La importancia del marco

La actualidad ha estado marcada por varios hechos destacados en los últimos días. En primer lugar, la corrupción vuelve a revelarse como un elemento estructural por un lado en el seno del PSOE con el cobro de comisiones en el amaño de contratos de obras públicas y audios de absoluta obscenidad, así como en el PP con la trama económica creada para beneficiar a empresas con la aprobación de reformas legales y normas fiscales a medida a cambio igualmente del pago de cuantiosas sumas de dinero.

Todo ello ha coincidido en el tiempo con la dimisión de sus cargos de la ya exdiputada Noelia Núñez después de sus mentiras sostenidas respecto a unas titulaciones utilizadas como mero escaparate distintivo, lo cual deja al discurso de la meritocracia de su partido deshaciéndose como un azucarillo. A lo mejor la universidad en la que aparecía como profesora a pesar de no contar con ninguna titulación y la comunidad autónoma que fomenta este modelo privado de centros, que además otorga títulos en Madrid pero que solamente valen para Guatemala, tienen igualmente que dar alguna explicación. También debería hacerlo el Partido Popular para clarificar el criterio de por qué Núñez dimite y no lo hace Moreno Bonilla con una formación menguante.

Más allá de los partidos a nivel institucional y de recalcar que cualquiera que haya mentido en su currículum no puede ocupar un cargo público, merece la pena detenerse sobre el alcance que ha tenido un suceso, que a su vez se conecta con otro. La reciente aprobación de la reforma en relación con la acreditación periodística para acceder a la cobertura de la actividad en el Congreso ha dejado la encarnación de Vito Quiles en una suerte de emblema de la defensa de la libertad de expresión y el periodismo porque ese reglamento va a suponer su expulsión de la Cámara Baja. Contrariamente a lo que expone, mucho antes se tenía que haber adoptado esta medida precisamente en nombre de la libertad de expresión y el periodismo.

A quienes estudiamos Periodismo (y acabamos la carrera) nos enseñaron que lo que hace Quiles nada tiene que ver con ello, ya que su objetivo no es la información ni el rigor, sino la agitación, la provocación y el propagandismo. Solamente hace falta ver a quiénes se dirige persistentemente, las formas que emplea y sobre qué partidos, personas y hechos nunca ha abierto la boca. De hecho, que sus prácticas sean ubicadas en la categoría de periodísticas es como equiparar la medicina con la homeopatía. Por mucha pose de incorrecto, atrevido y, como consecuencia de ello, quiera vender una dimensión paralela de que sufre la censura de una dictadura, la realidad es bien distinta.

En el Congreso hay normas, en el ejercicio del periodismo también. Simple y llanamente, él no las cumple. No ha sido el Gobierno, sino la Asociación de Periodistas Parlamentarios, compuesta por profesionales de medios de diferentes líneas ideológicas, quien pidió que se reformara el reglamento de acreditaciones. Su propuesta se basaba en el rechazo a que personas vinculadas a partidos, como el caso de Quiles y el partido Se Acabó La Fiesta, dada su participación en su lista electoral y el desempeño como jefe de prensa de Alvise Pérez, pudieran contar con una credencial en el Congreso debido a la incompatibilidad con la ética periodística.

Tras esa superficie, están los comportamientos de Quiles y sus adláteres, donde han llegado a insultar, señalar y amenazar con hacer público el domicilio de periodistas con posiciones contrarias a las suyas. A Quiles no se le echa por lo que pregunta, ya que preguntas incómodas realizan muchos/as periodistas y no se pone en duda su acreditación, sino que esta se le retira por las faltas de respeto continuas, impedir un clima mínimo de convivencia, reventar las ruedas de prensa y el acoso que ejerce. Esto no debería dar lugar a debate alguno, ya que nadie así puede contar con una credencial en la máxima sede pública institucional. No se trata, por tanto, como dice, de silenciarlo, sino de no permitir que ejerza en el Congreso a alguien que ataca, intimida o acosa a periodistas y representantes del ámbito político.

En el Congreso se puede afrontar lo que provocan con un reglamento que tipifique las infracciones, pero el problema es lo que hacen fuera del mismo: contenido claramente racista con hechos que no habían sucedido, una colección de bulos como la mentira de que estaban tirando la ropa donada en un vertedero cuando sucedió la dana en Valencia, vídeos publicados de diputados/as con sus familias y amistades, gritos en pleno éxtasis de “que te vote Txapote” en un bar con adolescentes o señalamientos a periodistas inventándose que estaban en una rueda de prensa cuando era falso.

