Logroño aprueba un suplemento de crédito de 1,48 millones de euros para amortizar deuda ante críticas de “inmoral” de la oposición

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno ordinario correspondiente a noviembre, que se está celebrando este jueves, ha aprobado una modificación presupuestaria por suplementos de créditos, por un importe de 1,48 millones de euros, que servirán, como ha avanzado el concejal de Administración Pública Francisco Iglesias, para amortizar deuda municipal.

Como ha explicado el edil, se trata de amortizar el préstamo “más antiguo” que había en el Ayuntamiento, correspondiente al año 2018, por lo que, ahora, tras este procedimiento, “el más antiguo es de 2019, y eso -ha afirmado- habla bien de nuestra salud financiera, sin afecciones estructurales en las obligaciones contraídas con entidades bancarias”.

Ha detallado que los 1,48 millones salen de tres partidas. En primer lugar, por importe de 586.000 euros, procede de remanentes procedentes de una subvención por el proyecto EDUSI de 2025 “que no tenía ninguna finalidad prevista”, y que, con el trabajo realizado, “no procedía devolución alguna”.

A ello ha sumado 416.000 euros de una subvención procedente de una subvención del Gobierno de La Rioja para energías renovables en varias instalacion es municipales, que, al igual que en el caso anterior, cuentan con las obras ya concluidas. Y, en tercer lugar, se trata de bajas por anulación, que, en este caso, como ha apuntado Francisco Iglesias, procede de “sobrantes de los Lotes 1 y 2 de la Ayuda a Domicilio”, por 484.000 euros, una cantidad que, en sus palabras, “no se ha necesitado” por un menor consumo del servicio.

El acuerdo ha contado con el 'no' de POdemos-IU, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, de PR+, VOX y PSOE, y el voto a favor del PP, contando en cualquier caso, con la crítica por parte de los Grupos Municipales sobre la gestión presupuestaria del equipo de Gobierno local.

Críticas por “muy lamentable” e incluso “inmoral”

Así, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha lamentado que, “con los problemas de pobreza” que existen en la ciudad -“un 33% de niños en riesto de pobreza”, ha afirmado- “cargan mucho dinero en los presupuestos de sociales, pero acaban deslizando siempre varios millones para gastos corrientes del día a día”. Algo que ha calificado como “muy lamentable”, “mala praxis presupuestaria” e incluso “inmoral”.

La portavoz de Podemos Amaia Castro -que ha comenzado echando en cara al PP que “si dicen que para no decir la verdad, mejor no intervenir en el pleno, alguno tenía que haber estado callado cuatro años”- ha subrayado que “la verdad es que se ha quitado dinero de servicios sociales, porqué quitan millones siempre del mismo sitio, tengan un poco de decencia”.

Para Iván Reinares, portavoz socialista, “de nuevo, un suplemento de crédito, de nuevo mala planificación”, considerando “lo más sangrante” lo derivado de la Ayuda a Domicilio, “una situación que se da por segundo año consecutivo” y apuntando a la necesidad de “una gestión más eficaz”, con la posibilidad de “reorientar” ese sobrante de servicios sociales “a estudiar la razón de ese menor consumo de horas en el SAD o a reforzar otras políticas sociales”.

Como respuesta a los grupos, Francisco Iglesias ha comenzado achacando al PR+ “haber faltado a la verdad”, aduciendo que “se le explicó la razón por la que esas partidas no tenían ya uso y que se podían usar para otros asuntos”. Y al PSOE, les ha afeado que “se agarran a que se quita dinero de sociales, pero no es cierto y lo saben”.

Ha apuntado que, con esta medida, “buscamos reducir deuda antigua, tener menos intereses para pagar a los bancos y contar más dinero para hacer cosas en este Ayuntamiento”. “Es una medida buena para la ciudad. Reducimos deuda, bajamos impuestos y con todo esto seguimos invirtiendo en la ciudad, aumentando además la parte social. Logroño está mucho mejor económica y socialmente que como estaba en 2023”, ha concluido.

Reconocimientos extrajudiciales de créditos

Por otro lado, se ha aprobado -con el 'no' de la concejala no adscrita Eva Loza, PR+, Podemos-IU y VOX, la abstención de PSOE y el voto a favor de PP-, un reconocimient extrajudicial de créditos, por casi 3.000 euros, para un trabajo de retoque en la transformación de la calle Murrieta, pendiente desde febrero de 2023.

Como ha explicado la portavoz del Gobierno local, Celia Sanz, “se trata de garantizar el pago a una empresa que ha ejecutado de buena fe una obra”, especificando que se trató de “una contratación verbal”, motivo de que fuera declarada nula y, por consiguiente, del retraso en la tramitación. Por parte de la oposición, Eva Loza ha lamentado que el reconocimiento extrajudicial de crédito “que debería ser un instrumento excepcional, no lo sea”.

Rubén Antoñanzas ha criticado las contrataciones verbales, pero, sobre todo, ha afeado que esta factura lleva más de un año en un cajón, con la empresa sin cobrar, y ahora parece que les interesa, con unas elecciones nacionales en puerta“, por lo que ha achacado ”interés electoralista“ al Ejecutivo municipal del PP.

Y mientras Amaia Castro ha criticado a los 'populares' que “no contestan a las cuestiones”, la portavoz de VOX María Jiménez ha incidido en que este caso es “consecuencia de una forma de gobernar del PSOE en la legislatura anterior, haciendo lo que les dio la gana” y asegurando que “es una contratación que no debió producirse nunca y que ha terminado provocando un problema administrativo”.

El portavoz socialista Iván Reinares ha reconocido que “este expediente trae una causa de nuestra etapa de Gobierno, una contratación verbal que derivó en una nulidad de hecho, por la que asumimos la responsabilidad que nos corresponde por un procedimiento que no se hizo bien”, si bien ha apuntado que “el trabajo se hizo y se entregó, no entendemos que esta factura lleve bloqueada 3 años y 8 meses”.

En el mismo sentido, se ha aprobado -en este caso con el único 'no' de Eva Loza, el voto a favor de PP y la abstención del resto de Grupos- otro reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe de casi 6.000 euros, por un contrato para el suministro de insignias por los 25 años de servicio de funcionarios municipales en su jubilación.

Un reconocimiento que, por parte de Celia Sanz, se ha justificado señalando que se hizo una previsión presupuestaria que luego se vio desbordada porque se jubilaron más trabajadores de los previstos inicialmente. “Se trata de convalidar ese exceso de coste que no se podía prever”, ha dicho.

Rubén Antoñanzas ha insistido en la acusación de “electoralismo y doble vara de medir”, además de “incapacidad de gestionar”, con “una factura por casi 6.000 euros sin pagarse a una pequeña empresa desde octubre de 2024”. Para Amaia Castro, “siguen sin dar explicaciones”, además de afear al PP “cuántos reconocimientos extrajudiciales suyos han traído a pleno, no están como para decir nada”.

Y ha cerrado este debate Iván Reinares, que ha señalado que este contrato está hecho correctamente, la incidencia se produce en la fase de ejecución y control del contrato“, reconociendo ante ello que ”los contratos a veces sufren desviaciones por imprevistos, y los reconocimientos extrajudiciales sirven para esto“, aunque ha considerado que ”son necesarios sistemas de alerta temprana para que esto no pase y las empresas no tarden tanto en cobrar“.