En el juicio contra el Fiscal General del Estado declararon, entre otros, unos cuántos periodistas y un mentiroso confeso, que dice ser periodista, aunque no tiene ni la licenciatura. Las exposiciones de José Precedo (elDiario.es) y Miguel Ángel Martínez Campo (Cadena SER) me parecieron unas excelentes clases de periodismo.
Sus testimonios bien podrían escucharse en las universidades, para que los futuros profesionales de la información, conozcan el tratamiento que ha de darse a las noticias y el derecho que les asiste a no desvelar sus fuentes. En el mismo juicio, Miguel Ángel Rodríguez (MAR) no sólo falso periodista, sino también, gran alentador de bulos que se curtió con José María Aznar, en la presidencia de la Junta de Castilla y León y que fue portavoz del Gobierno, cuando el líder del PP llegó a la Moncloa; se portó como quien es y volvió a dar cuenta de su mala praxis reconociendo ante el tribunal que fue él quien atribuyó al Fiscal General del Estado la filtración que le ha llevado a su inhabilitación para este cargo.
Miguel Ángel Rodríguez, en la actualidad jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, según su testimonio, no contrastó nada. Le bastó su experiencia acreditada en su «pelo blanco» para difundir una mentira. De todos es sabido que para ser fabulador de primera se requiere una trayectoria consolidada que empieza en la juventud y continua cuando se peinan canas.
El alcance jurídico del fallo que ha dado a conocer el Tribunal Supremo no puedo analizarlo. He sido periodista de provincias. Me gusta seguir la actualidad y he leído un buen número de artículos sobre este tema, pero no tengo conocimientos suficientes para hacer ese análisis. No soy como MAR, quizás por eso me tiño las canas.
Lo que a esta periodista de provincias, ya jubilada, no le entra en la cabeza es como a esos señores y señoras magistrados de tan alto tribunal, les convence una falsedad admitida y hacen oídos sordos a las palabras de cuántos periodistas aseguraron en el juicio que no fue el fiscal general el que les filtró el correo. Tampoco puedo comprender como magistrados de tanta solvencia pasan por alto el conflicto de intereses y las rencillas personales que hay entre los fiscales, como se vio en la vista oral, aunque tendremos que esperar la sentencia, y juzgan inocente a un defraudador fiscal, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en plena sesión dijo aquello de que sólo tenía dos alternativas: «marcharse de España o suicidarse»…
En fin, que para los magistrados del Tribunal Supremo tiene más valor lo banal, que lo riguroso. Por banal entiendo la disputa entre las fiscales, las palabras del señor de «pelo blanco», y la nada creíble afirmación del novio de Díaz Ayuso: «irme de España o suicidarme».
Por riguroso, las palabras de los periodistas que no solo contaron como les llegó la filtración que ha terminado en este sainete, sino los pasos que dieron para contrastar la veracidad de la misma, e incluso, el «dilema moral» que se le planteó a uno de ellos, porque sabiendo que el fiscal Álvaro García Ortiz, no había filtrado nada, no podía desvelar el nombre de su fuente.
Mis expectativas con respecto a los magistrados del Tribunal Supremo eran más altas. Un error, por mi parte, porque hay togados que parecen sacados de un libro del XIX y encantados de que la Justicia siga sin una Ley Orgánica que la sitúe en el 2025.
Esas expectativas ingenuas se desmoronaron la semana pasada cuando inmersa en lo relacionado con el 50 aniversario de la muerte de Franco, (¿pudo ser un homenaje al Caudillo?), conocimos el fallo: la culpabilidad del fiscal y su inhabilitación por un período de dos años. Me pareció que los que añoran la dictadura franquista tuvieron motivos para llevarse una alegría y que es muy triste comprobar que las raíces de la dictadura perduran en los más altos estamentos del Estado.
En fin que aunque haya jueces y magistrados que hacen bien su trabajo, entenderán si digo que, en España una buena parte de la administración de justicia continúa anclada en el franquismo.