El pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño emitía una sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Logroño a devolver unas plusvalías cobradas a una empresa por importe de 25.000 euros.
Una sentencia que ha sido bien recibida por la Asociación de Empresarios de Construcción y Afines de La Rioja CPAR. De hecho, el presidente de la Junta Directiva de Promoción, Miguel Ángel Garrido, acompañado del secretario General de CPAR, Juan Ramón de Liébana, recuerda que “llevamos varios años demandando, tras ocho años de crisis, que las cosas en la construcción han cambiado”. A partir de 2008, el precio de la vivienda ha caído y los solares y terrenos valen una décima parte que entonces y, a pesar de esto, las administraciones siguen cobrando las plusvalías, relata.
Una práctica que tacha de “inadmisible” sobre todo cuando “se acredita y prueba que no ha existido, en términos económicos y reales, un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de una transmisión”. “Es a todas luces injusto y resulta de una interpretación torticera de la Ley porque si no hay incremento del valor de los bienes vendidos, no hay hecho imponible”.
Exigen la devolución de las cantidades “indebidamente cobradas”
Y por esta razón califican de “justicia social” la devolución de las cantidades indebidamente cobradas con este impuesto. “Confiamos que los responsables políticos muncipales de los ayuntamientos riojanos tomen buena nota y dejen de gravar a los ciudadanos y a las empresas girando el cobro de unas plusvalías ficticias e injustas”. Pero van más allá ya que desde la CPAR esperan que “se den las órdenes para que se devuelvan todas las cantidades indevidamente cobradas en concepto de plusvalías”, una cantidad que Garrido no se ha atrevido a concretar pero que asegura “es importante”.
Al igual que los miles de ciudadanos que en estos últimos años han sido desahuciados de sus casas y se han visto obligados a pagar estas plusvalías, en las empresas ha ocurrido algo similar, dice. “Tener que hacer frente al pago de unas plusvalías ficticias en procesos de dación en pago o de ejecución hipotecaria, con evidente perjuicio económico, también está llevando a multitud de pequeñas empresas riojanas a una situación de concurso de acreedores y a que tengan que cerrar, con el impacto negativo que ello tiene para la actividad económica y el empleo, cuando lo que en estos momentos hay que hacer es crear puestos de trabajo”.
Y para ello, prosigue, “será necesario hacer las cosas de otra forma en un escenario nuevo pero, si no hay empresas, difícilmente podremos iniciar un ciclo de recuperación económica que se asiente sobre pilares básicos”. Un nuevo ciclo para el que Garrido reclama “una seguridad jurídica y una política tributaria justa y clara”.
Por último advierten de que la de septiembre es la primera de muchas sentencias de este tipo y de hecho animan a que “se impugne las liquidaciones que se practican por este impuesto cuando no haya existido una plusvalía en la transmisión y, en el caso de haberla impugnado, que reclamen la devolución de lo indebidamente cobrado junto a los intereses de demora ante los tribunales de justicia”. Y para facilitar los trámites, han puesto a disposición a través de la web www.cpar.es un modelo de reclamación de las plusvalías indebidamente cobradas para todos los ciudadanos y empresas que se consideren afectados.