En la esfera pública conviven contenidos y personas con finalidades divergentes. Hay quienes buscan mostrar o interpretar desde la precisión, quienes tienen un sesgo tan pronunciado que se dedican a la reafirmación en lugar del análisis o quienes directamente intoxican mediante la desinformación por su relación de intereses políticos, económicos y sociales. Por ello, de cara a percibir de manera adecuada la forma y el fondo de la escena mediática, resulta fundamental identificar el marco, los actores y el lenguaje, sobre todo para tener claro quiénes son estos últimos.

Vito Quiles, Bertrand Ndongo, Javier Negre o Alvise Pérez, entre otros, los pseudomedios y los tabloides ultraconservadores no actúan solos. A las denuncias y condenas que acumulan por sus prácticas se suma la financiación pública que reciben desde los gobiernos autonómicos de derecha y ultraderecha. Si bien la libertad desde un marco progresista conlleva una defensa férrea de sus principios y a la vez un precio debido a la obligada convivencia con quienes la pervierten mediante el derribo de la deontología periodística, ese marco estructural de financiación con fondos públicos de la fabricación y propagación de bulos es necesario abordarlo porque está en juego el funcionamiento democrático.

Con ello deforman y alteran la percepción pública con el peligro que ese fango supone. Lo ocurrido en Torre Pacheco se entiende mediante la conexión existente entre los autores intelectuales y materiales. Hay quienes señalan al diferente, quienes legitiman esos discursos y quienes actúan como escuadristas contra el conjunto de la población migrante aprovechando la agresión de un joven marroquí a un señor mayor. Convertir un caso infame en causa contra todo un colectivo nos lleva a una sociedad deshumanizada.

A diferencia de ese esparcimiento del odio supremacista xenófobo, Domingo pidió a los ultras que se fueran porque grupos como Deport Them Now (cuyo líder fue detenido y había asistido anteriormente a protestas racistas convocadas por Vox), Núcleo Nacional (que llama a actuar “contra la invasión extranjera”) o Desokupa (su cabeza visible, Daniel Esteve, junto a Vito Quiles fueron expulsados por los vecinos y vecinas así como las propias

autoridades debido al descontento e inseguridad por la manifestación ultra contra la migración que convocaron) acudieron al territorio para desplegar su campaña de hostigamiento y montar una cacería.

“Limpiar Murcia”, “justicia directa para reunirlos con Alá” o “caza al magrebí” fueron algunos de sus mensajes. ¿Quién puede pensar que unos tipos armados, con la cara tapada, simbología neonazi y que quieren extender la violencia racista defienden España? Aunque hayan nacido en otro país, quienes sí defienden a España, que igualmente tiene una historia de emigración, son quienes trabajan como cuidadores/as o en el campo e impulsan nuestra diversidad cultural.

Esa turba destrozó un local de kebabs y dio una paliza a un menor, hijo de padre marroquí y madre vasca, al que confundieron en una manifestación de apoyo a Domingo con uno de sus presuntos agresores debido a la difusión de un bulo en redes. La gran amenaza que supone la combinación de la desinformación y el odio produce víctimas en forma física o del miedo infundido, como todas las personas y familias migrantes atemorizadas viendo lo que sucedía en las calles de la localidad con el discurso incendiario de que iban a por ellas. Después les pediremos que se integren.

Si hay una cacería racista, no se puede asumir el encuadre de la inmigración que quieren imponer asociándolo a la delincuencia, que, por otra parte, no se sostiene con los datos. Por lo que sea, estos distinguidos patriotas no se han levantado en Murcia contra los trece empresarios condenados por prostitución de menores o contra quienes se aprovechan de la precariedad de trabajadores y trabajadoras migrantes para su explotación.

Las acreditaciones en el Congreso y los sucesos en Torre Pacheco son un síntoma, pero también una advertencia. Precisamente de eso es de lo que hay que hablar, pero no de la manera que ellos pretenden. Normalizar la actividad de quienes promueven la desinformación y el odio xenófobo, comprar sus marcos y no poner sus prácticas en el foco de la prioridad democrática supone la antesala de la barbarie. Será entonces cuando ya sea tarde. Aún estamos a tiempo.