departamento de Justicia que procese al expresidente Donald Trump por sus intentos de frenar la certificación en el Congreso de los resultados electorales de 2020. Las voces expertas señalan que el Departamento de Justicia sin duda puede investigar los cargos señalados por la comisión.
La comisión de congresistas votó este lunes en su última sesión pública a favor de recomendar el procesamiento de Trump por cuatro posibles delitos: obstruir un procedimiento oficial, conspirar para engañar a EEUU, incitar a la insurrección y conspirar para hacer una declaración falsa.
En gran medida, esta solicitud es simbólica porque el Congreso no puede obligar al Departamento de Justicia a presentar cargos y hace meses que los fiscales federales iniciaron su propia investigación sobre el ataque al Capitolio y sobre los intentos de Trump por anular su derrota.
Estas recomendaciones legales proporcionan un análisis de un posible comportamiento criminal, así como pruebas de apoyo similares a los memorandos de acusación interna que el Departamento de Justicia prepara antes de presentar cargos. Según dos exfiscales estadounidenses, las recomendaciones de la comisión incluyen varias leyes que, casi con toda probabilidad, serán consideradas por el nuevo fiscal especial del caso.
El cargo más probable
Los expertos señalan que la solicitud de procesar al expresidente por obstrucción de un procedimiento oficial es la acusación con más posibilidades de ser considerada por los fiscales federales por los intentos de Trump de retrasar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
El panel ha concluido que Trump aparentemente cumplió con los requisitos del delito (tratar de “impedir cualquier procedimiento oficial” de una manera “deshonesta”) cuando ejerció presión sobre su vicepresidente, Mike Pence, para que se negara a contar los votos del colegio electoral obtenidos por Biden, a pesar de que ya le habían dicho que ese plan era ilegal.
Aunque la comisión señala que los intentos de Trump para que Pence parara la certificación son suficientes para presentar cargos, añade que el expresidente también podría ser procesado por tratar de crear declaraciones falsas que decían que había ganado votos del colegio electoral, un plan de última instancia que tenía como objetivo darle a Pence la excusa para retirarle la certificación a los votos de Biden.
El segundo cargo, conspirar para engañar, es otra acusación que probablemente será considerada por los fiscales federales, según los expertos. No necesita tener relación con ningún delito subyacente más allá de obstaculizar una función legal del Gobierno por medios deshonestos.
En un solapamiento parcial con el primer cargo recomendado, el panel de la comisión especial sugiere que Trump podría ser acusado de conspirar porque sus intentos de impedir la certificación del 6 de enero se hicieron “de manera deshonesta”, ya que el complot para conseguir que Pence retirara la certificación a las victorias electorales de Biden era “manifiestamente (y reconocidamente) ilegal”.
Aunque el Departamento de Justicia ha considerado en otras ocasiones el delito de conspiración para el engaño (la última persona que lo hizo fue Robert Mueller), no está tan claro que ahora pueda invocarse para acusar a Trump: el Tribunal Supremo de EEUU tiene una interpretación más restringida de esta ley, aplicable en delitos de dinero, pero no tanto en los de corrupción pública.
Mentir
El tercer cargo, “conspirar para una declaración falsa”, es según los expertos jurídicos una opción adecuada si el Departamento de Justicia consigue probar de manera concluyente que Trump formó parte de la conspiración para presentar información falsa del colegio electoral ante el Congreso y ante el Archivo Nacional de EEUU.
Definido en la sección 1001 del código penal de EEUU, el cargo de declaración falsa suele invocarse cuando hay mentiras ante las fuerzas del orden, pero incluye estipulaciones sobre la fabricación o el uso de documentos cuya falsedad es conocida por los conspiradores.
La comisión especial de investigación ha presentado esa tercera recomendación como evidente, pero los expertos jurídicos ven complicado probar que Trump formase parte de la conspiración. Habría que demostrar dos cosas: que estaba involucrado en la trama personalmente y que tenía conocimiento de que iba a usarse para inducir actuaciones ilegales por parte de Pence.
El Departamento de Justicia también tendría que refutar la línea de defensa que Trump lleva presentando desde hace tiempo: que los miembros falsos del colegio electoral (los ciudadanos votan por su candidato favorito pero la elección en cada estado se hace formalmente con la votación de estas personas que deben seguir el resultado) no se habían creado con una finalidad ilegal, sino como un plan de contingencia para preparar listas alternativas en caso de que los estados republicanos decidieran formalmente sustituir a los electores de Biden por los de Trump.
El cargo de insurrección
La cuarta acusación, incitar a la insurrección, solo requiere que los fiscales demuestren que Trump ayudó en los actos ilegales relacionados con el 6 de enero, pero según los expertos jurídicos es la que menor probabilidad tiene de ser considerada por el Departamento de Justicia. Casi con toda seguridad, Trump invocaría la protección de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, para defender su discurso en el mitin del parque junto al Capitolio y su ya famoso tuit: “Gran protesta en Washington el 6 de enero”, en el que animaba a sus simpatizantes a protestar allí. “¡Estad allí, va a ser bestial!”.
El precedente jurídico para decidir si hubo incitación o contribución a la insurrección se deriva de una sentencia histórica del Tribunal Supremo de 1969 en el caso Brandenburg contra Ohio. El fallo señala que el Gobierno no puede prohibir ningún discurso a menos que esté diseñado para incitar a una acción ilegal inminente.
El Departamento de Justicia puede negarse a presentar cargos por incitación a la insurrección si no es capaz de demostrar que Trump tenía conocimiento de un plan de los grupos de extrema derecha Proud Boys o Oath Keepers para asaltar el Capitolio cuando el 19 de diciembre de 2020 escribió su tuit o cuando en el mitin del parque dijo a sus simpatizantes que “lucharan con todas sus ganas”.
Traducción de Francisco de Zárate