Bezabeh ratifica las acusaciones contra los imputados en la 'Operación Galgo'

El atleta español de origen etíope Alemayehu Bezabeh, que se entrenaba a las órdenes de Manuel Pascua, ha ratificado este jueves ante la juez de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, sus acusaciones en el marco de la 'Operación Galgo' en la que en pleno desarrollo fue detenido cuando iba a hacerse una transfusión de sangre en El Escorial.

La magistrada había citado como testigos a Bezabeh, a la atleta holandesa Adrienne Stefanie Herzog y al ciclista Joaquín Novoa. No obstante, la holandesa no se ha presentado a la declaración por causas que se desconocen.

Bezabeh, plusmarquista español de 5.000 metros y campeón de Europa de cross en 2009, ha prestado declaración durante una media hora, sin estar acompañado de abogado y respaldado por su representante. En la comparecencia estuvieron presentes los abogados de Manuel Pascua y de Eufemiano Fuentes, los letrados José María de Pablo y Julián Pérez Templado, respectivamente.

A la salida de la declaración, el atleta se ha negado a contestar a las preguntas de los periodistas. Visiblemente molesto por la presencia de los medios, el fondista sólo ha contestado “sí” a las preguntas sobre si estaba tranquilo y si había manifestado lo mismo que ante la Guardia Civil y en su visita a la Federación.

El corredor, pupilo de Manuel Pascua, reconoció haberse sometido a una autotransfusión en su visita a la Federación, por lo que fue retirado de la selección para el Europeo de campo a través de Albufeira (Portugal).

Bezabeh confesó que le habían extraído una bolsa de sangre el pasado 15 de noviembre y que la policía le detuvo en El Escorial cuando iban a “pincharle otra vez”. Ante la Guardia Civil, aseguró que Pascua le recomendó a un amigo para que le resolviera un problema que tenía con sus problemas de calor.

ESCUCHAS “ILEGALES”

Por otro lado, los abogados de Pascua y Fuentes han presentado un escrito ante la magistrada en el que solicitan la nulidad de las escuchas telefónicas al entender que fueron “desproporcionadas”, teniendo en cuenta el delito contra la salud pública que se investiga en este proceso penal.

“No se han cumplido los requisitos que determina la Ley”, ha manifestado el letrado Julián Pérez Templado en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla. Además, ha criticado que el juez Santiago Torres, que estaba de guardia el día que se solicitaron las autorizaciones, firmara las órdenes para dar luz verde a la intervención de las comunicaciones de los investigados.