Trump impone sanciones a la Corte Penal Internacional como parte de su ofensiva para desmantelar el tribunal

La Administración Trump ha impuesto nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional como parte de su campaña para desmantelar el tribunal que, según EEUU, se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado las sanciones este viernes, tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Sin embargo, esta medida se remonta a mucho antes del anuncio del Premio Nobel.

“Hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones son objeto de ataques, necesitamos personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza”, ha dicho el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Quien sí ha aplaudido la decisión de EEUU es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: “Felicito al presidente Donald Trump y al secretario Rubio por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, cortándole los recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”, ha afirmado Rubio en un discurso en vídeo publicado en las redes sociales. “Ni Estados Unidos ni el pueblo estadounidense están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI”.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

Rubio afirmó que tanto los republicanos como los demócratas tienen profundas reservas respecto a la Corte, que se creó para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que, de otro modo, quizá no serían abordados por las partes implicadas.

Sin embargo, señaló que solo Trump estaba dispuesto a tomar medidas contra la Corte: “Ambos partidos están de acuerdo en esto, pero solo el presidente Trump tiene la determinación necesaria para tomar las medidas que se requieren para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”.

Rubio ha añadido que Estados Unidos espera que sus aliados se sumen a las medidas contra la CPI. Entre ellos, según EEUU, se encuentran muchos miembros de la OTAN y Japón.

“Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a este tribunal deshonesto”, afirmó. “Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, pieza a pieza, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”.

Según la Administración Trump, “hasta la fecha, EEUU ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía de Estados Unidos y neutralizar la amenaza que supone la CPI”. Así, “la CPI queda sancionada. Como consecuencia, todos los bienes y derechos sobre bienes de la CPI que se encuentren en Estados Unidos o estén en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro”.

Además, “quedan prohibidas todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito por el país) que impliquen bienes o derechos sobre bienes de personas designadas o bloqueadas por otros motivos, salvo que estén exentas o autorizadas mediante una licencia general o específica expedida por la OFAC, incluidas las licencias generales descritas anteriormente. Estas prohibiciones incluyen realizar contribuciones o suministrar fondos, bienes o servicios a cualquier persona bloqueada o en su beneficio, así como recibir contribuciones o fondos, bienes o servicios procedentes de dicha persona”.

Tibia respuesta de la UE

“La Unión Europea siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional (CPI). Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”, ha afirmado la Comisión Europea en un comunicado, informa Rodrigo Ponce de León.

“La UE colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

La CPI: “Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia”

“Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se produce tras una serie de sanciones contra trece jueces y fiscales independientes que sirven a la causa de la justicia”, ha respondido al Corte, informa Iciar Gutiérrez: “Esta medida va dirigida contra una institución judicial independiente, creada en virtud de un tratado y a la que 125 Estados han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Es un ataque al Estado de Derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.

El tribunal argumenta: “La designación tiene por objeto perturbar el funcionamiento de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o cooperan con ella. La Corte, por su parte, no se dejará intimidar”.

“La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de delitos graves”, ha declarado la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.

“Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión”, sentencia la corte.