Vivienda desprotegida

Hubo un tiempo -no muy lejano, no estamos hablando de cuando los teléfonos tenían cable- en que el Ayuntamiento hablaba de vivienda protegida con la misma convicción con la que se habla de sanidad pública o de parques infantiles; algo que debía estar, sin más debate. Existía incluso un Plan de Vivienda. Un plan con números, con cifras redondas, con más de 2.000 viviendas protegidas proyectadas, sorteadas -porque se sorteaban públicamente- y con entrega de llaves. Eran reales. Un plan que hoy suena a mito, como esas civilizaciones antiguas que sabían construir acueductos, pero olvidaron la receta.

Lo extraordinario no es que aquel plan existiera. Lo extraordinario es que algunos de los actuales responsables municipales formaban parte de aquel equipo de gobierno que lo impulsó. Es decir, no estamos ante un cambio de opinión, estamos ante una amnesia selectiva, que es una dolencia muy política y muy práctica porque permite negar el pasado sin tener que discutirlo.

Ahora el Ayuntamiento ha decidido que la vivienda protegida la gestionen empresas privadas. La expresión ‘vivienda protegida gestionada por empresas privadas’ tiene algo de oxímoron, como ‘silencio ensordecedor’ o ‘dieta a base de donuts’. La protección se convierte en una externalización, una subcontrata de la idea misma de proteger. Es como si los bomberos delegaran el fuego en una consultora. Leemos poco a Ray Brabbury y ahora le vemos las orejas al lobo.

La lógica es fascinante: lo público pone el suelo, la etiqueta y la buena conciencia; lo privado pone el negocio. Y todos contentos, salvo ese pequeño detalle llamado ‘interés general’, que suele quedarse mirando desde la acera como quien pierde el autobús por tercera vez.

Porque la vivienda protegida no nació para ser un producto, sino un salvavidas. No era un ‘segmento de mercado’, era un dique. Convertirla en una oportunidad empresarial es como alquilar chalecos salvavidas en un naufragio. Técnicamente, sigue habiendo chalecos, sí. Moralmente, la escena es otra cosa.

Aquel Plan de Vivienda contaba con más de 2.000 viviendas protegidas previstas porque quizá se entendía que gobernar también era incomodar a quien prefería que todo siguiera igual. Hoy, en cambio, parece que gobernar es no molestar, no intervenir demasiado, no alterar el delicado ecosistema del beneficio.

La vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos porque define la vida entera de quien no puede acceder a ella. Delegar su protección en empresas privadas es una manera elegante de decir: “nos preocupa muchísimo, pero no lo suficiente como para hacerlo nosotros”.

La ciudad se llena entonces de anuncios de “próxima promoción de vivienda protegida” con renders luminosos y familias sonrientes. El cartel promete protección; la letra pequeña rentabilidad. Es la arquitectura del eufemismo: edificios levantados sobre palabras que significan lo contrario.

Proteger no es solo poner un sello, es asumir la responsabilidad completa, incluso cuando no resulta rentable, incluso cuando incómoda, incluso cuando obliga a discutir. Lo demás es poner una capa de pintura sobre una grieta que sigue creciendo por dentro.