Fomento suspenderá el 20% de las obras de carreteras y ferrocarril

El Ministerio de Fomento suspenderá o retrasará hasta cuatro años la ejecución de unos 230 contratos de carreteras y ferrocarriles, el 20% del total de 1.166 actuaciones de más de un millón de euros actualmente en marcha,ha anunciado el titular del departamento, José Blanco.

El ministro atribuyó esta reprogramación de obras al recorte de 6.400 millones de euros que sufrirá el presupuesto inversor de su Departamento en el periodo 2010-2011 por las medidas 'antidéficit' del Gobierno, pero también a la necesidad de revisar la política construcción de nuevas dotaciones de transporte a partir de criterios de eficiencia y racionalidad.

Así, del total de obras afectadas por el ajuste, 32 proyectos, el 2,7% del total en curso, se rescindirán, y otros 199 (el 17%) sufrirán una demora en su ejecución de entre uno y cuatro años. Los 885 contratos restantes, el 80% del cómputo global, “seguirán su curso sin ninguna alteración”.

En cuanto a los proyectos anulados, en última instancia se reducirán a 18, todos ellos de autovía, toda vez que el Ministerio prevé volver a contratar catorce para ejecutarlos en colaboración con el capital privado en el marco del Plan Extraordinario de Infraestructuras que actualmente ultima.

Respecto a las obras que tendrán que alargar sus plazos de ejecución, 112 serán de autovías y otras 87 de ferrocarriles, si bien Blanco apuntó que estas cifras pueden variar en caso de que alguna constructora prefiera anular un contrato en vez de demorar su conclusión.

REPROGRAMACION A CUATRO AÑOS

Blanco indicó que el “inevitable” ajuste presupuestario ha obligado a Fomento a “replantearse todo el programa de inversión pública para los próximos cuatro años (hasta 2015)”, por el carácter plurianual de sus proyectos.

Del recorte se escapan las obras de puertos y aeropuertos, según recordó el ministro que, a la hora de reprogramar, ha priorizado las obras de ferrocarril, y todas aquellas que están en avanzado grado de ejecución, que se terminan este año o el siguiente, que están próximas a ponerse en marcha (como el AVE a Valencia), o que rentabilicen tramos ya construidos.

Además, aseguró que ha buscado “minimizar” la rescisión de contratos, para limitar el impacto en las constructoras, “maximizando” por contra el alargamiento de los plazos de ejecución “para ajustarlos al nuevo escenario presupuestario más restrictivo en el gasto”.

Así, Blanco explicó que se han anulado los contratos que requerían modificaciones de importe elevado, los que no encajaban con las nuevas prioridades de rentabilidad social y económica, y aquellos que son susceptibles de ejecutarse con capital privado.

Pese a todo ello, el ministro aseguró que la obra pública no se detiene. Según detalló, la inversión media anual en infraestructuras en el periodo 2009-2012 será similar a la del “periodo de bonanza” (2005-2008), en parte gracias a la puesta en marcha de dicho Plan Extraordinario que busca movilizar 17.000 millones de euros para la obra pública en dos años en colaboración del capital privado, el ICO y el BEI.

“SALVAR LA SITUACIÓN”

No obstante, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento, el ministro manifestó su intención de gobernar con “responsabilidad” ante la realidad actual, en línea con la voluntad del Gobierno de “hacer cosas, aunque no sean las que más convengan políticamente”.

¡“A ningún ministro de Fomento le resulta fácil decir que se van a rescindir contratos y que se van a ralentizar obras. Tampoco es lo más popular plantearse cerrar líneas de ferrocarril, pero tengo la absoluta determinación de salvar lo mejor posible la situación del presente y de garantizar un escenario de sostenibilidad a largo plazo en construcción y explotación de infraestructuras”, aseveró el ministro.

¡En este punto, anunció que propondrá la creación de Subcomisión parlamentaria para replantear la política de la obra pública, fijando los criterios para actualizar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 que guía la actuación del Ministerio y consensuando un “marco estable para la financiación de infraestructuras y su mantenimiento”.

¡En este sentido, insistió en sus objetivos de reducir en una media del 22% los costes de construcción de las nuevas infraestructuras, no construir autovías gratuitas donde ya existen autopistas de peaje, acabar con el todo gratis y sopesar que los usuarios paguen por utilizar algunas infraestructuras, y replantear la viabilidad de determinadas líneas de tren.