Esta semana entra en vigor el nuevo Decreto de Convivencia que según dice el Gobierno de La Rioja “está basado en la responsabilidad compartida y en un modelo integrador de convivencia escolar”. El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este miércoles el texto del nuevo Decreto de Convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que está basado en la responsabilidad compartida y en un modelo integrado de convivencia escolar.
La norma, que entrará en vigor esta semana y será de aplicación en el curso educativo 2025/2026, se basa en la resolución del conflicto a través del diálogo y la profundización en el entendimiento del problema, potencia el papel socializador del centro educativo y reconoce al profesor como autoridad pública con presunción de veracidad. Así, tal y como recoge el texto, la calidad educativa y la convivencia son dos ámbitos estrechamente relacionados necesitados de respeto y constituyen una garantía esencial de los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa.
El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este nuevo Decreto de Convivencia como un documento elaborado en el seno de un grupo de trabajo con representación de la comunidad educativa riojana, que se asienta sobre un modelo basado en la responsabilidad compartida de todos los actores presentes en el proceso educativo. En este sentido, ha subrayado, que este nuevo Decreto supone también el cumplimiento de un compromiso con los ciudadanos, que responde a la demanda de los centros y la comunidad educativa, para redefinir el marco normativo vigente en materia de convivencia, aprobado en 2022 que evidenciaba una falta de cobertura legal y que sumió a los centros en un estado de indefensión e incertidumbre.
En consecuencia, a través de este Decreto se pretende revertir esta situación y dotar a los centros educativos de un marco general de convivencia que, sin obviar las aportaciones que han resultado positivas de la normativa anterior, como la apuesta por las medidas restaurativas, las medidas preventivas y la resolución pacífica de conflictos, proporcione esa cobertura legal a los centros educativos para aplicar las medidas educativas que sean necesarias para la corrección de conductas que perturben la convivencia en el centro y que prevengan su comisión. Además, se hace partícipes a todos los actores presentes en el proceso educativo de la convivencia escolar, explicitado los derechos y deberes de cada uno de ellos y se refuerza la autoridad del profesorado, devolviéndole el papel protagonista que tiene en el proceso educativo.
Este Decreto plantea un modelo de convivencia basado en la responsabilidad compartida, puesto que la gestión de la convivencia en los centros educativos es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, de modo que todos somos agentes de la convivencia.
Se presenta un modelo integrado de convivencia escolar, que combina las ventajas de un modelo relacional, basado en la resolución de un conflicto a través de la relación y el diálogo directo de las partes implicadas en el mismo, del que se obtienen beneficios tales como el encuentro, el valor del diálogo y la profundización en el entendimiento del problema así como el aprendizaje cooperativo para abordar situaciones futuras, con la determinación de unas normas que todos los miembros del centro educativo deben cumplir.
En este modelo integrado, el centro educativo favorece un procedimiento democrático de elaboración de normas y de consecuencias ante su incumplimiento, y, al mismo tiempo, desempeña un papel activo en el tratamiento de los conflictos a través de la adopción de procesos de gestión pacífica de los mismos, por ejemplo, por medio del uso de estrategias de mediación encaminadas a potenciar ese diálogo, teniendo en cuenta que la búsqueda del entendimiento y los citados procesos de gestión pacífica no excluyen el cumplimiento de las normas.
Este modelo integrado permite la reparación de los daños causados, la reconciliación de las personas que se encuentran sumidas en una situación conflictiva y la resolución del problema a través del entendimiento mutuo, De esta manera se potencia el papel socializador del centro educativo.
Consideración del profesorado como autoridad pública
En este contexto, el Decreto establece los derechos y deberes de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, alumnado, familias y profesorado. Asimismo, se reconoce la consideración del profesorado como autoridad pública. De esta manera se reafirma el papel fundamental del profesorado, y se incrementa y refuerza la valoración social de su función docente.
El modelo integrado propuesto apuesta por un planteamiento global de la convivencia, y se basa en los principios educativos del diálogo y de la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, para vertebrar la gestión de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Así pues, se favorece la prevención de actitudes contrarias al respeto mutuo y al entendimiento, y se apoya en los principios que deben guiar la convivencia democrática en el centro educativo, fomentando una cultura de paz, justicia y solidaridad, y facilitando la valoración del otro y el respeto a las diferencias que caracterizan la diversidad propia de los grupos humanos.
Entre los principios generales que se recogen en el texto destacan la garantía del ejercicio de la función docente del profesorado y su reconocimiento y apoyo social como factor esencial de la calidad de la enseñanza, así como su consideración como figura fundamental para que el alumnado adquiera y desarrolle al máximo sus competencias y capacidades que se plasman en el alcance de los objetivos académicos, competenciales y de desarrollo personal establecidos.
Dentro de las medidas dirigidas a solucionar los conflictos provocados por las conductas que perturban la convivencia en el centro, podrán llevarse a cabo, entre otras, actuaciones de mediación, o procesos educativos de compromisos de convivencia, que tienen como principal objetivo cambiar las conductas del alumno o alumna que perturben la convivencia en el centro y, en especial, aquellas que, por su reiteración, dificulten su proceso educativo o el de sus compañeros.
El nuevo decreto recoge 68 artículos estructurados en cinco títulos. El título preliminar establece las disposiciones generales, el primero se centra en la convivencia escolar, con especial atención a las estrategias preventivas y a la gestión pacífica de conflictos, el segundo describe los derechos y deberes del alumnado y la participación y compromiso de los progenitores o personas que ejerzan la tutoría legal, el tercero pone de manifiesto los derechos, deberes y la autoridad del profesorado y finalmente el cuarto desarrolla normativamente las actuaciones y mecanismos de corrección para las conductas que perturban la convivencia en los centros educativos.